Cárcel de Manizales con hacinamiento no tiene red contraincendios: acción popular busca mejorar condiciones

El Tribunal Administrativo de Caldas admitió una acción popular presentada por la Personería de Manizales en defensa de los derechos colectivos de los internos de la cárcel La Blanca, ubicada en esta ciudad, con capacidad para albergar cerca de 627 internos, pero que ha llegado a ser ocupada por 1.036 personas privadas de la libertad, lo que genera hacinamiento y hace aún más difícil la estadía de los procesados.

La iniciativa del Ministerio Público exige la instalación inmediata de una red contraincendios en el interior del penal, con el propósito de prevenir riesgos y proteger la vida e integridad de las personas privadas de la libertad, quienes han estado expuestas durante años a situaciones de peligro por la falta de este sistema esencial.

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La entidad, encabezada por el personero Juan Pablo Osorio Gallo, advierte que esta petición responde a una problemática estructural que se ha evidenciado a lo largo de los años mediante numerosos incidentes de incendio que han resultado en lesionados y muertes dentro del centro carcelario.

Según cifras entregadas por la Personería de esa ciudad, entre 2013 y 2024 se han registrado más de 40 incendios al interior de la cárcel La Blanca que han dejado, al menos, un saldo de 40 internos lesionados, mientras que algunos han perdido la vida a consecuencia de la ausencia de una infraestructura adecuada para atender estos eventos.

Osorio Gallo subrayó que la acción popular surge como respuesta a una realidad estructural que representa una amenaza latente para la población penitenciaria, la cual permanece en condiciones de vulnerabilidad permanente ante el riesgo de nuevos incendios.

Por esto, la Personería busca que Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), el Gobierno Nacional y las autoridades locales intervengan cuanto antes, implementando las medidas necesarias para garantizar la seguridad y el respeto de los derechos fundamentales de quienes se encuentran recluidos en el penal.

El tribunal municipal ya aceptó la acción popular, por lo cual se espera que en las próximas semanas inicie un proceso de conciliación entre las partes involucradas. Dicho proceso será clave para trazar la ruta de intervención y definir las responsabilidades de las instituciones encargadas en la solución de la problemática.

La solución planteada por la entidad no se limita únicamente a la instalación de una red contraincendios, sino que también incluye la exigencia de intervenciones estructurales y locativas urgentes en áreas críticas identificadas dentro del penal. Esta recomendación se basa en el informe técnico elaborado por la Unidad Municipal de Gestión del Riesgo, que concluyó la necesidad de adoptar medidas preventivas y correctivas de manera inmediata.

Por otro lado, la Personería de Manizales ha expresado que mantendrá el seguimiento constante a este proceso judicial y continuará exigiendo respuestas efectivas por parte de las entidades responsables. Asimismo, extendieron un llamado a sociedad civil y organismos de control para que se sumen a la vigilancia de la ejecución de las medidas ordenadas por el tribunal, asegurando que las soluciones planteadas sean efectivas y permitan erradicar la amenaza que representa la falta de una red contraincendios para la población carcelaria.

Esta acción popular representa un avance significativo en la protección de los derechos de los internos de la cárcel La Blanca, pero también evidencia los múltiples desafíos que enfrenta el sistema penitenciario colombiano en materia de infraestructura y garantías mínimas para la integridad de sus reclusos mientras cumplen sus respectivas condenas o esperan un fallo a su favor en sus casos.

El llamado a la acción es urgente y refleja la necesidad de que las autoridades actúen con diligencia frente a situaciones que ponen en riesgo vidas humanas y generan un impacto social profundo en la comunidad manizaleña.