La Fiscalía acusó formalmente a Daniel Quintero por caso Aguas Vivas

En ente investigador acusa al exalcalde de Medellín de los delitos por peculado, interés indebido en la celebración de contratos y prevaricato por acción

Guardar
El proceso judicial investiga la
El proceso judicial investiga la supuesta modificación ilegal del Plan de Ordenamiento Territorial para permitir desarrollos inmobiliarios en un ecoparque, lo que habría beneficiado a particulares y empresas del sector - crédito @QuinteroCalle

La Fiscalía General de la Nación presentó una acusación formal contra Daniel Quintero Calle, exalcalde de Medellín y actual precandidato presidencial, por presuntas irregularidades en la gestión del lote Aguas Vivas, un terreno de alto valor ambiental y urbanístico en la capital antioqueña.

El proceso, que involucra la firma del Decreto 412 de 2023 y la modificación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Medellín, ha generado un intenso debate sobre la legalidad de las actuaciones administrativas y el uso del suelo en la ciudad, según informó El Tiempo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La acusación, presentada el 16 de septiembre, señala a Quintero por los delitos de peculado, interés indebido en la celebración de contratos y prevaricato por acción.

De acuerdo con la fiscal Yarlecy Mena, el exalcalde habría participado en un “acuerdo criminal” junto a otros exfuncionarios y particulares, con el objetivo de beneficiar a terceros mediante la alteración de las condiciones de uso del predio Aguas Vivas, también conocido como Ecoparque Las Palmas.

Entre los funcionarios implicados figuran Fabio Andrés García Trujillo, Jasbleidy Pirazán García, Mauricio Valencia Escobar, Juan David Agudelo Restrepo y Rivier Hernando Gómez Cueva, además de empresarios del sector de la construcción y dos firmas que originalmente poseían el lote.

La acusación formal contra el
La acusación formal contra el exalcalde por presuntas irregularidades en la gestión de un predio estratégico reabre el debate sobre los límites del poder local y la integridad de los procesos de planeación urbana - crédito Alcaldía de Medellín

El origen del escándalo se remonta a 2019, cuando el terreno de 146.000 metros cuadrados, ubicado en la Calle 9a Sur #11-16 entre Las Palmas y el municipio de Rionegro, fue cedido a la ciudad como compensación por obligaciones urbanísticas.

El POT de Medellín había impuesto restricciones estrictas a la construcción en este tipo de zonas, catalogadas como ecoparques de borde y quebrada, para preservar sus afluentes y su valor ambiental.

Estas limitaciones impedían prácticamente cualquier desarrollo inmobiliario rentable, lo que llevó a las firmas constructoras a transferir el predio al distrito, con la expectativa de obtener beneficios constructivos en el futuro.

La Fiscalía sostiene que, pese a estas restricciones, la administración de Quintero impulsó modificaciones irregulares al POT a través del Decreto 412 de 2023, con el fin de habilitar el desarrollo del Parque Ambiental Valle del Software, uno de los proyectos emblemáticos de su gestión.

El decreto, firmado el 12 de mayo de 2023 por Quintero y varios de sus funcionarios, establecía parámetros para la construcción de infraestructura pública y privada en el Ecoparque Las Palmas, incluyendo hospedaje para científicos y estudiantes, hoteles de negociación tecnológica y centros de educación digital.

La investigación sobre la modificación
La investigación sobre la modificación del uso del suelo en el Ecoparque Las Palmas plantea interrogantes sobre la transparencia, la competencia administrativa y el respeto a los procedimientos en la toma de decisiones públicas - crédito Infobae Colombia

Según el documento, se permitiría la edificación de predios de hasta dos pisos en la zona rural y hasta quince pisos en el área urbana del lote, en aparente contradicción con las restricciones del POT.

El proceso judicial también examina la resolución expedida el 26 de octubre de 2022 por Fabio García, quien ordenó la terminación unilateral del contrato de cesión gratuita y dispuso la devolución del inmueble a los particulares.

