Una investigación realizada por Cambio reveló que la Fundación de Educación Superior San José, que otorgó el título de contadora pública a Juliana Guerrero, pertenece a un grupo de educación de bajo costo.
Según el medio, en los últimos tres años la Fundación San José suscribió convenios millonarios con el Estado.
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Estas revelaciones plantean dudas sobre los procedimientos de titulación y la relación de la universidad con entidades públicas y figuras vinculadas al Gobierno nacional.
Tras lo anterior, el dirigente político Enrique Gómez lanzó una nueva crítica contra el Gobierno de Gustavo Petro a través de sus redes sociales, donde cuestionó las recientes actuaciones de la administración nacional.
En su mensaje, Gómez afirmó que “no sólo #SeRobaronLaSalud y la Ungrd tienen la universidad de garaje San José para graduar bodegueros y toda suerte de radicales afectos a la miseria socialista”.
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La publicación de Enrique Gómez aparece tras semanas de debate público sobre la gestión de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y del sistema de salud, sectores que han estado bajo escrutinio por presuntos actos de corrupción y mala administración en Colombia.
En su trino, Gómez no solo alude a las presuntas irregularidades recientes en la Ungrd y el sistema sanitario, sino que incluye una referencia a la “universidad de garaje San José”, institución a la que vincula con la formación de personas afines al gobierno y acusa de promover una supuesta “miseria socialista” haciendo referencia al caso de Juliana Guerrero, viceministra de juventud.
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Cabe destacar que las declaraciones de Gómez se suman a un contexto de polarización en torno al nivel de control y vigilancia sobre las entidades públicas y privadas responsables de servicios esenciales en Colombia.
Fundación San José se habría convertido en una ‘impresora’ de títulos
Las investigaciones sobre la Fundación de Educación Superior San José han generado debate nacional debido a la presunta entrega acelerada de títulos profesionales.
El caso que involucra a Juliana Guerrero, viceministra de Juventud, abrió el camino a una serie de denuncias sobre la posible existencia de una red de expedición exprés de diplomas dentro de la institución.
El escenario se amplió recientemente con la aparición de Laura Julieth Martínez Morales, reconocida influenciadora y contratista de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), quien recibió su título apenas dos días antes de presentar el examen Saber Pro.
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Uno de los puntos señalados es que la representante a la Cámara Jennifer Pedraza lidera una investigación sobre la relación de la Fundación San José con funcionarios públicos y contratistas estatales.
Las sospechas surgieron cuando Guerrero presentó un diploma profesional expedido poco antes de asumir su cargo en el Ministerio de Igualdad y Equidad.
Sobre este caso, la denuncia de Pedraza, asegura que existen indicios de que se entregaron documentos “exprés” sin que los beneficiados cumplieran con los requisitos legales.
Según el conglomerado educativo de la Fundación San José, dirigido por Francisco Alfonso Fernando Pareja González, ha experimentado un crecimiento notorio en pocos años.
De 2020 a 2021, la institución triplicó sus ingresos y firmó convenios estatales por montos millonarios en Magdalena, Boyacá, Risaralda, Soacha y Cundinamarca.
Fuentes académicas y políticas declararon que esta estructura empresarial de control cerrado permite procesos poco transparentes en la homologación y expedición de diplomas.
Según la versión de la universidad, la presentación, pero no la aprobación, del Saber Pro sería suficiente para graduar a un estudiante, aunque investigaciones de la representante Pedraza indican que varios títulos se otorgaron sin verificación previa del examen.
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El caso de Martínez y los reportes de otros contratistas llevaron a Pedraza a advertir sobre la posibilidad de una conexión entre la entrega rápida de títulos y la adjudicación de contratos estatales.
El reporte señala que Pareja González reconoció que al menos una persona fue graduada sin haber cumplido todos los requisitos.
Mientras la Fundación San José ha defendido la legalidad de sus procesos y las entidades públicas mantienen la validez de sus contratos, la representante Pedraza ha insistido, en que la revisión de los documentos académicos es fundamental para esclarecer si la institución se ha convertido efectivamente en una “impresora” de títulos.
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