El Ministerio de Salud y Protección Social presentó un proyecto de resolución que establece la Estrategia Nacional para el cuidado integral de las personas con Conducta Suicida, un marco normativo que fija ejes de acción, responsabilidades y mecanismos de coordinación para la promoción, prevención, atención, rehabilitación y vigilancia del evento en todo el país.
La iniciativa tendrá alcance intersectorial y un plazo de tres meses para su planeación e inicio de implementación territorial desde su publicación.
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La propuesta se sustenta en la Constitución Política, la Ley Estatutaria 1751 de 2015 y la Ley 1616 de 2013, así como en la Ley 2460 de 2025, el Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026 y el Decreto 729 de 2025, que adoptó la Política Nacional de Salud Mental 2025–2034. También incorpora estándares jurisprudenciales como el caso Ximenes Lopes vs. Brasil (Corte IDH, 2006) y las sentencias T-050 de 2019, T-178 de 2024 y T-065 de 2024 de la Corte Constitucional.
Incremento sostenido en intentos y actos consumados
El documento destaca cifras globales y nacionales que sustentan la urgencia de la estrategia. Según la Organización Panamericana de la Salud, cada año 726.000 personas se quitan la vida, lo que corresponde a una muerte cada 40 segundos y siendo el suicidio la tercera causa de defunción entre las personas de 15 a 29 años.
En Colombia, la tasa de intentos pasó de 62,2 por 100.000 habitantes en 2019 a 78,2 por 100.000 en 2023. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses reportó que la tasa de suicidio alcanzó en 2023 su nivel más alto, con 6,59 casos por cada 100.000 habitantes, equivalentes a 3.195 muertes, es decir, un promedio de 8 suicidios diarios. En la última década, el fenómeno aumentó un 41,22%.
Además, entre enero y junio de 2025 se registraron 1.352 muertes por suicidio, de las cuales 1.085 corresponden a hombres y 267 a mujeres. La mayoría de los casos se presentaron en personas de entre 20 y 44 años y se concentraron en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali.
Aunque la capital reportó una leve disminución en comparación con años anteriores, los expertos coinciden en que la problemática sigue siendo crítica y requiere acciones integrales de prevención y acompañamiento, especialmente tras la reciente sanción de la Ley de Salud Mental, que busca garantizar el acceso universal a una atención oportuna.
Ejes estratégicos y acciones operativas
La estrategia propuesta por el Ministerio de Salud se organiza en cinco ejes principales:
- Promoción de la salud mental: incluye el fortalecimiento de redes de apoyo comunitarias, el desarrollo de competencias socioemocionales y campañas de comunicación, con prioridad en niños, niñas, adolescentes y jóvenes en entornos educativos.
- Prevención de la conducta suicida: contempla la transformación de la norma social frente al consumo de alcohol, la restricción del acceso a medios letales como armas de fuego, tóxicos y medicamentos, la intervención en puntos críticos y la adopción de lineamientos de comunicación responsable.
- Atención integral: establece la aplicación de la Guía de Práctica Clínica para la valoración temprana, tratamiento y seguimiento de personas con conducta suicida, así como el acompañamiento a familias y redes de apoyo.
- Rehabilitación: incorpora la humanización del trato y la implementación del denominado Código Dorado como protocolo de respuesta.
- Gestión, articulación y coordinación: prevé la formación de orientadores escolares, líderes comunitarios, personal de salud y referentes religiosos en la detección y canalización de casos, además del fortalecimiento de los sistemas de vigilancia como SIVIGILA, RIPS y RUAF.
Código Dorado: protocolo de respuesta inmediata
El Código Dorado se define como “un protocolo de atención inmediata, integral y articulada frente a casos de conducta suicida en el territorio Nacional, incluyendo ideación con método y plan específico o intento“.
Su activación podrá realizarse desde la comunidad, a través de líneas de emergencia, teleorientación, WhatsApp, chats web o aplicaciones móviles, atendidas por psicólogos o trabajadores sociales entrenados. La coordinación estará a cargo del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE), junto con organismos de emergencia y autoridades disponibles en cada territorio.
En los servicios de urgencias, la valoración será inmediata e interdisciplinaria por psiquiatría, psicología y trabajo social, con uso de pruebas de tamización como Plutchik, SRQ y RQC, además de la posibilidad de aplicar la escala C-SSRS.
La norma establece que “ningún usuario podrá ser egresado del sistema de salud sin haberse efectuado la remisión correspondiente y sin haberse definido una ruta de atención adecuada al riesgo identificado“.
Organización y responsabilidades institucionales
El proyecto contempla la creación de la Red Nacional de Salud Mental, integrada a las Redes Integrales de Servicios con enfoque territorial, así como una Mesa Nacional Intersectorial para la prevención de la conducta suicida, bajo secretaría técnica del Ministerio de Salud.
Además, el Instituto Nacional de Salud deberá implementar unidades de análisis para intentos y muertes por suicidio, con especial énfasis en niños, adolescentes, mujeres gestantes e indígenas.
Las responsabilidades se distribuyen entre distintos actores:
- Entidades territoriales: deben garantizar acciones de mitigación, formular planes cuatrienales intersectoriales, implementar protocolos de respuesta inmediata, habilitar líneas de teleorientación, capacitar en primeros auxilios psicológicos y realizar inspección, vigilancia y control trimestral a EPS y prestadores.
- EAPB: deben asegurar la capacitación de su red, la atención psicológica y psiquiátrica continua, el seguimiento nominal tras el egreso hospitalario, el acceso a teleorientación de emergencia y la emisión de reportes semestrales a la Supersalud.
- Prestadores de salud: están obligados a registrar los eventos en SIVIGILA, fortalecer la detección de ideación suicida, garantizar remisión prioritaria, implementar protocolos de crisis y ofrecer sesiones grupales para sobrevivientes y familias.
La Superintendencia Nacional de Salud ejercerá funciones de inspección, vigilancia y control para garantizar el cumplimiento de la resolución y publicará informes anuales sobre su impacto.
Si usted o alguien conocido está pasando por un momento de malestar emocional, busque ayuda y recuerde: ¡No está solo! Puede acceder al proyecto de resolución completo, a continuación:
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