En las últimas semanas, Ecuador ha deportado a más de seiscientos ciudadanos colombianos en aplicación de una ley aprobada en junio que autoriza la expulsión de prisioneros extranjeros y les prohíbe el reingreso durante 40 años.
Entre los beneficiados se encuentra Fabián Andrés Ceballos, oriundo de Buenaventura, quien recuperó su libertad el pasado 8 de agosto tras seis años de reclusión en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil.
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La medida ecuatoriana busca reducir el hacinamiento y la violencia en sus centros penitenciarios.
De acuerdo con estimaciones citadas por la Cancillería colombiana, entre ochocientos y 1.600 connacionales podrían ser repatriados en esta primera fase.
Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, el proceso se coordina con las autoridades ecuatorianas y se garantiza el respeto de las condiciones dignas durante el traslado.
Ceballos fue detenido en 2019 en Guayaquil, acusado de porte de drogas, cargos que negó y por los que fue condenado a 13 años de prisión, de acuerdo con El Tiempo.
Su detención se produjo durante un operativo policial que buscaba a un medio hermano suyo, con problemas legales en ese país.
Su madre, Martha Lucy Ceballos, recordó que el proceso de repatriación inició el 4 de agosto, cuando su hijo y otros internos fueron llevados a un centro temporal conocido como La Perrera antes de iniciar el viaje hacia la frontera.
En una entrevista con el medio citado, contó que durante los seis años de reclusión debió enfrentar la situación sola, acudiendo a la solidaridad de vecinos y conocidos para poder visitarlo.
“Le doy gracias a Dios por darme la fortaleza para pasar por situaciones que no han sido fáciles. Me tocó salir a la calle a pedir: ‘No tengo dinero, tengo a mi hijo preso en Ecuador, ¿usted me puede ayudar con lo que quiera, con mil, dos mil o tres mil pesos, o me compra esta boleta para un bingo?’”, relató.
Según dijo, cada viaje para verlo significaba un esfuerzo económico enorme y pasar días fuera de casa.
“El sacrificio que he hecho ha valido la pena por mi hijo. Yo parí dos hijos y los parí con dolor. Esto lo hice por el muchachito que yo parí”, afirmó.
El trayecto hacia Colombia incluyó paradas en Ipiales, Pasto y Popayán antes de llegar a Cali, donde Ceballos permaneció tres días.
En Colombia, los repatriados que no tienen procesos judiciales pendientes recuperan la libertad de inmediato, aun si no han cumplido la mitad de sus condenas en Ecuador, como fue su caso.
El 12 de agosto viajó a Buenaventura, donde su madre lo recibió en el barrio Bellavista con la esperanza de que “la pesadilla” hubiera terminado.
El gobierno colombiano indicó que estos traslados continuarán de forma gradual y que se mantienen las gestiones diplomáticas para definir un protocolo permanente con Ecuador.
En respuesta, las cancilleres Gabriela Sommerfeld (Ecuador) y Rosa Villavicencio (Colombia) se reunieron en Quito, en el Palacio de Najas, para analizar la relación bilateral y encauzar los múltiples frentes abiertos.
En el encuentro, se discutieron medidas de seguridad fronteriza y cooperación para enfrentar la delincuencia organizada transnacional, el narcotráfico, la minería ilegal y el terrorismo, así como la migración, movilidad humana, relaciones económicas, transporte de carga e intercambio energético y ambiental.
Ecuador enfatizó la importancia de modernizar corredores logísticos y facilitar el comercio terrestre, buscando generar beneficios para las poblaciones fronterizas.
El presidente Gustavo Petro ha expresado su malestar en X: “Ecuador nos responde con desdén, no está bien”, señalando que la acción ecuatoriana fue unilateral y careció de coordinación con las autoridades colombianas.
El trasfondo inmediato de la crisis se remonta al 15 de julio, cuando más de 600 colombianos privados de la libertad en centros penitenciarios ecuatorianos fueron trasladados hacia la frontera, provocando represamientos en Rumichaca y activando un protocolo especial con Migración Colombia, Cancillería, Fiscalía y la Fuerza Pública.
Según Colombia, Ecuador no coordinó un protocolo de traslado ordenado y notificó un número de personas menor al real (348 frente a 603). La Cancillería emitió una nota de protesta y la canciller Villavicencio supervisó el ingreso y atención de los deportados.
Ecuador rechazó las acusaciones de deportaciones masivas y afirmó que los traslados se realizaron conforme a la ley, el derecho internacional y estándares de derechos humanos, notificando al Consulado colombiano desde el 8 de julio. Colombia intentó negociar un cronograma gradual de entregas, pero no se concretó.
En paralelo, Villavicencio coordinó con la Embajada y los cónsules en Ecuador para garantizar atención a los nacionales afectados.
Se espera que otros 400 colombianos sean repatriados próximamente, manteniendo la atención sobre la frontera y la capacidad de ambos gobiernos para gestionar la situación y evitar una escalada diplomática.
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