Escándalo Ungrd: Corte Suprema llamó a declarar como testigos a cuatro exasesores del Gobierno en el caso contra dos congresistas

La Corte Suprema de Justicia citó a declarar, en calidad de testigos, a cuatro exasesores del Gobierno nacional dentro de la investigación que avanza contra los congresistas Julio Elías Chagüi y Martha Peralta. La diligencia está programada para el 23 de septiembre y hace parte de la etapa de recolección de pruebas que adelanta la Sala de Instrucción del alto tribunal.

Entre los llamados por la Corte se encuentran Andrea Ramírez, que se desempeñó como asesora en el Ministerio de Hacienda; Kevin Fernando Henao, exdirector de Asuntos Legislativos del Ministerio del Interior; Juan José Oyuela, exdirectivo del Invías; y Jaime Ramírez Cobo, que fue asesor de la Presidencia de la República. Todos ellos deberán rendir su testimonio ante los magistrados sobre hechos relacionados con el proceso que involucra a los dos congresistas.

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Hasta el momento no se conocen mayores detalles sobre el alcance de las declaraciones ni sobre la línea exacta de investigación que se sigue, al parecer la citación hace parte del cronograma previsto para robustecer el expediente. El caso generó expectativa en los círculos políticos y jurídicos, ya que podría abrir un nuevo capítulo en los procesos judiciales que enfrentan parlamentarios en ejercicio. Con estas diligencias, la Corte Suprema busca avanzar en la clarificación de los hechos y en la evaluación de posibles responsabilidades.

¿Qué dijo Sneyder Pinilla de los investigados?

La controversia por los contratos de carrotanques de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) tuvo un nuevo capítulo luego de que se conociera un testimonio ante la Corte Suprema que desvincula a la senadora Martha Peralta de las decisiones sobre la millonaria contratación en La Guajira.

Durante la audiencia, la magistrada a cargo formuló una pregunta puntual: “¿Qué injerencia tuvo la senadora Marta Peralta en la compra de los carrotanques para La Guajira?”. La respuesta de Sneyder Pinilla, ex subdirector de Manejo de Desastres de la Ungrd fue contundente: “No, en eso no tuvo ninguna injerencia, porque eso se organizó para cumplirle a otros congresistas en otros radicados que hay, su señoría”.

Este fragmento del interrogatorio, revelado por Noticias RCN, fue interpretado como una exoneración directa para la congresista del Pacto Histórico, que había sido mencionada en versiones no oficiales. En respuesta, Peralta difundió un comunicado y un video a través de su cuenta en X, donde denunció que su nombre había sido usado de manera indebida para atacar su credibilidad.

“Ante la desinformación y tergiversación que no se detienen, les aclaro, el testimonio de Snyder Piñilla, publicado ayer en los medios, es contundente: ‘La Senadora Martha Peralta no tuvo ninguna injerencia en los carrotanques para La Guajira’”, escribió la senadora.

En su declaración pública, la congresista aseguró que desde que llegó al Senado enfrentó un hostigamiento motivado por razones políticas y sociales: “He sido víctima de una persecución política. Una persecución de quienes no soportan que una mujer joven, indígena, wayuu, haya llegado al Senado de la República a trabajar con dignidad por los pueblos indígenas de Colombia”.

Al presentar el video con el testimonio de Pinilla, Peralta recalcó: “Escúchenlo ustedes mismos. No tuvimos nada que ver con el caso de los carrotanques de La Guajira ni con ese entramado. Sin embargo, muchos insisten en seguir enlodando nuestro nombre”.

El proceso judicial por la compra de carrotanques, cuyo objetivo inicial era atender la crisis de agua en La Guajira, continúa en la Corte Suprema. Aunque el caso sigue bajo investigación, cada vez cobra más fuerza la tesis de que los contratos habrían favorecido intereses de congresistas distintos a Peralta.

La senadora concluyó afirmando que su compromiso con las reformas sociales sigue intacto: “Eso es lo que no me perdonan. Mi firme defensa a las reformas sociales que buscan mejorar la vida de millones. No es un delito trabajar con convicción por los pueblos indígenas ni levantar la voz desde la dignidad”.