La congresista Andrea Padilla denunció un presunto caso de maltrato y abandono animal cometido por contratistas de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), señalando que cientos de animales entregados a terceros por la entidad estatal estarían en condiciones graves de abandono y riesgo para su vida.
La alerta fue expuesta durante una sesión plenaria del Senado de la República realizada este martes 16 de septiembre, así como en la cuenta oficial de la congresista en la red social X.
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Padilla, reconocida por su defensa de los derechos animales en el Congreso, afirmó que la SAE habría delegado la custodia de más de 35.000 animales, principalmente equinos sujetos a procesos de extinción de dominio, sin asegurar las condiciones mínimas para su bienestar.
Durante la plenaria, detalló: “Esta mañana hicimos eco de una denuncia gravísima que además parte el corazón y es el estado de abandono en el que están los animales, principalmente équidos, que han sido objeto de extinción de dominio y que hoy están en custodia de la SAE. Animales que están muriéndose de hambre, en los huesos, con heridas, cojos, con cólicos, sin alimento, sin atención veterinaria”.
El señalamiento se centra sobre equinos ubicados en fincas de Cimitarra (Santander) y Agua de Dios (Cundinamarca), donde según la denuncia, los contratistas responsables de su cuidado no estarían recibiendo los pagos correspondientes desde el mes de mayo, lo que ha derivado en una ausencia de alimentación adecuada y atención veterinaria. En palabras de la congresista: “No es justo que estas criaturas sufran por mera negligencia de funcionarios”.
Imágenes compartidas en las redes sociales de Padilla muestran caballos con extrema delgadez, piel pegada a los huesos y heridas manifiestas, sin intervención ni tratamiento sanitario. Las fotografías evidencian la magnitud del presunto abandono documentado por la senadora y replicado en distintos medios.
En sus declaraciones, Padilla identificó una problemática estructural: la falta de trazabilidad y monitoreo sobre los animales entregados en custodia por la SAE. Según los datos revelados en la plenaria, más de 35.000 animales han pasado bajo la administración de dicha entidad, muchos de ellos catalogados con alto valor económico, pero actualmente su paradero y condición se desconocen. Este vacío de información plantea interrogantes acerca del seguimiento que realiza la SAE a los procesos de custodia por parte de contratistas.
Durante la plenaria se mencionó un antecedente publicado por la revista Cambio, que documentó el robo de 157 animales en una finca de Acacías gestionada por un contratista de la SAE. La congresista recordó este incidente como ejemplo de la falta de control y seguridad, sumando ese episodio a la denuncia actual.
La gestión de animales bajo custodia estatal forma parte de los procesos de extinción de dominio, donde se busca preservar los bienes incautados hasta que se defina su destino jurídico. En este contexto, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) tiene como función principal garantizar el cuidado y manutención de los animales que pasan a su administración.
Diversos colectivos de protección animal advierten que la delegación de esta responsabilidad en contratistas privados, sin un sistema riguroso de auditoría y vigilancia, puede traducirse en deficiencias críticas en el bienestar animal.
Como respuesta a la emergencia denunciada, Padilla anunció la preparación de un debate de control político en la Comisión Quinta del Senado de la República, buscando determinar responsabilidades y exigir garantías para la atención inmediata de los animales afectados.
En sus declaraciones, la congresista hizo un llamado directo a la presidenta de la SAE, Amelia Pérez, para que la entidad adopte medidas urgentes que permitan restablecer la alimentación y atención sanitaria para los animales bajo su tutela.
La denuncia realizada por Padilla fue dirigida puntualmente al presidente Gustavo Petro y a la Procuraduría General de la Nación, solicitando la intervención de los organismos de control para investigar los casos reportados y establecer mecanismos de protección inmediatos. “Nos informan que cientos de animales entregados a contratistas, para su manejo y custodia, están muriéndose por enfermedades, lesiones y hambre, debido a la falta de pago (desde mayo) por parte de la SAE”, escribió la senadora en su red social, remitiendo la queja a las autoridades competentes.
La repercusión del caso ha activado preocupaciones tanto en sectores animalistas como en la opinión pública, donde se exige que la SAE rinda cuentas y estructure un plan de contingencia para identificar, atender y salvaguardar a los animales bajo su responsabilidad.
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