El representante a la Cámara David Racero se pronunció este martes tras las declaraciones del concejal Daniel Briceño, quien cuestionó al Ministerio del Trabajo por no haber actuado con la misma contundencia en el caso de un fruver administrado por Racero en el sur de Bogotá.
En su cuenta de X, el parlamentario defendió su posición y desafió al concejal: “Lo reto concejal Daniel Briceño, multiplicador de mentiras. Si existe un fruver en este momento a mi nombre, o de algún familiar, o de quien sea en el cual yo tenga alguna participación, vamos ya mismo con el ministro Antonio Sanguino y lo cerramos. Pero si no existe, usted renuncia a su curul y deja de hacer política con difamaciones”.
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Esto se dio en respuesta a la crítica que Briceño había publicado horas antes en sus redes sociales: “¿Por qué el ministro Antonio Sanguino nunca fue a cerrar el fruver de su amigo David Racero donde se explotan mujeres y se usan asesores del Congreso para atender las necesidades del Representante?”
Racero ha explicado antes que la investigación sobre su negocio familiar fue iniciada de oficio por el Ministerio del Trabajo y que ha respondido “cabalmente, aclarando un sinnúmero de imprecisiones y desinformación malintencionada que han pretendido generar”.
Además, enfatizó que solo hará declaraciones ante los organismos competentes y calificó las acusaciones como un “linchamiento político”.
El procedimiento, abierto en mayo de 2025 por la Dirección Territorial de Bogotá, se centra en las condiciones laborales de una vacante ofrecida en 2020 en su establecimiento “La Cosecha del Campo”.
La oferta incluía tareas de limpieza y preparación de pulpas de fruta, jornadas de 13 horas diarias durante seis días a la semana, y un salario de un millón de pesos mensuales sin prestaciones sociales. Inspectores del Ministerio recopilaron audios y reportajes periodísticos como parte de la investigación.
El debate se reavivó tras el cierre reciente de la cocina principal del restaurante Andrés Carne de Res en la calle 82 de Bogotá, ordenado por el Ministerio del Trabajo luego de que al menos diez empleados resultaran heridos y se detectaran riesgos graves para la seguridad laboral.
Briceño criticó que no se hubiera actuado con la misma rigurosidad en el caso de Racero, lo que volvió a encender la polémica sobre la fiscalización laboral en negocios vinculados a figuras públicas.
La situación judicial del representante se complica aún más. A los procesos que ya cursan en su contra en el Consejo de Estado y en la Corte Suprema de Justicia, se suma ahora una investigación formal por el delito de concusión.
Este delito sanciona a servidores públicos que, aprovechando su cargo, exigen o solicitan indebidamente dinero o beneficios, ya sea para su propio provecho o para terceros.
En este nuevo frente judicial, la Corte Suprema indaga un supuesto entramado de pagos irregulares que involucrarían a integrantes de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de Racero.
Según las pesquisas, varios de sus colaboradores habrían cubierto con recursos propios gastos personales del congresista, incluidos consumos de tarjetas de crédito, pagos de mercado de su residencia e incluso transferencias a miembros de su familia, entre ellos su padre.
La Sala de Instrucción del alto tribunal examina las consignaciones realizadas a cuentas del representante a la Cámara y ya se vienen practicando pruebas y recogiendo declaraciones.
Se prevé que en los próximos días se fije la fecha para escuchar a Racero en declaratoria, un paso clave para el avance del proceso judicial.
Frente a estas acusaciones, Racero ha sostenido que los desembolsos corresponden a “devoluciones de préstamos” que él mismo hizo a sus asesores y que posteriormente le habrían reembolsado. Sin embargo, para la Corte Suprema esta explicación no resulta suficiente, y el proceso abierto podría complicar aún más su panorama político y jurídico.
El caso se suma a otros escándalos que han rodeado al congresista petrista, incluyendo la investigación sobre las condiciones laborales de su negocio familiar, donde se ofrecían vacantes con jornadas de 13 horas diarias, de lunes a sábado, y salarios de un millón de pesos sin prestaciones legales.
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