Menos informalidad, pero más desigualdad: así se ganan la vida millones de colombianos en 2025

En Colombia, más de la mitad de la población sigue dependiendo del trabajo informal para sobrevivir. Detrás de cada cifra hay oficios sin contrato, jornadas sin prestaciones y familias que se sostienen con ingresos inestables. Aunque los números más recientes muestran una leve mejoría, el peso de la informalidad continúa marcando el rumbo del mercado laboral.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reveló que entre mayo y julio de 2025 la ocupación informal cayó 0,9 puntos porcentuales frente al mismo trimestre del año anterior. La reducción, sin embargo, apenas suaviza un escenario estructural, el 55% de los trabajadores en el país aún se desempeña fuera de la formalidad.

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Las diferencias entre el campo y la ciudad son una muestra de la desigualdad que persiste. Mientras en las principales áreas urbanas la informalidad llega al 42%, en la ruralidad el panorama es mucho más crítico, allí, ocho de cada diez personas trabajan sin las garantías de ley. Esa brecha evidencia que el rebusque sigue siendo la regla en buena parte de la geografía nacional.

El Dane también detalló cómo incide el género en estas dinámicas. En las ciudades y áreas metropolitanas, la proporción de hombres ocupados en la informalidad es de 42,9%, frente a 40,9% en el caso de las mujeres. A simple vista, la diferencia no parece tan grande, pero el análisis de la población ocupada en su conjunto muestra otra cara. El 58,4% de los trabajadores son hombres, mientras que las mujeres representan apenas el 41,6%.

Esa brecha se acentúa cuando se revisa la participación global en el mercado laboral. Entre mayo y julio de este año, la distancia fue de 24,1 puntos porcentuales, siempre con los hombres por encima. Además, las mujeres enfrentan una carga adicional, una parte significativa de ellas concentra sus actividades en el cuidado de personas mayores, la atención de niños y las tareas domésticas, labores que pocas veces se reconocen como trabajo formal.

La ubicación también influye en las oportunidades de empleo. Los datos del Dane muestran que el desempleo femenino en las ciudades principales fue de 9,6%, frente a 7,7% en los hombres. En las cabeceras municipales más pequeñas, la diferencia se amplía a 13,3% para las mujeres frente a 8,1% en el caso de los hombres. Y en la ruralidad la disparidad es aún más evidente, el desempleo de las mujeres llegó al 12%, mientras que el de los hombres fue de apenas 4,2%.

Otro ángulo de la informalidad está ligado al tamaño de las empresas. Allí, la radiografía es clara: “el 84,6 % de la población ocupada que trabajaba en microempresas era informal, mientras que para el mismo trimestre del año anterior fue 84,8%”, explicó el Dane. En las pequeñas empresas, la proporción bajó de 22,5% a 19,9% en un año. El contraste es más notorio en las grandes compañías, donde solo el 2,3% de los trabajadores está en condiciones de informalidad.

Aunque la reducción en los indicadores parece modesta, expertos señalan que revela una tendencia que podría consolidarse si se generan políticas públicas más específicas para el campo, las microempresas y las mujeres. Allí se concentra la mayor fragilidad laboral, y es donde los márgenes de acción siguen siendo más amplios.

Más allá de los porcentajes, lo que muestran estas cifras es que la informalidad no golpea a todos por igual. Mientras algunos sectores productivos logran mantener estándares de formalidad y estabilidad, otros dependen de empleos que no ofrecen seguridad social, acceso a salud ni pensión. La situación es especialmente dura en comunidades rurales y en hogares liderados por mujeres, donde las opciones son más limitadas.

El informe del Dane, en ese sentido, funciona como un llamado de atención. La leve disminución de la informalidad no debe ocultar la magnitud del problema ni las profundas brechas entre regiones, géneros y sectores. Colombia avanza, pero lo hace a un ritmo desigual, con un mercado laboral que todavía excluye a millones de trabajadores de los derechos básicos que deberían estar garantizados por ley.