El representante a la Cámara Duvalier Sánchez, de la Alianza Verde, denunció que la Fundación Universidad del Valle (Fundación Univalle) sería parte de un entramado de corrupción que salpica a Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle de Cauca. De acuerdo con el congresista, se estarían adjudicando, por medio de la fundación, millonarios contratos a dedo y a personas que tienen cuentas pendientes con la justicia.
De acuerdo con su página web, la Fundación Univalle se constituyó en 1992 como una entidad cuya participación mayoritaria es pública, lo que le permite celebrar convenios y contratos inter administrativos, en apoyo a la institución de educación superior pública que lleva el mismo nombre. Adicionalmente, explican que a lo largo de su trayectoria han consolidado su experiencia en la ejecución y financiación de proyectos que apoyan actividades de investigación de entidades públicas y privadas del departamento.
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A través de sus redes sociales, Sánchez publicó un video en el que detalla la investigación que adelantó y que podría en juego el nombre, la credibilidad y el prestigio de la Universidad del Valle a través de millonarios negocios con la Gobernación del departamento que involucran recursos asignados desde el Sistema General de Regalías.
De acuerdo con el congresista, la Fundación Univalle sería el principal “contratadero” de la gobernadora Toro. Sánchez justificó su explicación en que desde 2015 esa entidad sin ánimo de lucro ha ejecutado 975 contratos de 109 proyectos departamentales equivalentes a $865.000 millones, de los cuales, tan solo en 2024, le fueron otorgados $45.000 millones sin surtir el proceso de licitación correspondiente.
“En diez años, la Fundación ha ejecutado 109 proyectos por más de 865.000 millones de pesos, de los cuales se han derivado 975 contratos. Este periodo de auge boyante de negocios y de contratos coincide con la llegada de la gobernadora al poder. Solo en el último año. En el 2024, la Gobernación le entregó más de 45 mil millones de pesos a la Fundación Universidad del Valle, sin licitación a través de convenios interadministrativo“, explicó el congresista.
Según explicó el representante, con la adjudicación de contratos “a dedo” se estarían saltando los mecanismos establecidos por la Ley 80 que garantiza que los procesos de contratación pública se realicen de manera transparente.
Entre las irregularidades denunciadas por Duvalier se destacan que Carlos Alberto Medina Betancourth, imputado en 2019 por celebración indebida de contratos y falsedad en documento privado, le fueron otorgados 12 contratos, por medio de la fundación, equivalentes a $15.050 millones para realizar labores de interventoría, incluso después de recibir la imputación por parte de las autoridades competentes.
A su vez, denunció a Carlos Alberto Mejía Mosquera, representante legal de la Corporación Sujetos Colectivos e investigado disciplinariamente por la Procuraduría por presuntas irregularidades en proyectos de regalías. Sánchez explicó que Mejía habría recibido 15 contratos, 11 de ellos para adelantar acciones interventoras, por más de $3.200 millones.
Adicionalmente, citó que Carlos Leyva, salpicado en presuntos daños patrimoniales en proyectos viales del Valle del Cauca que aún no se han entregado y cuya interventoría se realizó por medio de la Fundación Univalle, por lo que explicó que los contratos adjudicados para esta labor tendrían como fin secundario ocultar presuntos hechos de corrupción que rodean a la Gobernación en cabeza de Dilian Francisca Toro.
En su denuncia, Sánchez explicó que este modelo de contratación, a través de una entidad en la que la Gobernación tiene participación “cierra la puerta a oferentes externos”, por lo que se facilita que los contratos sean adjudicados “a dedo” y evitando la verificación ciudadana.
Finalmente, destacó que llevará el caso ante los entes de control, por el peligro que suscita para la democracia vallecaucana, y adicionalmente, citará a los implicados a un debate de control político en el Congreso de la República.
“El prestigio de la Universidad del Valle no puede ser moneda de cambio en la corrupción regional. Lo que está pasando con la Fundación es grave para la transparencia y peligroso para la democracia”, finalizó.
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