
El atentado de un camión con explosivos contra la Base Aérea Marco Fidel Suárez en Cali, que dejó muertos, heridos y un panorama de destrucción, generó un fuerte pronunciamiento de varios precandidatos presidenciales, quienes coincidieron en que el país no puede seguir cediendo ante el terrorismo y reclamaron un viraje en la estrategia de seguridad del actual Gobierno.
Mauricio Lizcano calificó en Noticias Caracol de psicópatas a los responsables de los ataques y aseguró que la ciudadanía está cansada de “falsas promesas y buenas intenciones”. Propuso un gran pacto nacional contra el terrorismo y pidió redoblar la seguridad en las principales ciudades. “El terrorismo no se enfrenta con discursos, se enfrenta con firmeza. Condeno y rechazo lo ocurrido en Cali y expreso toda mi solidaridad con las víctimas”, afirmó.
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Señaló que se debe “acabar con la Paz Total”, a la que responsabilizó de dar aire a los grupos armados. Planteó la creación de bloques de búsqueda, un aumento de recompensas y el regreso de militares a las calles en zonas críticas. “Tenemos un grave problema de inteligencia. No puede ser que en un solo día haya más de 15 ataques y nadie lo prevenga”, advirtió.
El excontralor Carlos Felipe Córdoba también rechazó la política de paz total y aseguró que en su eventual gobierno no tendría cabida. Planteó construir cárceles de máxima seguridad al estilo de Bukele, llamar a la reserva activa de las Fuerzas Militares y recuperar más de 80.000 hombres retirados tras el proceso de paz de 2016. “No podemos seguir tolerando que una minoría de bandidos tenga sometido a un país de 52 millones de colombianos”, dijo con contundencia en el medio antes mencionado.

La exalcaldesa de Bogotá Claudia López fue enfática en pedir al Congreso que niegue el proyecto del presidente Gustavo Petro que pretende otorgar estatus político a grupos armados. Propuso además una contribución económica de los sectores más pudientes para fortalecer la Fuerza Pública, la creación de una fiscalía antimafia y nuevas cárceles para desmantelar el poder financiero del crimen organizado. “Esto no se resuelve con trinos, sino con plata y con hechos. No podemos seguir dándoles gabelas judiciales y políticas a quienes ponen bombas en nuestras ciudades”, señaló.

La senadora y precandidata María Fernanda Cabal arremetió contra el presidente Gustavo Petro, señalando que su política de paz permitió que los terroristas se expandan por el territorio. “¿Cuántos atentados más, cuántos muertos más necesita Gustavo Petro para que entienda que la paz total es la destrucción de Colombia, que le regaló los corredores territoriales a los terroristas? Cali no aguanta más”, dijo, reclamando la compra urgente de equipos antidrones y el fortalecimiento de la Fuerza Pública.

El exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón también se refirió al tema y expresó su indignación por los ataques simultáneos en Cali y Antioquia. “Causa indignación y dolor el asesinato de nuestros policías. Lo que quiere el narcocomunismo es someter al pueblo colombiano”, afirmó. Denunció que los grupos criminales usan drones adquiridos con recursos del narcotráfico y la minería ilegal para atacar aeronaves y señaló que las Fuerzas Armadas hoy “no tienen moral, ni recursos, ni capacidades”. “El pueblo colombiano ya derrotó antes a la criminalidad, lo tenemos que volver a hacer fortaleciendo nuestras capacidades”, concluyó.

El exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas se sumó a las críticas señalando que la paz total derivó en inseguridad y caos en el país. “La política de paz total ha resultado en una política de caos total, inseguridad total. No más suspensión de órdenes de captura, no más protección a los criminales. Que los cabecillas de grupos armados vuelvan a la cárcel”, exigió. Cárdenas advirtió que organizaciones como el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc y el ELN “no buscan propósitos políticos, solo enriquecerse”. Y pidió al presidente Petro “dejar de ser obtuso” y poner a Colombia por encima de ideologías.

El también precandidato David Luna manifestó en el mismo medio que la violencia en Cali y Antioquia es consecuencia directa de los decretos de cese al fuego firmados en diciembre de 2022. “El presidente Petro debe despertar y salir a defender a la sociedad civil y a la fuerza pública. Lo que pasó en Amalfi y en Cali no tiene perdón de Dios”, afirmó. Luna acusó al Gobierno de “connivencia con organizaciones terroristas” y advirtió que no se puede otorgar estatus político a bandas criminales. “El ELN no es un grupo guerrillero, es una banda de narcos. Llegó el momento de hablarle claro a la sociedad: o estamos contra la delincuencia, o el Estado se entrega a ella”, enfatizó.

Otro que rechazó el ataque fue Aníbal Gaviria, que expresó solidaridad con las víctimas y las Fuerzas Armadas, y pidió una respuesta “rápida y contundente” del Gobierno. Según dijo, es necesario no solo capturar a los responsables, sino también tomar medidas eficaces para prevenir futuros ataques. Gaviria aprovechó para criticar la política de Paz total, la cual, aseguró, “fue un fracaso anunciado que debilitó a las instituciones y fortaleció a los grupos criminales”.

De llegar a la presidencia, Gaviria aseguró que sus primeras decisiones serían acabar con la política de Paz Total, fortalecer la fuerza pública, incluso con un llamado a las reservas, y trabajar de manera articulada con gobernadores y alcaldes para construir un frente común contra la criminalidad. También advirtió sobre la creciente amenaza del uso de drones por parte de grupos ilegales, por lo que propuso establecer convenios con países que cuenten con la tecnología necesaria para contrarrestar esos ataques.
Camilo Romero también reaccionó al atentado en Cali asegurando que el trasfondo de la crisis de seguridad en Colombia es el narcotráfico. Según dijo, los ataques son una respuesta de grupos criminales golpeados por el Estado, pero insistió en que seguir enfrentando el problema con más armas no dará resultados distintos. “No conozco ninguna política pública más fracasada en la historia de la humanidad que la llamada lucha contra las drogas”, afirmó, al tiempo que cuestionó intentos de revivir fórmulas como el Plan Colombia.

Romero planteó que la salida debe ser estructural y pasa por abrir un debate global sobre la legalización de las drogas, con corresponsabilidad internacional frente a la demanda. “Aquí ya Colombia ha puesto todos los muertos, nuestro territorio ha puesto todo el sufrimiento. Así que plantearnos una estrategia distinta es una obligación moral”, señaló. Además, expresó solidaridad con las víctimas y rechazó “la utilización política de estos hechos para vender seguridad como propuesta, cuando ya sabemos que ese no es el camino”.
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