Homicidio de líder social en Colombia eleva a 101 las víctimas en el país: Álvaro Roncancio ya había denunciado amenazas de muerte

El viernes 15 de agosto de 2025 se reportó el crimen del líder social Álvaro Roncancio Aguirre, presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento de Tenjo y reconocido líder social del municipio de Palmira, Valle del Cauca.

El crimen se perpetró en el sector de Bulevar de la Carbonera, en la zona urbana de Palmira, luego de que sicarios que iban a bordo de una motocicleta, y que lo venían siguiendo, impactaron de bala en varias ocasiones a Roncancio, de 64 años y que conducía una camioneta de color gris y murió tras ser remitido a un centro asistencial. El hecho ocurrió a la altura del barrio Zamorano.

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El hecho fue reportado por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), y en su publicación hecha a través de sus cuentas en redes sociales, precisó que el número de líderes, lideresas sociales y defensores de los derechos humanos asesinados en Colombia se elevó a 101 durante lo que va de 2025.

Noticias Radio Reloj Cali recogió las declaraciones del personero municipal de Palmira, William Andrey Espinosa Rojas, en las que se alertó el recrudecimiento de la violencia en regiones marcadas por el conflicto armado, como es el caso del Valle del Cauca, vecina a otros tres departamentos que sufre este flagelo: Cauca, Chocó y Nariño.

El líder social asesinado en Palmira ya había denunciado amenazas de muerte: Álvaro Roncancio no es el único

Roncancio había sido desplazado de la zona rural donde residía a raíz de reiteradas amenazas contra su vida. Según la Defensoría del Pueblo, existían alertas tempranas (AT) sobre riesgos concretos para quienes ejercen liderazgo social en el municipio.

La AT 010/24 y la AT 019/23, advertían sobre la presencia de organizaciones ilegales y las condiciones de inseguridad a las que se enfrentan los defensores de derechos humanos en la región.

El personero expresó su rechazo ante lo ocurrido. “Repudiamos este hecho, una situación que nuevamente afecta el liderazgo social en Palmira. Álvaro Roncancio dedicó muchos años como presidente de la Junta de Acción Comunal y trabajó en defensa de su comunidad. Había denunciado amenazas ante la Fiscalía y la Personería Municipal”, afirmó Espinoza a Noticias Radio Reloj Cali.

Además, el funcionario destacó que la situación de violencia en la zona rural, y sobre todo en sectores como Tenjo, Calucé o Potrerillo, afecta de forma sistemática a líderes sociales y familiares.

De acuerdo con el informe de Indepaz y las declaraciones que dio a la opinión pública su director, Leonardo González Perafán, “en las áreas rurales de Palmira operan grupos armados ilegales como el Frente 57 Yair Bermúdez, la Columna Móvil Adán Izquierdo del Bloque Central Estado Mayor Central (EMC) y varias bandas de alcance local”.

La presencia de estas estructuras aumenta los riesgos para quienes mantienen actividades de defensa de derechos y liderazgo social, agregó González, y precisó además que estas zonas se encuentran bajo jurisdicción de la Tercera División del Ejército Nacional de Colombia.

Pese a amenazas contra su vidas en la región, líderes sociales en Valle del Cauca no reciben esquemas de seguridad

Entretanto, el personero de Palmira señaló que, además de Roncancio, existen otros líderes que han informado amenazas sin recibir esquemas de seguridad efectivos.

“Son varios líderes sociales, hombres y mujeres, quienes han puesto en conocimiento de la Fiscalía y la Policía su situación de riesgo. Ninguno cuenta con un esquema que realmente ofrezca garantías para su vida”, declaró Espinoza durante la entrevista.

Las autoridades reiteraron la necesidad de que entidades nacionales como la Unidad Nacional de Protección, el Ministerio del Interior y la Defensoría del Pueblo coordinen acciones para proteger a quienes promueven la defensa de derechos y la convivencia comunitaria en Valle del Cauca y otras zonas afectadas alrededor de esta departamento ubicado en la región Pacífica colombiana.

El caso de Álvaro Roncancio permanece bajo investigación de la Fiscalía General de la Nación.

El llamado al Gobierno para que se tomen acciones

Entre las solicitudes expresadas por organizaciones y autoridades locales, persiste el llamado a revisar y reforzar las alertas tempranas existentes para prevenir asesinatos de personas dedicadas al liderazgo social.

El informe de Indepaz y las declaraciones recogidas el medio caleño, coinciden en señalar un incremento de la violencia contra líderes sociales.

Antes del caso de Roncancio (101), la víctima 100 fue Jhon Esneider Pabón Osorio, “reconocido líder social y campesino, perteneciente a la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo (Asuncat) y defensor de los derechos de las comunidades de Tibú, Norte de Santander”, señaló en otra de sus publicaciones Indepaz en redes sociales, tras confirmarse que este caso ocurrió un día antes que el de su colega, el jueves 14 de agosto de 2025.

Polémica en Santander por la pena que recibió el asesino de la líder social Yamile Guerra en Floridablanca

Este caso que se dio con pocas horas de diferencia se conoció el mismo día que un juez condenó a 38 años y medio de prisión a Carlos Julio Vázquez Díaz por el asesinato de Yamile Guerra, líder social asesinada el 20 de julio de 2019 en Floridablanca, Santander.

El fallo tipificó los hechos como homicidio agravado y feminicidio, aunque Vázquez Díaz permanece prófugo y las autoridades solicitaron a Interpol la emisión de circular roja para su captura.

La familia de la víctima señaló retrasos e irregularidades judiciales que permitieron la libertad del acusado, enfatizando que la presión mediática fue determinante para reactivar el proceso.

De acuerdo con la investigación, Guerra fue asesinada mientras defendía una finca familiar invadida; y el crimen habría sido ordenado por personas interesadas en el predio que le ofrecieron al sicario dinero y un lote a cambio de realizar el trabajo, precisó Oro Noticias TV.

La Fiscalía y la Procuraduría apelaron la decisión para solicitar una pena mayor, mientras los familiares consideran que la condena constituye un avance en la búsqueda de justicia.

Asimismo, no solo las autoridades, sino los mismos usuarios en redes, han dejado mensajes de rechazo a la pena, que han considerado como “irrisoria” y “desproporcionada”