Ratifican destitución e inhabilidad por diez años a exfuncionario de la Alcaldía de Medellín por acoso sexual

La Personería Distrital de Medellín confirmó en segunda instancia la sanción de destitución e inhabilidad general por diez años contra Henry Carlos Coral Martínez, exlíder de programa en la Unidad de Apoyo a la Gestión Jurídica de la Secretaría de Hacienda del Distrito Especial de Medellín, por cometer actos de acoso sexual contra una abogada contratista en 2021.

La decisión, que fue adoptada luego de agotar todas las etapas procesales y constitucionales, dejó en firme la responsabilidad disciplinaria de Coral Martínez por conductas de acoso, hostigamiento y asedio físico y verbal con fines sexuales no consentidos, según detalló la Personería en un comunicado oficial.

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El personero distrital, Mefi Boset Rave Gómez, enfatizó la gravedad institucional del caso y afirmó que “estos hechos no solamente ponen en peligro los derechos de las víctimas, también atentan contra los fines del Estado y los principios de la función pública”.

La entidad reiteró que la sanción se impone como una respuesta al compromiso con la defensa de los derechos de las mujeres y la lucha contra la violencia basada en género.

La víctima, una abogada contratada mediante un convenio interadministrativo con el Colegio Mayor de Antioquia durante el año 2021, denunció los hechos ante la Personería.

Según el fallo, Coral Martínez aprovechó su posición jerárquica para ejercer presión y violencia sexual contra la profesional, vulnerando sus derechos en el entorno laboral.

La Personería determinó que la conducta constituye a una “falta gravísima”, de acuerdo con el artículo 48 de la Ley 734 de 2002, y está tipificada como delito en el artículo 210 A del Código Penal Colombiano.

Además, subrayó que el hecho de que el acoso haya ocurrido en el ejercicio del cargo y mediante el abuso de poder agrava la responsabilidad del exfuncionario.

La sanción implica que Henry Carlos Coral Martínez no podrá ocupar ningún cargo público ni contratar con el Estado durante una década, lo que representa una de las sanciones disciplinarias más severas impuestas por un órgano de control en casos de violencia sexual dentro del sector público.

En su pronunciamiento, la Personería subrayó que el proceso se desarrolló con todas las garantías legales y constitucionales, respetando el derecho al debido proceso de las partes involucradas.

También insistió en que este tipo de hechos no solo afecta a las víctimas directamente implicadas, también socava los principios fundamentales de la función pública, como la igualdad, la imparcialidad y el respeto por los derechos humanos.

“La violencia contra las mujeres ha dejado de ser un problema individual para convertirse en un fenómeno estructural con repercusiones sociales, jurídicas, políticas y económicas”, enfatizó la Personería, y recordó que las instituciones tienen el deber de actuar de manera rigurosa y responsable frente a este tipo de conductas.

Detienen a líder comunal de Medellín por abuso sexual a menor

A este caso de Henry Carlos Coral Martínez, se suma el de Jesús Antonio Marulanda López, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Llanaditas, en Medellín, que fue detenido la semana pasada tras una orden judicial que dispuso su traslado a un centro carcelario, según informó El Colombiano.

La acusación por acto sexual abusivo contra menor de 14 años podría derivar en una condena de hasta 25 años de prisión si se confirma su responsabilidad.

La investigación determinó que Marulanda López, con más de 17 años de trayectoria en la vida comunitaria, habría utilizado su posición de liderazgo en la comuna 8 (Villa Hermosa) para acercarse a un adolescente de 13 años mediante promesas laborales falsas.

De acuerdo con la Policía Metropolitana, el líder barrial ofreció al menor entre 100.000 y 200.000 pesos, además de objetos personales, a cambio de encuentros sexuales en su residencia.

Las pruebas recabadas indican que estos hechos se repitieron durante más de un año, entre 2023 y 2024. La denuncia fue presentada por la madre del menor, quien detectó cambios de comportamiento y la aparición de bienes y dinero sin justificación en su hijo.