El senador Alberto Benavides, integrante del Pacto Histórico, oficializó el retiro de los proyectos de ley 057 y 058 de 2025, que proponían la vigilancia y control estatal sobre las iglesias, pero, además, el reconocimiento legal de las prácticas espirituales ancestrales como parte de la libertad religiosa y de cultos en Colombia.
La decisión, comunicada por el mismo Benavides a través de un comunicado, respondió a la presión ejercida por líderes del sector interreligioso y diversos sectores del Congreso.
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En la notificación formal enviada a la Secretaría del Senado, Benavides expuso: “retiré el Proyecto de Ley No. 058 de 2025 Senado... mediante el cual se dictan disposiciones sobre la vigilancia y control de las entidades religiosas que ejercen actividades propias de las iglesias y demás confesiones religiosas en Colombia y se reconocen las prácticas espirituales ancestrales como expresión legítima de la libertad religiosa y de cultos en Colombia”.
La actual decisión fue celebrada por la senadora Lorena Ríos Cuéllar, reconocida defensora de la libertad religiosa, que expresó: “¡LO LOGRAMOS! Celebro con firmeza el ARCHIVO de los proyectos de ley 057 y 058 de 2025 que atentaban contra nuestro #derechoacreer en Colombia", dijo la senadora.
“Es un triunfo del sector religioso, de las iglesias que se unieron en convocatoria, oraron y también mostraron las preocupaciones de que se quiera modificar la Ley de Libertad Religiosa y de Cultos sin el concurso del sector religioso del país”, aseguró también la funcionaria.
“Este es el resultado que desde el día uno se logró, junto con los líderes del sector interreligioso, reunión con el autor, y por supuesto, la oración que cada uno elevó a Dios. Este acto reafirma la importancia de proteger la libertad religiosa como un pilar esencial de nuestra Constitución y la defensa histórica que he hecho por tantos años, ahora desde el legislativo. Seguiré insistiendo en la defensa permanente de nuestro derecho fundamental, recordando que ninguna iniciativa legislativa puede ser inconstitucional ni inconveniente frente a la defensa de nuestra fe”, agregó en las redes sociales.
El proyecto de ley despertó el temor de las comunidades religiosas del país
El Congreso colombiano se encontraba discutiendo los dos proyectos de ley que, además, encendieron el debate sobre la libertad religiosa y el alcance del reconocimiento estatal a prácticas ancestrales, como la santería y la brujería.
Según advirtieron grupos evangélicos de Urabá, la iniciativa más polémica —el proyecto 058 impulsado por el senador Alberto Benavides del Pacto Histórico— propone reformar el artículo 5 de la Ley 133 de 1994 para eliminar las restricciones que excluyen del concepto de religión a prácticas como el satanismo, la brujería y los fenómenos parapsicológicos.
De aprobarse el cambio, “los ritos que hacen entrarían en categoría de libertad religiosa”, señalaron desde el sector cristiano. El Comité Intersectorial de Libertad Religiosa del Distrito de Turbo envió una carta a siete congresistas del Pacto Histórico para pedir el retiro de los proyectos 057 y 058, argumentando que podrían legitimar formalmente creencias y costumbres que muchas comunidades consideran peligrosas o incompatibles con el marco religioso.
El pastor Faber Róvira Rivas expresó su inquietud porque “esto daría pie a que se dé reconocimiento legal a alguien que practique brujería, a que los ritos que hacen entrarían en categoría de libertad religiosa. Inclusive, hay personas que consultan eso para hacerle daño a otras personas…”
Por su parte, Laureano Saavedra, de la Mesa Departamental de Libertad Religiosa de Antioquia, destacó que la ley vigente protege la salud y el bienestar social, por lo que eliminar los límites supondría un retroceso y “pondría en la misma categoría prácticas religiosas y expresiones consideradas profanas por muchos sectores”.
Los autores de la reforma, sin embargo, argumentan que el objetivo es garantizar que los pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y otros sectores puedan ejercer sin restricciones sus cosmovisiones espirituales, como reconoce el artículo 19 de la Constitución.
A la par, el proyecto 057 busca establecer mecanismos de inspección estatal a través del Ministerio del Interior sobre las entidades religiosas, como la supervisión de registros contables y beneficios tributarios, así como la potestad de suspender personerías jurídicas en casos graves. Para los líderes cristianos, esto representa un riesgo de intromisión en la autonomía y el funcionamiento de las comunidades de fe.
Ante la controversia, el ministro del Interior Armando Benedetti aseguró tras reunirse con líderes religiosos que el Gobierno no respalda estas iniciativas: la fe, dijo, “constituye un derecho fundamental y no una concesión del Estado”.
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