Las Fuerzas Militares radicaron una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación por el secuestro de 33 militares ocurrido en el municipio de El Retorno, departamento del Guaviare.
Según el reporte, la denuncia fue interpuesta por los delitos de secuestro simple, asonada y obstrucción a la función pública, en contra de los civiles que habrían participado en la retención de los uniformados.
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El hecho se presentó mientras las tropas adelantaban operaciones en la zona, cuando un grupo de personas impidió el desarrollo de las labores militares y procedió a retener a los efectivos. En un comunicado, las Fuerzas Militares calificaron lo ocurrido como “una grave violación a los Derechos Humanos y un flagrante desconocimiento del Derecho Internacional Humanitario, principios que regulan los conflictos armados y que los grupos armados organizados infringen reiteradamente mediante la instrumentalización de la población civil”.
El pronunciamiento oficial enfatizó además que se trató de “un acto cobarde” contra la vida e integridad de los soldados. “Los responsables deberán responder ante la justicia por estos delitos, que no solo vulneran los derechos fundamentales de nuestros uniformados, sino que también afectan la estabilidad y la paz de las comunidades del departamento del Guaviare”, añadió la institución.
En medio de las operaciones adelantadas, las Fuerzas Militares reportaron un hallazgo adicional, la recuperación de una menor de edad que, según la información recabada, hacía parte de la estructura armada bajo el mando de alias Iván Mordisco.
“La menor fue puesta a disposición de la Policía de Infancia y Adolescencia y se instauró la respectiva denuncia por reclutamiento ilícito, delito perpetrado por integrantes de la subestructura Martín Villa. Este hecho evidencia, una vez más, los engaños y prácticas criminales de los Grupos Armados Organizados, quienes violan la prohibición internacional y nacional de reclutar o utilizar niños, niñas y adolescentes en hostilidades, lo cual constituye un crimen de guerra”, señaló el comunicado.
De acuerdo con las autoridades, la operación militar, apoyada con inteligencia de la Policía, permitió además la neutralización de varios integrantes de la estructura armada y la incautación de material de guerra e intendencia. La investigación en la Fiscalía continúa, mientras las Fuerzas Militares advirtieron que mantendrán la ofensiva en la zona para evitar nuevas acciones de presión por parte de los grupos armados que operan en el Guaviare.
Las autoridades no revelaron hasta el momento la identidad de los responsables ni el número exacto de personas que participaron en la retención. La Fiscalía será la encargada de adelantar las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del caso y determinar responsabilidades penales.
Este episodio se suma a las tensiones que persisten en varias zonas del sur del país, donde las Fuerzas Militares mantienen operaciones de control territorial. La institución reiteró que no permitirá que se obstruyan sus labores y que actuará conforme a la ley para garantizar la seguridad y la presencia del Estado en el Guaviare.
La respuesta del Ministerio de Defensa
El secuestro de militares en la zona rural de El Retorno, Guaviare, desató una contundente reacción del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que calificó lo ocurrido como un “grave y aberrante delito” y lanzó un ultimátum a los responsables.
En un mensaje público, el ministro dejó claro que no se aceptarán eufemismos para justificar la retención de los uniformados: “No pueden continuar cometiendo este grave y aberrante delito secuestrando a nuestros militares en el área rural del retorno Guaviare, haciéndolo unas personas de civil que dicen que están haciendo un cerco humanitario o dándole nombres a lo que no corresponde. Esto es un secuestro y es extorsivo, pues además están exigiendo algo a cambio y obligando a que nuestros militares omitan con el cumplimiento de su deber constitucional”.
Sánchez informó que ya se desplegó buena parte de las fuerzas especiales y que se activó la posibilidad de enviar unidades adicionales, como el Undemo, además de tropas convencionales. “Podemos ser pacientes en el diálogo, pero no tolerantes con el crimen o el delito. Quien ataca a un soldado o a un policía está atacando a Colombia y está atacando al Estado social de derecho”, afirmó.
Finalmente, exigió la liberación inmediata de los militares y advirtió que si no se concreta de manera voluntaria, el Estado actuará: “Emplearemos todo el Estado respetando siempre los derechos humanos y el derecho internacional humanitario para liberar a nuestros soldados secuestrados”.
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