Nicaragua negó la extradición del exdirector del Dapre y Armando Benedetti calificó la decisión como “inamistosa” y “agresiva”

El gobierno de Nicaragua comunicó oficialmente que no concedería la extradición de Carlos Ramón González, exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), solicitado por las autoridades colombianas en el proceso relacionado con presuntas irregularidades en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd); sin embargo, esta medida provocó una reacción inmediata por parte del ministro del Interior, Armando Benedetti, que expresó su rechazo a la postura del país centroamericano.

El jefe de cartera aseguró que la negativa de Nicaragua representaba un gesto contrario a lo que debería esperarse entre Estados que mantienen tratados en materia de extradición. Durante su pronunciamiento dijo de manera textual que, “si el presidente (Gustavo Petro) pide la extradición a alguien, a cualquier país, en el cual existen tratados y ese país no corresponde a ese pedido de extradición, es algo inamistoso, agresivo que no debe pasar (...) Habrá que revisar qué pasa con las relaciones diplomáticas después de esto”.

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Armando Benedetti destacó que la decisión generaba interrogantes sobre la cooperación internacional en procesos judiciales y sobre la disposición de algunos países para responder a los compromisos adquiridos en materia de justicia.

Exdirector del Dapre fue señalado por la Fiscalía de participar en red de corrupción en la Ungrd

Carlos Ramón González fue señalado por la Fiscalía General de la Nación de intervenir en el reparto irregular de cerca de $70.000 millones en contratos desde la Ungrd. Según la imputación, los recursos se habrían direccionado con el fin de garantizar apoyos políticos a favor de proyectos de ley del Gobierno en el Congreso, por lo que los delitos que enfrenta son cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos, todos relacionados con un presunto esquema de corrupción que involucró a funcionarios y congresistas en el periodo 2023-2024.

El proceso avanzó con la expedición de una orden de captura emitida el 3 de julio de 2025 por el Tribunal Superior de Bogotá. Desde entonces, la Fiscalía solicitó que González fuera enviado a prisión y estudia la posibilidad de emitir una circular roja de Interpol para lograr su detención internacional. A pesar de las acusaciones, González se declaró inocente y se mantiene fuera de Colombia.

Paralelamente, se conoció que el exdirector del Dapre reside en Nicaragua desde noviembre de 2024, país en el que solicitó y obtuvo asilo político, según documentos revelados.

Esta situación generó un escenario diplomático entre Bogotá y Managua, luego de que la Embajada de Colombia en Nicaragua tramitara la renovación de su residencia y de que el presidente Gustavo Petro confirmara públicamente que la justicia colombiana había pedido su extradición. Pese a ello, Nicaragua negó la solicitud, lo que abrió un nuevo capítulo en el caso que mantiene a González en el centro del escándalo de corrupción más relevante del Gobierno nacional.

Cuáles son los argumentos de Nicaragua

La posición del Gobierno nicaragüense quedó consignada en una comunicación oficial en la que se informó que se concedió asilo político a González. En el documento se puede leer: “Toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero en caso de persecución por delitos políticos o comunes conexos con los políticos y de acuerdo con la legislación de cada Estado y los Convenios Internacionales”.

Con esta decisión, Nicaragua argumentó que la solicitud de extradición no procedía debido a que González contaba con la condición de asilado, lo que le otorgaba protección frente a posibles procesos judiciales que el país consideró de carácter político.

De igual manera, las autoridades precisaron que no existe posibilidad de que el exdirector del Dapre sea deportado del país centroamericano: “En ningún caso el extranjero puede ser expulsado o devuelto a otro país, sea o no de origen, donde su derecho a la vida o la libertad personal está en riesgo de violación a causa de raza, nacionalidad, religión, condición social o de sus opiniones políticas”.