Fiscalía acusó al general en retiro Ricardo Gómez Nieto por polémico contrato en el Hospital Militar Central

La Fiscalía General de la Nación informó que, según evidencias recabadas por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, el general en retiro del Ejército Nacional Ricardo Gómez Nieto, en su calidad de director del Hospital Militar Central entre 2010 y 2013, habría contratado a una mujer que tenía una inhabilidad vigente para relacionarse laboral o comercialmente con el Estado.

Según el ente acusador, la restricción de la mujer se derivaba de una condena ejecutoriada emitida por un juzgado penal de Bogotá.

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La Fiscalía indicó que en su momento, el oficial solicitó a la delegada para Asuntos Penales de la Procuraduría General de la Nación un concepto que permitiera la contratación, actuación a todas luces irregular, pues, según el general en retiro, desconocía la existencia de una inhabilidad vigente para contratar con el Estado y pretendía que una dependencia del ente disciplinario no competente avalara la vinculación.

Sin embargo, Gómez Nieto habría ordenado a la Dirección de Talento Humano hacer el nombramiento de la mujer como asesora del director general del Hospital Militar.

Dicha designación, según el ente acusador, se materializó a través del contrato de prestación de servicios 038 del 19 de mayo de 2010, que ascendió a 42 millones de pesos.

Por todo lo anterior, la Fiscalía acusó al general en retiro por el delito de violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades.

Por disposición del Juzgado 27 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, la audiencia preparatoria de juicio comenzará el próximo 19 de noviembre.

Detalles del caso

En julio de 2024, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia presentó al general retirado del Ejército Nacional Ricardo Gómez Nieto ante un juez de control de garantías en Bogotá. Se le imputó el delito de violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades por hechos relacionados con su gestión como director del Hospital Militar Central.

La investigación se centró en un contrato de prestación de servicios registrado bajo el número 038, cuya minuta llegó el 9 de mayo de 2010 a la jefa de talento humano del hospital.

Dicho contrato estaba destinado para la señora Riveros Gaitán, quien se encontraba inhabilitada para establecer vínculos contractuales con entidades estatales, debido a una condena judicial vigente. Pese a esa restricción, Gómez Nieto autorizó y ordenó formalizar la contratación, según informes periodísticos.

Gómez Nieto argumentó que su decisión se debió a la confianza que depositaba en Riveros Gaitán y al papel que desempeñaba en el equipo administrativo del hospital.

No obstante, ese aval evidenció fallas en la aplicación de procedimientos internos y controles jerárquicos en la institución, dado que los funcionarios involucrados omitieron el análisis y la validación de la hoja de vida y documentos soporte de la contratista.

La situación provocó cuestionamientos sobre la supervisión ejercida por las directivas del hospital y la falta de observancia de los protocolos exigidos para la contratación pública.

El respaldo otorgado por Gómez Nieto a Riveros Gaitán fue señalado como una muestra de la ausencia de controles efectivos, ya que el contrato se aprobó sin considerar las inhabilidades legales que recaían sobre la beneficiaria.

“… Lo que permite inferir que el director general del Hospital Militar no solamente ostentó el control y orientó a los servidores públicos que intervinieron en el trámite de aprobación y suscripción del proceso contractual, sino que autorizó el contrato a pesar de la inhabilidad existente”, afirmó el juez del caso.

Durante su gestión entre 2010 y 2013, Gómez Nieto habría solicitado formalmente la vinculación de Riveros Gaitán a través de la Dirección de Talento Humano, pese a conocer la sanción judicial en su contra. En un intento de regularizar la situación, pidió a la Procuraduría General de la Nación un concepto para posibilitar la posesión de la contratista, gestión que resultó irregular al no corresponder esa función a ese órgano. Finalmente, el 19 de mayo de 2010, el hospital formalizó el contrato, por un valor de 42 millones de pesos.