El presidente Gustavo Petro, anunció la intervención del sistema de salud en el departamento del Chocó como medida urgente para garantizar una mayor reducción de la mortalidad en esa región. El pronunciamiento se realizó en la noche del miércoles, 27 de agosto de 2025, durante una alocución en la que el mandatario centró su discurso en los desafíos sanitarios del litoral pacífico y la decisión de reforzar la acción estatal a nivel local.
Chocó ha figurado durante años entre los territorios más afectados por carencias estructurales en la prestación de servicios de salud, con limitaciones evidentes en dotación, personal y acceso a atención oportuna, especialmente en áreas rurales.
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Ante esa situación, el presidente dispuso una intervención directa en los puestos de salud municipales, tras un diálogo previo con la gobernadora del departamento. “En diálogo con la gobernadora y sin amenazar, hay que intervenir el sistema de salud en Chocó a nivel de puestos de salud, porque si no, no garantizamos una mayor reducción de la mortalidad”, indicó el jefe de Estado.
Según Petro, la administración nacional buscará asegurar que la gestión de la salud pública no dependa exclusivamente de entidades privadas ni de intermediarios financieros, sino que responda a una política activa y coordinada por el Estado. Para ello, el enfoque estará en fortalecer la atención primaria, facilitar recursos logísticos y técnicos para los centros de atención básica en comunidades apartadas y ejercer vigilancia sobre la provisión de servicios.
La decisión responde a preocupaciones recurrentes de la ciudadanía, organizaciones sociales y líderes comunitarios del Chocó, quienes durante años han alertado sobre la fragmentación y el deterioro de la red pública de atención. Durante su intervención, el mandatario dejó claro que la presencia estatal no será sólo administrativa, sino operativa y territorial, subrayando la importancia de fortalecer la atención primaria en salud y la vigilancia activa de la comunidad.
El presidente señaló que los avances logrados en otros territorios se vinculan con el enfoque en la prevención, el contacto directo con las familias y el despliegue de equipos médicos en terreno. Al respecto, Petro explicó que “ya no se lo dejamos a las EPS en general, sino que la salud pública ha cobrado a través de miles de equipos básicos de salud en los territorios más pobres, en la población más pobre, una vigilancia de las personas en sus casas, en sus ranchos, en los lugares más apartados del país”. El mandatario vinculó esta estrategia con la posibilidad de intervenir efectivamente en contextos donde la intermediación había redundado en falta de cobertura y un incremento en los factores de riesgo para madres, niños y población vulnerable.
En relación con los datos actuales, Petro describió la tendencia de la mortalidad en el departamento diciendo que “la tasa perinatal del Chocó, del 2022 al 2025, refleja una leve reducción de fallecimientos, pero no es suficiente”. De esta manera, expuso que los avances en los indicadores no corresponden aún a las expectativas del Gobierno, lo que justifica la intervención anunciada. Esa misma noche, el presidente reiteró la decisión de avanzar en una política de vigilancia intensiva y orientación directa en los territorios donde los resultados han quedado rezagados.
El presidente reiteró que no se trata de una acción intimidatoria, sino de una colaboración con las autoridades territoriales para transformar el panorama sanitario de la región.
La estrategia propuesta implica el fortalecimiento de los equipos médicos, la mejora de la infraestructura existente y el abastecimiento continuo de medicamentos e insumos. Petro insistió en que estos cambios requieren asumir la responsabilidad estatal de forma directa y dejar atrás modelos en los que la intermediación financiera y administrativa haya impedido la atención oportuna en las regiones periféricas.
Estas acciones se desarrollan en un contexto de debate nacional sobre el modelo de salud. Petro defendió la necesidad de asumir la gestión pública como un compromiso con la equidad y la justicia social. Resaltó que la vigilancia y el acompañamiento del Estado permitirán garantizar la reducción sostenida de la mortalidad y el acceso a servicios básicos, especialmente en departamentos donde la brecha persiste.
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