Más de veinte integrantes de una misión médica conformada por funcionarios de la Nueva EPS, el Hospital Sur Oriental y la Alcaldía de Toledo fueron retenidos en zona rural del municipio de Toledo, Norte de Santander.
El hecho ocurrió en el corregimiento de Gibraltar, donde miembros de la comunidad indígena u’wa los interceptaron durante una jornada de salud.
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Fueron liberados tras unas horas
Según la información recogida por el medio local Alerta Santanderes, la retención se produjo debido a que la comunidad exigió el cumplimiento en la entrega de medicamentos, compromiso que la misión médica había asumido con anterioridad. No obstante, por medio de medios locales se pudo confirmar que los retenidos fueron liberados, en el mismo corregimiento.
Por medio del medio informativo digital Colmundo Radio, se conoció que la liberación fue posible a partir de diálogos entre líderes de la comunidad U’wa y las autoridades locales.
Incluso, se supo que los profesionales sanitarios y funcionarios de la Alcaldóia de Toledo están fuera de la zona de retención y no resultaron lesionados ni fueron agredidos.
Al no recibir los insumos prometidos, los líderes indígenas decidieron impedir la salida de los profesionales de la salud hasta tanto se concretara la entrega de las medicinas.
La misión médica incluyó a un médico, una enfermera profesional, auxiliares de enfermería y varios funcionarios de la Alcaldía. El grupo cumplía tareas de atención en salud para la población rural, desplazándose a varios kilómetros del casco urbano de Toledo, informó el medio.
Las autoridades municipales y departamentales iniciaron diálogos con la comunidad U’wa, así como gestiones con la Nueva EPS para garantizar el suministro de medicamentos requerido.
En paralelo, avanzaron investigaciones para determinar si detrás de la retención existieron presiones o instrumentalización de los pobladores por parte de actores armados.
Los casos de retenciones y ataques al cuerpo médico en Norte de Santander
Durante 2025 se registraron en Norte de Santander múltiples hechos violentos contra la misión médica, que incluyeron amenazas, restricciones a la movilidad y suspensión de servicios como remisiones y traslados en ambulancia.
Estas situaciones pusieron en riesgo la atención a comunidades vulnerables y llevaron a reiterar llamados al respeto por el Derecho Internacional Humanitario.
De hecho, a inicios de julio de 2025, el Ministerio de Salud alertó a las autoridades nacionales y al Derecho Internacional Humanitario sobre este tipo de retenciones.
El 2 de julio, la cartera informó que, en la región del Catatumbo, “según los reportes recibidos, se han registrado graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), en particular la retención de ambulancias y las amenazas directas al personal de salud del Hospital Regional Emiro Quintero Cañizares, ubicado en Ocaña. Estos hechos obligaron a la Empresa Social del Estado (E.S.E.) Noroccidental La Inmaculada Concepción de Ábrego a suspender el despacho de ambulancias desde los municipios de Convención, San Pablo y Teorama", por ejemplo.
Municipios de la región del Catatumbo, como Hacarí, Convención, Tibú, Teorama, Abrego y Ocaña, también registraron incidentes similares. Las autoridades solicitaron el acompañamiento de organismos internacionales neutros para frenar la cadena de hechos que afecta la garantía del derecho a la salud en las zonas rurales y resguardos indígenas.
La ley colombiana establece que cuerpos sanitarios deben ser respetados
Al respecto, el Ministerio de Salud y Protección Social confirma que la resolución 4481 de 2012 reglamenta “el uso de los emblemas de la misión médica en Colombia, establece que los trabajadores de la salud y relacionados, deben ser respetados y protegidos en todo momento, incluso en el contexto del conflicto armado”.
La cartera, en un comunicado, alegó que la interrupción o el bloqueo del traslado de pacientes representa un grave riesgo para la salud y la vida de las comunidades vulnerables, que dependen de la red hospitalaria pública para recibir atención médica oportuna.
Estos obstáculos afectan especialmente a quienes habitan en zonas alejadas, donde el servicio médico es fundamental para su bienestar.
La violencia ejercida contra el personal de salud agudiza la crisis humanitaria en regiones marcadas por el conflicto armado, según la cartera, y esto hace más difícil el acceso a derechos fundamentales. La presencia de grupos armados ilegales en estas zonas ha limitado históricamente la posibilidad de garantizar servicios esenciales y proteger la vida de quienes más lo necesitan.
“La misión médica actúa bajo principios de humanidad, neutralidad, independencia e imparcialidad. Atentar contra ella es atentar contra el derecho fundamental a la salud”, expresó la institución.
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