El 21 de agosto de 2024, un helicóptero del Ejército Nacional de Colombia fue derribado en el municipio de Amalfi, ubicado en el noreste de Antioquia, en un atentado atribuido al uso de un dron cargado con explosivos.
El ataque que dejó 13 víctimas, ocurrió mientras la tripulación realizaba operaciones en la región, un área históricamente afectada por la presencia de grupos armados ilegales y organizaciones criminales.
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Las imágenes tomadas en el lugar muestran la aeronave completamente calcinada y destruida, con restos dispersos en la zona de impacto, así como la presencia de personal militar realizando labores de aseguramiento y recuperación en el terreno.
Según las autoridades, la hipótesis principal señala que un dron fue empleado para detonar explosivos cerca del helicóptero durante el vuelo o en el procedimiento de aterrizaje. Producto de la explosión y del incendio posterior, la aeronave quedó reducida a chatarra, sin posibilidad de recuperación.
El ataque habría sido perpetrado por estructuras residuales de las antiguas Farc o por integrantes del Clan del Golfo, que mantienen disputas por el control territorial y de economías ilegales en el sector de Amalfi. Si bien ninguna organización ha reivindicado oficialmente el atentado, autoridades militares y de policía manejan como principal pista la utilización de tecnología de drones modificados para fines ofensivos, una táctica que ha surgido en conflictos contemporáneos y representa una amenaza creciente para las operaciones oficiales en zonas rurales.
Reporte del director de la Policía Nacional de Colombia, brigadier general Carlos Fernando Triana
La mañana del viernes 22 de agosto, el alto oficial brindó declaraciones desde Antioquia, donde adelantan investigaciones para dar con los hombres al mando de alias Calarcá.
Con la voz entrecortada, Triana dijo: “Trece policías... que forman parte de un grupo de policías profesionales en el programa de la erradicación de cultivos ilícitos. Estaban erradicando en el norte, en el nordeste del departamento de Antioquia, y el frente 36 de las Farc accionó de forma demencial: artefactos explosivos, uso de drones, tatucos, en contra de la integridad de nuestros policías”.
A raíz de lo anterior, “el resultado es de trece héroes de la Patria (...) Eso sucede a las diez y treinta de la mañana, ayer (21 de agosto), por ende, la Policía Nacional de los Colombianos está de luto. Toda nuestra solidaridad con sus respetadas familias, con el compromiso de dar con el paradero de estos criminales, que no son otra cosa que vulgares narcotraficantes, terroristas, que hoy se manifiestan de forma cobarde y que enlutan a la Policía Nacional, a las familias de los trece héroes de la patria, por las acciones indiscriminadas y el uso de explosivos a través de diferentes metodologías y modalidades criminales”.
Pronunciamientos de otros altos cargos
La destrucción del helicóptero y la letalidad del atentado han motivado pronunciamientos del alto mando militar y del Gobierno nacional, que reiteraron la firmeza de las Fuerzas Armadas frente a acciones terroristas de esta naturaleza. Asimismo, se ordenó el refuerzo de las operaciones de inteligencia y contraofensiva en el departamento de Antioquia, priorizando la ubicación de los responsables intelectuales y materiales del ataque, así como el rastreo de rutas de ingreso y empleo de drones en la región.
El Ministerio de Defensa y la Fiscalía General de la Nación anunciaron la apertura de investigaciones formales y solicitaron la colaboración ciudadana para obtener información sobre movimientos sospechosos en las inmediaciones de la zona afectada en Amalfi. Las autoridades recalcaron que se mantiene la alerta ante la posibilidad de nuevos atentados en el noreste antioqueño y en otros corredores estratégicos del país, especialmente mediante el uso de dispositivos de control remoto como drones armados, cuya proliferación podría incidir en la dinámica de la seguridad nacional.
El atentado del 21 de agosto en Amalfi se inscribe dentro de una escalada de violencia en las últimas semanas en Antioquia, donde se ha reportado un incremento de los ataques contra personal militar y policial, así como de acciones de sabotaje a la infraestructura estatal, atribuidos a la presión de grupos ilegales vinculados al narcotráfico y la extorsión.
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