El páramo de Santurbán, uno de los ecosistemas más importantes del país por abastecer de agua a más de 2,3 millones de personas en Santander y Norte de Santander, volvió a ocupar la agenda nacional. Hace un mes, el Tribunal Administrativo de Santander sorprendió con un fallo en el que lo declaró “sujeto de derechos”, una decisión celebrada como histórica por colectivos ambientales y también cuestionada por mandatarios locales que se sintieron presionados por las obligaciones que imponía. Ahora, el Ministerio de Ambiente decidió apelar la sentencia.
La apelación, presentada el 21 de agosto, no busca frenar la protección del páramo ni dar marcha atrás en su reconocimiento, sino precisar cómo se deben aplicar las órdenes judiciales. Desde la cartera se explicó que se trata de una acción “técnica y constructiva” que pretende asegurar que el fallo sea viable en la práctica, con lineamientos claros y ajustados a la normatividad ambiental vigente. De hecho, antes de acudir a esta figura, el ministerio radicó una solicitud de aclaración, pero el tribunal la rechazó al considerar que los puntos planteados no eran objeto de ese recurso.
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El centro de la controversia está en la orden que obliga a los municipios de Vetas, California y Suratá a modificar en seis meses sus Planes de Ordenamiento Territorial para excluir de cualquier actividad urbana, agropecuaria o minera las áreas delimitadas como páramo. Para algunos actores locales, esa disposición es poco realista.
Fabio Maldonado, director de Consotonorte, agremiación que reúne a empresarios, campesinos, mineros y ganaderos de la provincia Soto Norte, lo expresó así: “Es un poco absurdo que la sentencia les dé seis meses a los alcaldes para que tomen medidas de protección, cuando hay una sentencia de la Corte Constitucional (T-361) que obliga al Ministerio de Ambiente a hacer una nueva delimitación y a garantizar la protección del páramo, que lleva ocho años en proceso. Le están pidiendo a los alcaldes que hagan en seis meses lo que el Ministerio no ha podido hacer en ocho años”, afirmó a El Espectador.
Con la apelación, el Ministerio de Ambiente planteó ocho aspectos que, en su criterio, deben ser revisados. Entre ellos, que quede claro que la protección recae sobre el páramo como tal y no sobre las zonas de transición o amortiguación, ya que estas categorías no existen en la legislación ambiental. También solicitó que se armonice el fallo con medidas ya adoptadas, como la declaratoria en marzo de la Zona de Reserva de Recursos Naturales de carácter temporal, y que los plazos de implementación sean modulados, de manera que las órdenes entren en vigor una vez culmine la delimitación participativa que la Corte Constitucional ordenó en 2017 y que aún no se ha completado.
Mientras tanto, en el plano social y político, el fallo del tribunal despertó sentimientos encontrados. Para las organizaciones ambientalistas, el reconocimiento de Santurbán como sujeto de derechos es un paso enorme en la defensa de la naturaleza, pues abre una herramienta jurídica para blindar el páramo de proyectos extractivos. Sin embargo, en la región persisten las dudas sobre cómo se compatibilizarán esas obligaciones con las dinámicas locales y con las necesidades económicas de las comunidades, que en buena parte dependen de actividades como la minería o la agricultura.
La ministra encargada, Irene Vélez Torres, quiso dejar claro que la protección del páramo no está en discusión. “Santurbán tiene voz propia desde hoy. Es un símbolo del agua, la vida y la dignidad ambiental. Como ministerio asumimos el deber de cuidarlo con la fuerza de la ley y el compromiso político con el territorio”, afirmó.
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