A pesar de las acusaciones y la solicitud formal presentada por la Fiscalía General de la Nación desde el 4 de julio, la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) sigue sin emitir la circular roja para la captura de Carlos Ramón González Merchán, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y uno de los principales señalados en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
González está prófugo de la justicia y, según información de las autoridades, reside actualmente en Managua, Nicaragua. Su proceso ha adquirido un matiz internacional, ya que involucra la búsqueda de cooperación para lograr la captura y extradición, dado que el señalado no se encuentra en territorio colombiano.
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El grupo Dijín de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía, remitió la solicitud de circular roja a Interpol el pasado 4 de julio, pero hasta ahora la oficina en Colombia de dicha organización no ha respondido ni confirmado oficialmente la emisión de la alerta internacional. Así lo aseguró la fiscal María Cristina Patiño en una comunicación dirigida a Pablo Bustos, representante legal de comunidades Wayuu que figuran como víctimas en este proceso judicial.
La ausencia de respuesta por parte de Interpol ha generado preocupación entre los afectados y las autoridades judiciales. Bustos, vocero de los denunciantes, catalogó la tardanza como una muestra de falta de diligencia internacional ante un caso que compromete millonarios recursos públicos destinados a atender a las comunidades más vulnerables de La Guajira.
Los hechos que rodean el caso UNGRD
Carlos Ramón González Merchán fue señalado como el presunto líder de una estructura criminal que, aprovechando su posición en el Gobierno, operó para direccionar contratos millonarios de la UNGRD, principalmente para carrotanques y tanques de almacenamiento de agua en La Guajira, recibiendo a cambio sobornos entregados a congresistas.
De acuerdo con la investigación, los expresidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, habrían recibido $3.000 millones y $1.000 millones respectivamente. Ambos excongresistas permanecen privados de la libertad en la cárcel La Picota tras las imputaciones derivadas de este entramado.
El testimonio clave de Olmedo López, exdirector de la UNGRD y hoy testigo principal, indica que González dio instrucciones precisas para la entrega de dineros a los legisladores a cambio de facilitar las reformas sociales impulsadas por el Gobierno en el Congreso. La Fiscalía documentó al menos dos reuniones en la Casa de Nariño, entre septiembre y octubre de 2023, donde se habrían definido montos y rutas de pago.
“Me dijo que tenía que cumplir con unos compromisos con el presidente del Senado y la Cámara: $60.000 millones a Name y más de $10.000 millones a Calle en contratos”, relató Olmedo López durante su declaración, citando conversaciones directas con González. Como no se logró concretar la totalidad de los contratos, se acordó la entrega directa de parte de los recursos.
Medidas judiciales y debate legal
El 3 de julio, un día antes de la solicitud a Interpol, el magistrado Leonel Rogeles del Tribunal Superior de Bogotá impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra González por los delitos de cohecho por dar u ofrecer y peculado por apropiación en favor de terceros. El cargo por lavado de activos fue descartado por el Tribunal, pero la Fiscalía ha apelado esa decisión y la defensa del exdirector busca revocar la medida de aseguramiento. Ambos recursos serán resueltos en las próximas semanas.
El abogado de González, Iván Cancino, sostiene que la Fiscalía basa sus acusaciones en el testimonio de Olmedo López, al que califica como falso. Cancino ha insistido en que no existen evidencias suficientes para sustentar la captura ni la circular roja internacional.
Implicaciones y reacción de las víctimas
La demora de Interpol en emitir la circular roja ha generado frustración entre las víctimas y la opinión pública, quienes consideran que la inacción permite que González siga evadiendo la justicia y frustrando los intentos del Estado colombiano para avanzar en el proceso penal.
La Fiscalía General de la Nación reitera que la solicitud fue formalizada dentro de los parámetros internacionales y que se cumplió con todos los trámites legales exigidos para la emisión de la alerta. No obstante, la falta de cooperación internacional se convierte en un obstáculo para la captura del exfuncionario, quien podría enfrentar penas superiores a 30 años de prisión si es hallado culpable de todos los cargos.
Por ahora, el caso permanece a la espera de una respuesta oficial de Interpol que permita activar la búsqueda y detención de González en el exterior, mientras la presión social y judicial por esclarecer el desfalco a la UNGRD continúa creciendo.
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