Una advertencia sobre la gestión de los recursos públicos en Bogotá ha puesto en el centro del debate la eficiencia de las alcaldías locales.
La Contraloría de Bogotá emitió una alerta por la baja ejecución presupuestal en los Fondos de Desarrollo Local, que a julio de este año alcanzó un promedio de 39,7%.
Además, el órgano de control identificó 49 hallazgos fiscales por un valor de $9.289 millones en quince fondos, lo que plantea riesgos para la administración pública y el cumplimiento de metas en 2025.
La Contraloría fundamentó su advertencia en la “falta de rigurosidad y problemas en la ejecución de recursos” detectados en los 20 fondos de desarrollo local, cuyo presupuesto global para 2025 asciende a $3,2 billones. El contralor distrital Julián Mauricio Ruíz señaló que la mayoría de los fondos no ejecutan adecuadamente sus presupuestos anuales, lo que genera un aumento de las cuentas por pagar para el próximo año y refleja una planeación deficiente.
“En la mayoría de las veces esto es el reflejo de una planeación deficiente y dificulta el control de los dineros públicos involucrados por parte de la Contraloría. En segundo lugar, y no menos preocupante, encontramos los bajos niveles de ejecución presupuestal que se aprecian en los recursos de inversión de todos los fondos de desarrollo, cuyo promedio con corte a julio de 2025 es de tan solo 39,7%, pero en localidades como Santa Fe, como Bosa, como Usme, se reportan incluso porcentajes inferiores a 30% y en otros seis fondos escasamente se llega al promedio de 40% de ejecución”, advirtió Ruíz.
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Informe por localidades
El informe detalla que nueve localidades presentan niveles de ejecución por debajo del promedio general. Santa Fe, Usme y Bosa figuran entre las más rezagadas, con porcentajes de 28,0%, 28,2% y 29,1% respectivamente. Otras zonas como San Cristóbal (35,2%), Kennedy (37,8%), Chapinero (38,2%), Usaquén (38,5%), Tunjuelito (38,8%) y Barrios Unidos (39,2%) también se encuentran por debajo del umbral del 40%. En contraste, Los Mártires registra el nivel más alto con 61,6%, seguido de Teusaquillo (53,4%) y Ciudad Bolívar (50,7%).
La baja ejecución presupuestal no solo representa un problema administrativo, sino que también tiene consecuencias directas sobre la calidad de vida de los habitantes. El rezago en la utilización de los recursos incrementa las cuentas por pagar, dificulta el control fiscal y compromete el cumplimiento de los planes y proyectos previstos para 2025. La Contraloría advirtió que esta situación no es nueva, ya que desde el año anterior se han presentado incumplimientos en las metas, lo que ha generado un rezago acumulado.
En cuanto a los hallazgos fiscales, el órgano de control reportó 49 casos por un monto total de $9.289 millones en 15 fondos de desarrollo local. La mayoría de estos hallazgos están relacionados con irregularidades en la ejecución de obras públicas. La Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local trasladó estos casos a la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva de la Contraloría de Bogotá para su respectivo trámite.
El contralor distrital, Julián Mauricio Ruíz, enfatizó que la reiteración de malas prácticas y la baja ejecución presupuestal dificultan el control de los recursos públicos y ponen en riesgo el cumplimiento de las metas trazadas para el próximo año. Ruíz instó a la administración distrital y a las alcaldías locales a adoptar medidas eficientes y efectivas en el corto plazo para revertir esta tendencia. “El objetivo de la alerta consiste en que la administración, claramente en el marco de sus competencias constitucionales y legales, adopte las medidas que estime pertinentes para mejorar los referidos indicadores de manera eficiente y efectiva en el corto plazo”, afirmó el contralor.
Como parte del procedimiento institucional, la Contraloría remitió la alerta al alcalde Carlos Fernando Galán, con copia a la Secretaría de Gobierno y a las 20 alcaldías locales, para que se tomen las acciones necesarias. Los hallazgos fiscales fueron trasladados a las instancias competentes dentro del órgano de control para su investigación y eventual sanción.
Frente a este escenario, la Contraloría remarcó la importancia de una acción conjunta entre la administración distrital y las alcaldías locales para garantizar que los recursos públicos se utilicen con eficiencia, transparencia y responsabilidad.
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