El debate sobre la Ley 2381 de 2024, “por medio de la cual se establece el Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, la Invalidez y la Muerte”, más conocida como la reforma pensional del gobierno de Gustavo Petro, y el aumento de la edad de jubilación en Colombia recobraron protagonismo, impulsados por las advertencias de actores clave sobre la urgencia de adaptar el sistema a los desafíos demográficos y fiscales que enfrenta el país.
Durante el Congreso Nacional de Contadores Públicos Conecta+2025, el presidente de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía (Asofondos), Andrés Velasco, reiteró la importancia de abordar las presiones fiscales que afectan al sistema.
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Como se recordará, el país está a la espera de la decisión de la Corte Constitucional sobre si respalda o no la nueva ley que, pese a las polémicas, no modificó la edad de pensión. Por ello, esta se mantiene en 57 años para las mujeres y 62 para los hombres, siempre que se cumplan al menos 1.300 semanas de cotización.
No obstante, la norma aprobada reduce ese requisito a 1.000 semanas para las mujeres, con un bono adicional de 50 semanas menos por cada hijo, hasta un máximo de tres beneficiarios.
Cambios en la estructura demográfica
En la presentación que hizo, el dirigente resaltó que los cambios en la estructura demográfica nacional exigen una revisión profunda de las reglas actuales. “Hay un reto gigante de sostenibilidad financiera para las futuras generaciones, que tendrán que hacer una nueva reforma pensional con base en la realidad: los colombianos tenemos una tasa de natalidad menor que la de Japón”, afirmó.
También, insistió en que cualquier ajuste que permita prolongar el ahorro pensional de los trabajadores contribuirá a fortalecer las finanzas públicas.
“Deberíamos percibir el ahorro como una maratón, con esfuerzo. Es la forma en que podemos garantizar que vamos a tener una deuda más corta en el futuro”, señaló, y agregó: “Lo único que nos va a garantizar un ingreso es el ahorro”.
La advertencia del Banco de la República
Y es que, precisamente, el 19 de agosto de 2025, el gerente general del Banco de la República, Leonardo Villar, manifestó que resulta prioritario revisar el requisito de la edad de retiro, con lo que se sumó así a las voces que consideran indispensable una actualización de la normativa para responder a las nuevas realidades del país.
Villar, durante el 36º Simposio de Mercado de Capitales, advirtió que “hacer sostenible el sistema pensional a largo plazo seguramente requerirá ajustes, en particular en las edades de jubilación y en los porcentajes de cotización de los afiliados”.
El Gobierno de Gustavo Petro ya reconoció la necesidad de una reforma pensional que contemple los cambios demográficos, aunque plantea un horizonte de hasta 15 años para su implementación. La postura contrasta con la de tanques de pensamiento, empresas privadas y expertos locales, que consideran que las modificaciones deben adoptarse en el corto plazo para evitar mayores desequilibrios en el sistema.
Impacto económico de las posibles reformas
Sobre el impacto económico de las posibles reformas, Velasco proyectó que un aumento en el ahorro pensional, destinado a compensar la eliminación de subsidios, podría elevar el ahorro nacional en casi $10 billones. Dicha cifra ilustra la magnitud de los recursos en juego y la relevancia de las decisiones que se tomen en el Congreso de la República y el Ejecutivo.
A esto se suma la preocupación por la falta de reglamentación del seguro previsional, un aspecto que, según Velasco, requiere atención inmediata del Gobierno nacional.
“Hoy en día no tenemos reglamentación para el seguro previsional y el Gobierno nacional debe solucionarlo. No nos podemos quedar sin seguro previsional”, señaló el presidente de Asofondos.
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