Más de 1.500 emberás asentados en Bogotá comienzan este lunes el regreso a su territorio: así será el proceso por etapas

El regreso voluntario de la comunidad emberá a sus territorios en Chocó y Risaralda marca un momento clave en la atención a poblaciones indígenas en Bogotá.

Según datos recogidos por el Distrito, desde la alta consejera de Víctimas de Bogotá, cerca de 1.595 personas participan en este proceso, que comenzó el lunes 8 de septiembre y cuenta con el acompañamiento de autoridades locales, nacionales y organismos internacionales.

Mientras la mayoría de la comunidad opta por retornar, más de 300 emberás han decidido permanecer en la capital, donde se implementan medidas para su integración local.

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Un proceso en varias etapas

El plan de retorno voluntario se desarrolla en varias etapas y lugares clave. El primer grupo, compuesto por 720 personas que permanecían en el Parque Nacional, inició su viaje en la jornada del lunes, 8 de septiembre. Posteriormente, 460 integrantes ―que se encontraban en la UPI La Rioja― y 415 ―en la UPI La Florida― completarán los traslados el miércoles y jueves, respectivamente.

El destino inicial es Puerto Rico, en Risaralda, donde recibirán mercados y el primer apoyo económico antes de dirigirse a los resguardos Unificado Chamí, Alto Andágueda y Gitó Dokabú. Este operativo responde a la orden del Tribunal de desalojar la UPI La Rioja, cuyo plazo vence tres meses después de la notificación emitida en junio.

En rueda de prensa, el secretario de Integración social, Roberto Angulo, se refirió al rol que jugará el Distrito en este proceso, dando cifras sobre los menores de edad al interior de la comunidad indígena:

“Hemos venido poniendo en el centro de todas las decisiones el cuidado y la protección de los niños, niñas y adolescentes de la comunidad emberá asentados en Bogotá. Estamos con 650 niños en los tres puntos. Nuestro trabajo involucra 150 servidores en distintos turnos para trabajar con los niños, que estarán en un lugar seguro durante el retorno”, explicó.

El proceso se fundamenta en tres principios: voluntariedad, seguridad y dignidad. Por eso, Isabelita Mercado, alta consejera de Víctimas de Bogotá, explicó a El Espectador que la caracterización de las familias, realizada desde el 28 de mayo en el Parque Nacional y luego en La Rioja, permitió identificar quiénes deseaban retornar y quiénes preferían quedarse.

Mercado subrayó que la voluntariedad fue el aspecto más complejo, ya que implicó un trabajo detallado para garantizar el derecho de cada familia a decidir su futuro. El Distrito, en coordinación con la Unidad para las Víctimas, asumió el alistamiento, el acompañamiento en el traslado y la entrega de transferencias monetarias, con el objetivo de asegurar condiciones dignas en el retorno.

“Nos basamos en tres principios: voluntariedad, seguridad y dignidad. Son familias que llevan tres y cuatro años esperando el retorno. En coordinación con la Unidad de Víctimas iniciamos un diálogo para asegurarnos que se cumplieran esos principios. Así, logramos concertar un concepto positivo en sitios claves de retorno como Bagadó (Chocó) y Pueblo Rico (Risaralda)”, dijo.

Para quienes optan por permanecer en Bogotá, las autoridades han diseñado rutas de integración local y reubicación. La UPI La Florida se acondiciona para albergar temporalmente a quienes no retornan, mientras se gestionan alternativas de vivienda y apoyo social. El Distrito ofrece una transición hacia medidas de arriendo y acompaña a las familias en su proceso de adaptación, con el propósito de evitar nuevos desplazamientos internos y cumplir con las sentencias judiciales que protegen a la población emberá.

El trasfondo de este retorno está marcado por años de desplazamiento y la búsqueda de soluciones duraderas. La comunidad emberá ha vivido en diferentes espacios de la ciudad, como el Parque Nacional, la UPI La Rioja y la UPI La Florida, tras huir de sus territorios por motivos de seguridad. La presencia de la comunidad en la zona de Salitre generó manifestaciones de los residentes locales, quienes se opusieron a la reubicación en predios del Idpac.

El proceso actual responde a sentencias como la T025 de 2004 y a fallos de la Corte Interamericana, que ordenan medidas de protección y restitución de derechos para las víctimas de desplazamiento.

Las autoridades reconocen que el éxito del retorno depende de la articulación entre entidades y del compromiso nacional. Mercado enfatizó en El Espectador la necesidad de resolver problemáticas estructurales en los territorios de origen, como el acceso a vías, salud, vivienda digna y seguridad alimentaria. El Programa Mundial de Alimentos participa en la mitigación de la inseguridad alimentaria, mientras que el Distrito realiza valoraciones médicas y jornadas de documentación para garantizar que las familias viajen en condiciones adecuadas y puedan acceder a los apoyos económicos.

El seguimiento al cumplimiento de los acuerdos y la sostenibilidad del retorno son desafíos pendientes. Bogotá asume un rol de veeduría, manteniendo el diálogo con las comunidades y exigiendo el cumplimiento de las sentencias judiciales. El proceso de reubicación y reintegración local para quienes deciden quedarse en la ciudad continuará una vez se complete el desalojo de La Rioja, con el objetivo de ofrecer alternativas dignas y evitar nuevos ciclos de desplazamiento.

La participación de la Unidad para las Víctimas, el Tribunal, el Programa Mundial de Alimentos y la sociedad civil resulta fundamental para garantizar que el retorno y la integración local se desarrollen bajo condiciones de respeto y sostenibilidad. El esfuerzo conjunto de las autoridades y la comunidad busca sentar las bases para una solución que trascienda el traslado físico y permita la reconstrucción de proyectos de vida.

El inicio de este retorno representa un paso hacia la reparación y la justicia para la comunidad emberá, que durante años ha esperado la oportunidad de regresar a su territorio o de integrarse plenamente en la ciudad. Con el acompañamiento institucional y la voluntad de las familias, se abre la posibilidad de avanzar hacia una respuesta duradera a las consecuencias del desplazamiento forzado.