Rodrigo Londoño reaccionó a la condena a ocho años por los secuestros perpetrados por las Farc que le impuso la JEP: “Aceptamos nuestra responsabilidad”

Luego de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) confirmara la sentencia calificada como “histórica” contra siete exjefes del último secretariado de las Farc, entre ellos Rodrigo Londoño (conocido como ‘Timochenko’), condenados a sanciones restaurativas tras ser encontrados responsables de crímenes cometidos durante el conflicto armado, excomandante de la extinta guerrilla se pronunció.

A través de su cuenta de X, Londoño aseguró que, pese a la longitud de la condena recibida por la JEP, aceptará la medida como parte del proceso restaurativo a las víctimas del grupo armado desmovilizado en 2016 tras el acuerdo de paz.

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“A propósito de la primera sentencia restaurativa de la JEP sobre secuestro y otros crímenes concurrentes, los miembros del último Secretariado de las extintas FARC-EP reafirmamos que aceptamos nuestra responsabilidad y reiteramos nuestro compromiso con la paz”, señaló el ahora líder del partido Comunes.

El exjefe guerrillero también compartió una comunicación oficial emitida por los siete miembros del último secretariado de las Far, en el que se comprometieron con cumplir la sentencia ordenada por esa justicia especial.

La misiva, suscrita por los antiguos líderes guerrilleros Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Julián Gallo (Carlos Lozada), Jaime E. Parra, Rodrigo Granda, y Milton de Jesús Toncel, además de Londoño, aborda directamente la gravedad moral y política del secuestro.

El último secretariado de las Farc manifestó su aceptación de responsabilidad ante las sanciones impuestas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), reafirmando públicamente su compromiso con la construcción de una Colombia en paz y con el proceso de reconciliación iniciado tras la firma del Acuerdo Final de Paz.

En un comunicado dirigido a la opinión pública, los exintegrantes de la cúpula guerrillera reconocieron de manera explícita la gravedad de los crímenes cometidos durante el conflicto armado, enfatizando: “El secuestro es una carga moral que pesará sobre nuestros hombros por muchos años, fue un crimen de guerra que enlodó el humanismo que sostenía la ética revolucionaria que nos acompañaba”

Si bien los excomandantes indicaron que todavía no han recibido una notificación oficial sobre la decisión de la JEP, expresaron su disposición a pronunciarse en profundidad tan pronto se concrete el trámite formal.

Pese a esta falta de notificación, el comunicado señala que son conscientes de que “las sanciones que hoy se anuncian son la consecuencia de los graves crímenes cometidos durante la guerra, los cuales hemos admitido en más de 400 diligencias ante la JEP, muchas de ellas frente a las víctimas y sus representantes”.

A lo largo de esos procedimientos judiciales, los exlíderes han proporcionado información, aceptado su responsabilidad y mostrado su deseo de ser perdonados algún día.

Dentro del texto, la dirigencia del grupo desmovilizado subrayó que las sanciones impuestas constituyen tanto un mandato judicial derivado del Acuerdo Final de Paz como un compromiso ético y político para con las víctimas y la sociedad colombiana.

Además, se comprometieron a cumplir efectivamente con las obligaciones restaurativas que les han sido asignadas y que, según explicaron, buscan contribuir a la reconstrucción del tejido social y a la dignidad de quienes sufrieron por el conflicto.

El comunicado también hizo referencia a retos pendientes en la implementación de las medidas sancionatorias y en el desarrollo del proceso judicial en la JEP.

Los exjefes guerrilleros señalaron la necesidad de obtener claridad respecto a la Resolución Única de Conclusiones, la unificación de procesos, el alcance de las sanciones y la viabilidad de su cumplimiento.

Asimismo, recordaron su decisión, hecha pública en octubre de 2024, de asumir la máxima responsabilidad por los delitos imputados hasta esa fecha y renunciar expresamente a la presunción de inocencia en dichos hechos.

De acuerdo con el comunicado, esta postura tiene impacto directo sobre “miles de hombres y mujeres que estuvieron bajo nuestro mando, y sus familias, quienes siguen esperando las garantías jurídicas necesarias como parte del espíritu y la letra del Acuerdo Final de Paz.”