La Fiscalía General de la Nación presentó el principio de oportunidad a Pedro Rodríguez Melo, exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), involucrado en el escándalo nacional por corrupción de dicha entidad.
Entre los compromisos adquiridos con la justicia, Rodríguez Melo declarará contra el exgobernador de Nariño, Camilo Romero, por supuestas irregularidades en la adjudicación de un contrato millonario celebrado entre la administración departamental y la Empresa de Licores de Nariño.
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La colaboración de Rodríguez surge tras su vinculación en el negocio de los carrotanques con ‘El Pastuso’ y se dirige especialmente al contrato de licores realizado durante la administración de Romero.
La Fiscalía busca establecer si existieron anomalías durante la suscripción de este acuerdo comercial y si se presentaron favorecimientos indebidos que afectaron la transparencia de la gestión pública.
El exsubdirector de la Ungrd quedó vinculado a la investigación debido a las revelaciones que lo señalan como parte de una red de funcionarios y particulares conocidos por presuntas prácticas ilícitas al interior del organismo.
Los hechos investigados abarcan la contratación y ejecución de proyectos en distintas regiones del país y su presunta participación se considera de importancia en la estrategia de esclarecimiento de la red de corrupción.
La aceptación del principio de oportunidad por parte de Rodríguez representa un paso relevante en los esfuerzos de la Fiscalía por identificar y llevar ante la justicia a otros responsables de actuaciones irregulares en el manejo de recursos públicos.
El proceso avanza en la recopilación de pruebas y testimonios para sustentar nuevas imputaciones en los casos en curso.
Olmedo López fue citado por la Corte Suprema en investigación contra Berenice Bedoya en caso de escándalo en la Ungrd
Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), fue citado por la Corte Suprema de Justicia para rendir declaración el 23 de septiembre de 2025.
La diligencia judicial, programada para las 9:00 a. m. en la sede de la Sala de Instrucción en Bogotá, responde a la investigación contra la senadora Berenice Bedoya, líder del partido Alianza Social Independiente (ASÍ), por presuntas contrataciones irregulares que habrían favorecido intereses políticos.
La citación busca aclarar el posible rol de Bedoya en la asignación de contratos de la Ungrd vinculados al trámite de la reforma pensional en el Congreso.
De acuerdo con el testimonio de Olmedo López ante la fiscal María Cristina Patiño, se investiga la presunta solicitud de contratos para obras en los departamentos de Meta y Casanare por parte de las senadoras Berenice Bedoya y Martha Peralta (Pacto Histórico).
El exdirector detalló que estas gestiones pretendían asegurar votos a favor de la reforma pensional, indicando el posible uso de recursos públicos para obtener apoyos legislativos.
Durante el procedimiento, López también entregó información sobre una reunión celebrada el 19 de septiembre de 2023 en las oficinas de la Ungrd donde Martha Peralta habría solicitado, junto a otros actores, un contrato por 2.125 millones de pesos para la recuperación de jagüeyes en Riohacha, La Guajira.
El registro oficial de esta cita figura como prueba documental relevante dentro del expediente.
El testimonio de López incluye una llamada telefónica con Berenice Bedoya, en la que, según su versión, la senadora pidió la adjudicación de contratos destinados a Meta y Casanare.
López asoció el interés de Bedoya con su papel de liderazgo dentro de la ASI, agrupación que tiene influencia política en esas regiones.
La colaboración de Olmedo López se formalizó gracias al principio de oportunidad, medida que le otorga beneficios judiciales a cambio de su testimonio en el caso.
Esta figura jurídica habilita a López para testificar contra cerca de 27 personas vinculadas con las presuntas irregularidades, entre quienes se encuentran exfuncionarios como Sandra Ortiz y Carlos Ramón González, ya investigados por hechos análogos.
El trámite avanza mientras la Corte Suprema recopila más pruebas documentales y testimonios clave en el proceso judicial.
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