La situación de la Nueva EPS, la mayor entidad prestadora de salud en Colombia, se encuentra en un estado crítico, de acuerdo con un informe emitido por la Contraloría General de la República en el que se evidenció un panorama desolador para la entidad, cuya deuda ha crecido a un ritmo alarmante y cuyo patrimonio sigue cayendo en picada.
Esta auditoría, que analiza el período entre 2022 y 2025, señala que la Nueva EPS está sumida en un deterioro financiero que pone en riesgo tanto la estabilidad del sistema de salud como la atención de los más de 11 millones de afiliados.
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El informe revela que la deuda de la entidad ha crecido en un 198% desde 2022, alcanzando los 21,37 billones de pesos en marzo de 2025. Este aumento desmesurado pone en evidencia la incapacidad para frenar el colapso financiero, a pesar de la intervención del Gobierno en abril de 2024; en paralelo, el patrimonio de la Nueva EPS, que comenzó en 2022 con una cifra positiva de 485,000 millones de pesos, se desplomó hasta alcanzar un saldo negativo de -6,25 billones de pesos a principios de 2025.
Ante esta grave situación, la congresista del Partido Verde Cathy Juvinao expresó su rechazo a las declaraciones del Gobierno de Gustavo Petro, que había intentado responsabilizar a administraciones pasadas del colapso de la entidad.
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A través de sus redes sociales, Juvinao resaltó que la magnitud de la crisis financiera de la Nueva EPS no se puede ocultar detrás de justificaciones políticas. La congresista acusó a la administración actual de no lograr ninguna solución efectiva para frenar el deterioro de la entidad, y aseveró que las cifras no mienten.
“No importa cuánto mienta el gobierno sobre la Nueva EPS, la verdad es demoledora: en 2022 recibieron deudas de 5,4 billones de pesos y hoy reportan 21,3 billones. Recibieron un patrimonio de 485 mil millones y hoy reportan -6,2 billones. Son peores que lo que juraron combatir. Punto”, escribió Juvinao en su cuenta de X, acompañando el mensaje con una imagen de la revista Cambio, que presenta una detallada información sobre la situación financiera de la entidad.
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El informe de la Contraloría: deudas y patrimonio negativo
Según los datos presentados, entre 2023 y 2024 estos pasaron de $3,4 billones a $8,6 billones, además, durante el primer semestre de 2025, esta cifra alcanzó los $15,27 billones. Este crecimiento advirtió la entidad, puso en riesgo la liquidez de la EPS y representa una amenaza concreta de detrimento patrimonial.
Además, el informe reveló que más de 22 millones de facturas estaban pendientes por procesar; de estas, cerca de 9 millones presentaban registros repetidos, esto implica que existen $13,2 billones en facturación aun sin revisar, lo que representa el 97% de las obligaciones reportadas por la Nueva EPS entre 2024 y el primer semestre de 2025.
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La falta de verificación en estos procesos, según la Contraloría, genera inconsistencias que afectan la contabilidad y la sostenibilidad del sistema.
También se detectó una concentración de riesgos fiscales, pues 36 prestadores de salud, dentro de una red de más de 2.700, concentran el 40% del valor total pendiente por procesar, equivalente a $5,2 billones. Este dato sugiere una exposición significativa frente a eventuales litigios o incumplimientos contractuales.
A esto se suma la ausencia de documentación contractual exigida por el Decreto 441 de 2022. La EPS no presentó los soportes de varios acuerdos con prestadores de servicios de salud, lo que impide verificar el cumplimiento de requisitos mínimos para la contratación.
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El estado de las cuentas por pagar también genera alarma, puesto a que a marzo de 2025, estas alcanzaron los $21,37 billones y la Contraloría reiteró este dato a través de sus canales digitales, al señalar que esta cifra afecta directamente la sostenibilidad del Sistema General de Seguridad Social en Salud, que cubre aproximadamente al 22% de la población del país.
Frente a estos hallazgos, la Contraloría anunció que la alerta será trasladada a la Delegada para el Sector Salud, que determinará los pasos a seguir en materia de control fiscal. El informe también será remitido a las autoridades competentes para que se evalúen posibles responsabilidades penales y disciplinarias.
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