El martes 12 de agosto comenzó el juicio contra los generales en retiro de la Policía Nacional Óscar Peláez Carmona —entonces director de la Dijín— y Argemiro Serna Arias —segundo comandante de la Policía de Cundinamarca en 1989—, junto con el exdetective del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) Héctor Ernesto Muñoz, conocido como alias La Bruja.
La Fiscalía los acusa de ser coautores del delito de homicidio con fines terroristas en el atentado del 18 de agosto de 1989 en Soacha, en el que fueron asesinados Galán y sus escoltas Julio César Peñalosa y Santiago Cuervo, y herido Pedro Nel Angulo Bonilla.
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El ente investigador sostiene que en la planeación y ejecución del crimen participaron miembros del cartel de Medellín en alianza con agentes estatales del DAS y la Policía Nacional.
Un caso que lleva décadas en los estrados
El magnicidio de Galán —considerado crimen de Estado por el Consejo de Estado en 2016— ha sido uno de los procesos judiciales más prolongados y complejos en la historia reciente del país. El expediente que hoy enfrenta juicio contra Peláez Carmona y Serna Arias tomó impulso el 31 de mayo de 2021, cuando la Fiscalía 190 de la Dirección Especializada contra las Violaciones de Derechos Humanos profirió resolución de acusación contra ambos como presuntos coautores del homicidio con fines terroristas. La decisión fue ratificada el 10 de octubre de 2022 por la Fiscalía 95 Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá.
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El proceso judicial se adelanta bajo la Ley 600 de 2000, correspondiente al antiguo sistema penal acusatorio, y está a cargo del Juzgado Segundo Especializado de Cundinamarca. En la primera audiencia, el general (r) Peláez Carmona rindió interrogatorio ante un fiscal especializado, siguiendo el orden procesal: primero las preguntas del juez, luego de la Fiscalía, posteriormente del Ministerio Público y, finalmente, de las partes civiles acreditadas.
En paralelo, las defensas de los procesados mantienen apelaciones ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca contra la negativa del juez a aceptar algunas pruebas solicitadas, lo que podría incidir en el desarrollo del juicio. A pesar de estas disputas jurídicas, la causa sigue avanzando, alimentada por las investigaciones que desde hace años apuntan a la convergencia de intereses entre el narcotráfico y sectores de la fuerza pública para eliminar al líder político.
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La alianza criminal que señala la Fiscalía
De acuerdo con la acusación, el asesinato de Galán fue producto de un plan coordinado entre el cartel de Medellín y agentes estatales, quienes habrían debilitado de forma deliberada el esquema de seguridad del candidato presidencial, facilitando la acción de los sicarios en la plaza central de Soacha.
El DAS —organismo de inteligencia hoy desaparecido— y miembros de la Policía Nacional habrían intervenido de manera activa en esta operación. Según las investigaciones, las medidas de seguridad de Galán fueron reducidas días antes del evento, lo que habría permitido que los autores materiales actuaran con facilidad.
La noche del crimen, las ráfagas de disparos alcanzaron a Galán y a sus escoltas Julio César Peñalosa y Santiago Cuervo, que murieron en el lugar. Pedro Nel Angulo Bonilla, otro de los escoltas, resultó gravemente herido. Este atentado, por su impacto político y la presunta participación de agentes estatales, se ha convertido en uno de los casos emblemáticos de la lucha contra la impunidad en Colombia.
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Con el juicio ya en curso, se espera la realización de interrogatorios a los demás procesados y la presentación de pruebas documentales y testimoniales que permitan reconstruir las decisiones, omisiones y alianzas que hicieron posible el magnicidio.
Mientras tanto, las familias de las víctimas esperan que este proceso judicial aporte elementos determinantes para alcanzar una verdad integral y establecer la responsabilidad de todos los autores intelectuales y materiales.
La expectativa social es que, más de tres décadas después, la justicia no solo sancione a los responsables, sino que también envíe un mensaje claro de que los crímenes de Estado y las alianzas criminales entre estructuras ilegales y agentes públicos no quedarán en la impunidad.
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