“¿A quién le creemos?” La pregunta, lanzada por el concejal Julián Forero —conocido como Fuchi—, resume la desconfianza que se instaló entre los conductores de Bogotá tras la reciente oleada de sanciones en el carril exclusivo de la avenida Séptima.
En un comunicado oficial, publicado en el Concejo de Bogotá, Forero cuestionó la coherencia entre las promesas públicas del alcalde Carlos Fernando Galán y la realidad de las multas: “El alcalde Galán dijo públicamente que no sancionarían por transitar, pero ya casi 200 conductores fueron multados por esa razón. ¿Se hizo la vista gorda la Secretaría de Movilidad? ¿O el alcalde prometió algo que no cumplió?”. El desencuentro entre discurso y práctica encendió el debate sobre la transparencia y la seguridad jurídica en la gestión del tráfico capitalino.
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La controversia se remonta a mayo de 2025, cuando la Secretaría de Movilidad anunció que cualquier conductor que utilizara el carril exclusivo de la avenida Séptima sería sancionado. La reacción ciudadana no tardó en llegar, lo que llevó al propio alcalde Galán a matizar la medida en un video difundido en sus redes sociales.
En esa intervención, el mandatario precisó que solo se penalizarían dos conductas: permanecer estacionado en el carril derecho sin justificación y bloquear las intersecciones. “La gente que llega, deja o recoge a alguien y se va, no tiene problema… Solo sancionaremos a quien se quede parqueado o bloquee la intersección”, afirmó el 21 de mayo.
No obstante, los datos oficiales obtenidos por el equipo del concejal Forero revelaron una realidad distinta. Durante mayo, se impusieron 11 comparendos C14 - Transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad competente —, siete a motocicletas y cuatro a automóviles particulares, que se movilizaban por el carril exclusivo.
En junio, la cifra se disparó a 168 comparendos C14 (129 a motocicletas y 39 a automóviles). El análisis de estos casos descartó que los vehículos sancionados hubieran infringido la restricción de pico y placa, lo que indica que la sanción se aplicó exclusivamente por circular en el carril restringido, y no por estacionar o bloquear intersecciones.
La infracción C14, tipificada como “Transitar por sitios restringidos”, conlleva una multa de $650.000 e implica la inmovilización del vehículo. En contraste, la sanción por mal estacionamiento (C02) asciende a $604.100 y que no determina la inmovilización del automotor. Esta diferencia evidenció que los conductores recibieron el castigo más severo, pese a la promesa de flexibilidad anunciada por el alcalde.
El propio Forero subrayó que la medida afecta de manera desproporcionada a los motociclistas, quienes constituyen la mayoría de los sancionados y, según sus palabras, confiaron en la palabra del mandatario.
La raíz del conflicto reside en la aplicación simultánea de la Resolución 560 de 2015 y el Decreto 409 de 2014, que prohíben tanto el tránsito como las paradas momentáneas en el carril exclusivo, salvo para giros o accesos autorizados. Esta normativa contradice la interpretación más laxa que el alcalde expuso públicamente, generando un vacío de seguridad jurídica para los conductores.
Ante este escenario, el concejal Forero formalizó una solicitud al alcalde Galán para que expida un acto administrativo que precise de manera inequívoca las conductas sancionables. “No se puede jugar con la confianza ciudadana. Los conductores merecen reglas claras y justas, no sanciones que contradicen la palabra del Alcalde”, reclamó Forero en su comunicación oficial.
La Secretaría de Movilidad respondió a la petición del cabildante con una declaración en la que aseguró que “el control se enfocará a quienes estén mal parqueados o bloqueando las intersecciones en el carril preferencial, o en el caso de vehículos abandonados en el carril”. No obstante, la persistencia de las sanciones por transitar alimenta la percepción de arbitrariedad y refuerza la exigencia de una directriz clara y vinculante.
Finalmente, el concejal Forero anunció que mantendrá su labor de control político para evitar lo que considera abusos y sanciones injustas contra los conductores de Bogotá.
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