El caso de la agresión de una pasajera en el aeropuerto El Dorado de Bogotá por parte del empresario Héctor Favio Santacruz Marulanda ha encendido el debate sobre la respuesta de las autoridades ante hechos de violencia de género y la protección real de las víctimas.
El episodio, ocurrido el 27 de julio de 2025 y difundido masivamente por un video en redes sociales, puso en primer plano el testimonio de la víctima, Claudia Segura, que denunció una reacción deficiente de las instituciones encargadas de garantizar su seguridad.
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El altercado se inició por una discusión en una de las salas de abordaje de la terminal luego de que la mujer ocupará la silla en la que, presuntamente, estaba sentado minutos antes el agresor. Los golpes recibidos por Segura fueron de tal gravedad que requirió atención médica en el lugar de los hechos.
El video evidencia no solo los gritos de la mujer pidiendo ayuda, sino la demora de la intervención tanto de la Policía como del personal de seguridad del aeropuerto, que no lograron controlar de inmediato la situación ni aislar al agresor tras el ataque.
El caso adquirió mayor gravedad luego de conocerse que el hombre ya tenía una denuncia penal activa por lesiones personales desde 2023, hecho que plantea cuestionamientos sobre la capacidad de las autoridades judiciales para prevenir nuevos episodios y evitar la reincidencia. La Fiscalía confirmó la existencia de una denuncia previa en su contra por hechos similares. Este antecedente refuerza el sentimiento de desprotección expresado por la víctima.
No obstante, y pese a las trabas reseñadas por Rodríguez en medios de comunicación, la denuncia ya fue formalmente radicada ante la Fiscalía General de la Nación por Mayte Bayona, abogada de la víctima que declaró en diálogo con RCN Radio que la denuncia fue interpuesta junto con el testimonio de la víctima de los momentos en los que se registró la agresión.
En la conversación, Bayona relató que el proceso resultó revictimizante, implicando preguntas que descontextualizaban el hecho y retrasaban el registro formal de lo ocurrido. Por su parte, Rodríguez aseguró haber sentido falta de empatía y protección, tanto en el aeropuerto como al llegar a la URI de Engativá y, posteriormente, ante la Fiscalía.
La denuncia interpuesta por Segura apunta a una ausencia efectiva de protocolos y a una desigualdad en la atención a víctimas de ataques de género.
Sumado a esto, ha señalado que teme por su seguridad tras exponer públicamente el caso, dada la actitud violenta y el recorrido judicial previo de Santacruz, por lo que solicitó acompañamiento institucional y acciones concretas para evitar que, como ocurre de forma frecuente en otros hechos similares, la agresión quede impune y sin consecuencias para el responsable.
Si bien el agresor que se encuentra en libertad no se ha pronunciado sobre la polémica de su conducta en la terminal aérea, al rechazo generalizado frente al hecho se sumó la esposa del agresor, Carolina Bautista Loaiza, expresó que, aunque expresó el hombre deberá asumir las consecuencias de sus actos, también lo defendió asegurando que: “Como dice ese viejo refrán, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra”.
Respuesta de la Alcaldía Mayor de Bogotá
Por su parte, la administración distrital, encabezada por el alcalde Carlos Fernando Galán, respondió haciendo pública la revisión de los procedimientos policiales y del personal de seguridad privada en el aeropuerto El Dorado.
Anunció el fortalecimiento de capacitaciones y protocolos de respuesta urgente ante situaciones de violencia de género, así como el acompañamiento a la víctima durante el proceso legal.
Sumado esto y en sintonía con la estrategia que busca enfrentar la violencia de género en la ciudad, la administración también anunció la puesta en marcha de una campaña pedagógica dirigida a ciudadanos, turistas y visitantes ocasionales de la ciudad, con el fin de promover una cultura de respeto y de cero tolerancia frente a actos de violencia de género en los espacios públicos.
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