La Fiscalía considera que esta actuación fue irregular, ya que García no tenía la competencia jerárquica para emitir tal resolución y no se realizó un estudio previo sobre la conveniencia de finalizar el convenio, pese a que el terreno ya formaba parte del patrimonio de la ciudad.

Según el escrito de acusación, Quintero y García se habrían apropiado del inmueble que los empresarios del sector de la construcción habían transferido a la alcaldía en 2019.

En cuanto a la legalidad de las modificaciones al POT, la Constitución Política de Colombia, en su artículo 313, reserva la aprobación, expedición y modificación de los planes de ordenamiento territorial a los concejos municipales.

La investigación sobre la modificación
La investigación sobre la modificación del uso del suelo en el Ecoparque Las Palmas plantea interrogantes sobre la transparencia, la competencia administrativa y el respeto a los procedimientos en la toma de decisiones públicas - crédito @QuinteroCalle/X

La fiscal Mena subrayó que, a pesar de que se advirtió a la administración de Quintero sobre la imposibilidad de modificar el POT sin la intervención del Concejo, el exalcalde procedió a firmar el Decreto 412 de 2023, lo que constituye, según la acusación, un acto contrario a la ley.

El Tiempo recoge que la Fiscalía argumenta que, mediante la alteración de los documentos oficiales desde 2020, Quintero y sus colaboradores habrían intentado favorecer económicamente a particulares, transformando la cesión gratuita del bien en una compraventa que permitiría pagar más de 40.500 millones de pesos a los antiguos propietarios.

El caso ha puesto en el centro del debate la competencia de la alcaldía para modificar el uso del suelo y la necesidad de respetar los procedimientos legales establecidos para la planeación urbana.

La Fiscalía insiste en que la actuación de Quintero y sus funcionarios desbordó los límites de la ley y vulneró el principio de legalidad que rige la administración pública. El Tiempo señala que el exalcalde se ha declarado inocente de los cargos y que el proceso judicial continúa su curso.

En el escrito de acusación, la Fiscalía concluye que Quintero, al frente de la alcaldía de Medellín, tomó decisiones administrativas que excedieron las competencias asignadas por la Constitución y la ley, apartándose de las obligaciones legales propias de su cargo.

Más Noticias

Miguel Uribe Londoño ratificó a su fórmula vicepresidencial para la primera vuelta: será mujer

El veterano político, padre del asesinado senador y precandidato a la presidencia Miguel Uribe Turbay, confirmó en sus redes sociales el nombre de la persona que lo acompañará en su camino a la Casa de Nariño, cuya jornada decisiva será el domingo 31 de mayo

Miguel Uribe Londoño ratificó a

En video: así fue la caída de ‘Ramiro’, la ficha clave de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Antioquia

El guerrillero llevaba más de 20 años vinculado a grupos armados y en 2017 se alejó del proceso de paz

En video: así fue la

Petro no habría sido objetivo de supuesto atentado en vuelo a Córdoba: FAC aseguró que “no se detectó amenaza”

El 9 de febrero, el presidente Gustavo Petro relató que él y su familia debieron tomar precauciones ante un posible complot en su contra. La Fuerza Aeroespacial colombiana emitió su versión oficial

Petro no habría sido objetivo

Galatasaray pegó primero en la Champions League y derrotó al Liverpool en Estambul: Dávinson Sánchez se perderá la vuelta en Anfield

Un gol tempranero de Mario Lemina fue determinante para romper el cero en el juego de ida por los octavos de final, donde los contraataques del equipo turco y la imprecisión de los Reds marcaron el desarrollo del partido

Galatasaray pegó primero en la

Estado colombiano reconoció su responsabilidad por el asesinato del profesor y defensor de derechos humanos Jesús Ramiro Zapata

En la sentencia emitida por la Cidh se determinó el incumplimiento de las obligaciones de protección frente a amenazas, hostigamientos y persecución judicial que precedieron al homicidio ocurrido en 2000 en Antioquia

Estado colombiano reconoció su responsabilidad
MÁS NOTICIAS