Defensora del Pueblo alertó por falta de recursos para reparar a las víctimas del conflicto armado: “Son insuficientes”

Los esfuerzos del Estado colombiano por indemnizar a todas las víctimas del conflicto armado colombiano, que han enfrentado asesinatos, desapariciones forzadas, violaciones, desplazamientos y secuestros, no son suficientes. Así lo explicó la defensora del Pueblo, Iris Marín, en la presentación de informes de seguimiento a la Ley de Víctimas (Ley 1448 de 2011).

De acuerdo con la funcionaria, el dinero destinado a la reparación integral de las víctimas debe ser mayor, por lo que insistió en la necesidad de hacer una revisión presupuestal que se ajuste con la realidad de la situación. Pues, según el Registro Único de Víctimas (RUV), en Colombia hay más de 10 millones de víctimas identificadas, y el 16% de ellas hace parte de alguna etnia.

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Esa cantidad de sobrevivientes del conflicto no podrá ser indemnizada en su totalidad, pese a que la Ley de Víctimas empezó a ponerse en marcha hace 14 años y, además, continuará siendo ejecutada por otros seis años más.

“Aunque la vigencia de la ley fue extendida hasta el 2031, los recursos disponibles son insuficientes para cubrir la magnitud de los derechos de las víctimas y es necesario hacer un costeo y planeación honestas, que respondan a las expectativas de las víctimas”, detalló la defensora del Pueblo.

La funcionaria indicó que en el Conpes 4031 de 2021 se estableció un presupuesto destinado a la reparación de las víctimas que no va a alcanzar para garantizar el cubrimiento de todas las personas para 2031. De hecho, el número de sobrevivientes que llegaría a ser cobijado con una indemnización estatal sería muy pequeño en comparación con la cantidad de ciudadanos identificados como víctimas en el RUV.

“Al finalizar la vigencia se habrá indemnizado a aproximadamente 2.150.000 víctimas, de un universo que podría ser casi cuatro veces mayor”, aclaró la defensora.

Así las cosas, Marín pidió que las peticiones y propuestas de las víctimas, que yacen en el informe que presentó públicamente, sean tenidas en cuenta. Esto, garantizando también la participación de los sobrevivientes en espacios de discusión de la política pública de paz. Adicionalmente, aseguró que es importante continuar con los esfuerzos del Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, de implementar la política de Paz Total, enfocada en el desarrollo de negociaciones con grupos armados.

“Hoy el Gobierno Nacional ha presentado al Congreso de la República un proyecto de ley para dar beneficios penales y una ley de sometimiento para grupos armados ilegales y estructuras de crimen organizado que están en proceso de conversaciones. Esos procesos deben avanzar y seguir adelante”, precisó.

ONU Derechos Humanos pidió aumentar recursos para la Defensoría del Pueblo

Además de la necesidad de garantizar más dinero para la atención de víctimas, hay una alerta por el respaldo económico para la Defensoría del Pueblo. Por medio de un comunicado, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió al Gobierno nacional y al Congreso de la República evitar recortes al presupuesto de la entidad. Aseguró que, más bien, se debe fortalecer a la Defensoría, puesto que está encargada de la protección de los derechos humanos en el país, en cumplimiento de los Principios de París.

“Recortar el presupuesto de la Defensoría del Pueblo es también reducir la posibilidad de acceso y garantía de los derechos humanos de millones de personas, sobre todo de las que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad ante las violaciones de sus derechos humanos. Llamo al Gobierno y al Congreso a fortalecer el presupuesto de la Defensoría del Pueblo para hacer su mandato de prevención, protección y promoción más fuerte y eficaz”, explicó el representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Scott Campbell, citado en un comunicado.