MinDefensa confirmó aumento en la remuneración de los soldados regulares: “Salen con capacidades para ser un mejor colombiano”

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en un reciente pronunciamiento afirmó que van a aumentar la bonificación para quienes deseen prestar el servicio militar desde el 2026.

“Aumentamos la bonificación por prestar el servicio militar. Hoy un joven recibe casi un millón de pesos por prestar el servicio militar. El próximo año recibirá un salario mínimo, que le queda totalmente libre para enviarle a su familia”, anunció el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

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“Se les va a dar el salario mínimo legal si prestan el servicio, Se les da salud, se ayudan para formarse como un colombiano ejemplar, se les enseña respeto, honor, trabajo en equipo, lealtad, honestidad, y fuera de eso, y salen con capacidades para ser un mejor colombiano”, ratificó Sánchez.

La anterior no fue muy bien recibido por algunos sectores, pues algunos internautas afirmaron que “así se compra el Ejército con limosas”, “Ojalá sean personas del común y no guerrilleros”, “populismo duro y duro”.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro en el mes de junio de 2025 habló de dicha iniciativa afirmando que: “centenares de miles de jóvenes empezaran a recibir a partir del 1 de enero del año 2026 un salario mínimo para mandar a su familia, para que su familia al menos pueda tener la comida, la dignidad del colchón caliente, la casa, el hogar con flores, para recibir a sus hijos”.

En su pronunciamiento, el jefe de Estado manifestó que el pubelo colombiano debe comprar sus propias armas: “Nosotros mismos compremos nuestras armas del ejercito, no esperemos regalos de gobiernos extranjeros”.

MinDefensa presentó una denuncia penal contra el sargento Alexander Chala

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, presentó una denuncia penal contra el sargento retirado Alexander Chala Sáenz tras la divulgación de mensajes y chats en redes sociales que, según el funcionario, contienen señalamientos falsos y sin fundamento probatorio.

Este caso, se centra en la publicación de supuestas conversaciones entre Sánchez y el general retirado Eduardo Zapateiro, en las que se discutía la adjudicación directa de contratos con Indumil, excluyendo la intervención de la Presidencia.

Sánchez desmintió la autenticidad de los mensajes difundidos y afirmó que se trata de una campaña que busca dañar su reputación y desestabilizar la relación con el presidente Gustavo Petro.

“Las acusaciones infundadas y calumniosas que me vinculan con supuestos actos de traición al Gobierno y corrupción, no solo mancillan mi honor y reputación, sino que también constituyen un grave intento de desestabilizar a las Fuerzas Armadas y socavar la confianza entre estas y el Presidente de la República”, declaró el ministro.

La denuncia presentada ante la Fiscalía General abarca delitos como falsedad en documento privado, denuncia falsa, injuria y calumnia agravada, todos contemplados en el Código Penal.

“Radiqué ante la Fiscalía General de la Nación la denuncia penal por la comisión de estos delitos, y espero que la justicia actúe como corresponde”, escribió Sánchez.

Sánchez explicó que la acción judicial busca frenar la publicación de informaciones falsas que, en su concepto, solo pretenden dividir a las Fuerzas Armadas y generar desconfianza en un contexto delicado para el país.

“Mi honor y lealtad son los únicos activos que poseo y no permitiré que sean mancillados sin consecuencias”, insistió el ministro.

La controversia ocurre mientras el Gobierno enfatiza la necesidad de preservar la confianza entre el poder civil y las instituciones militares.

Además, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, afirmó que continuará enfocado en cumplir con la misión constitucional, junto a los militares, policías, voluntarios de la Defensa Civil y personal no uniformado.

“Ese es el bien supremo: la seguridad y la unidad de nuestra Nación”, sentenció.

Cabe destacar que la denuncia busca sentar un precedente sobre el uso de información falseada como herramienta política y la obligación de recurrir a instancias judiciales para garantizar el respeto a la integridad de los funcionarios públicos, especialmente en escenarios de tensión institucional.