
Solicitudes de recursos económicos a cambio de promesas contractuales, falta de transparencia en la asignación de incentivos y dudas sobre el conocimiento técnico del actual secretario de Cultura, Turismo y Patrimonio del departamento de Santander, Jorge Humberto Rangel Buitrago.
De hecho, una reciente investigación adelantada por el medio regional Vanguardia dejó en evidencia el descontento de algunos empresarios y gestores culturales que han manifestado reservas sobre la gestión en ese despacho, cuestionando la idoneidad de los procesos y el manejo de fondos públicos.
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Incluso, dos empresarios con trayectoria en contrataciones estatales acusaron de forma directa al secretario Jorge Humberto Rangel Buitrago de solicitarles millonarios préstamos.
Ambos coinciden en que el funcionario los contactó con la oferta de vincularlos mediante contratos, situación que luego desembocaría en llamadas telefónicas exigiendo sumas de dinero.

Uno de los denunciantes relató que le pidieron $50 millones en efectivo para “sacar de un apuro al jefe”, mientras que el otro afirmó haber sido solicitado para financiar cerca de $40 millones con la promesa de un contrato posterior por parte de la Gobernación de Santander.
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“Me preguntaba si tenía ese dinero. Insistía en que esa plata iba destinada para su ‘jefe’, quien los requería, afirmaba, con urgencia”, declaró uno de los empresarios al medio regional.
Las acusaciones sugieren la posible comisión del delito de concusión, tipificado en el Código Penal colombiano para quienes, abusando de su cargo público, exigen o condicionan la entrega de dinero u otro beneficio. Si se comprobara la conducta, el responsable enfrentaría penas que incluyen prisión entre ocho y 15 años, multas de hasta $136 millones e inhabilitación pública hasta por 12 años.
Al ser consultado, el secretario Jorge Humberto Rangel Buitrago negó rotundamente los señalamientos e invitó a los empresarios a que, si existen pruebas, se instauren las denuncias correspondientes.
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“Este tipo de informaciones tachan la honra y el buen nombre de un servidor público. Este tipo de solicitudes no han ocurrido en esta secretaría, y estoy seguro de que tampoco en la Gobernación de Santander”, comentó el funcionario a Vanguardia.

Además, rechazó el uso del término “el jefe” que le atribuyeron los denunciantes, asegurando que en la dependencia la prioridad es la transparencia y que “acá el jefe es el Gobernador de Santander”.
En paralelo a las denuncias de concusión, persisten las quejas desde el sector cultural por la opacidad en el manejo de los recursos destinados a programas de estímulos y ferias, cuyo presupuesto asciende a $4.400 millones.
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Gestores culturales denuncian la inexistencia de información pública sobre los ganadores y los montos asignados a los beneficiarios, a pesar de que estos fondos se rigen por el Decreto Nº 441 de 2024.
“Este año no se han divulgado los ganadores. Lo peor, no hay información pública en la Gobernación de Santander o en su página web sobre eventos que ellos han apoyado, ni valores asignados”, precisó un gestor a Vanguardia. Además, cuestionaron el anonimato de los jurados y la ausencia de criterios claros en los procesos de evaluación, lo que genera temor a la posible destinación de recursos por intereses políticos o clientelistas.
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Sobre estos reclamos, el secretario Rangel Buitrago explicó que los apoyos se asignan conforme al impacto de los proyectos y la visión de la Secretaría. “Los proyectos necesitan cumplir unos requisitos, por ejemplo, una carta autorizada por el municipio donde se realiza el evento”, detalló el funcionario al medio citado, solicitando que las irregularidades le sean comunicadas directamente y asegurando que desconocía cualquier gestión indebida o cobros adicionales dentro de la dependencia.
Sin embargo, persisten voces que señalan falta de idoneidad en la conducción técnica de la cartera, pues consejeros culturales manifestaron a Vanguardia dudas sobre la capacidad del secretario.
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“Uno casi nunca lo ve en las reuniones. Cuando está, no participa. Se queda callado y quien habla es otro funcionario que sí conoce los procesos culturales”, señaló el denunciante.
Estas críticas incluyeron relatos sobre solicitudes indebidas, como requerir boletas para eventos que son gratuitos, y cuestionamientos a la falta de experiencia cultural del funcionario, identificado principalmente por roles en la administración pública y política.
Las inquietudes se ven reforzadas por antecedentes similares en la misma Secretaría. La Contraloría Departamental auditó contratos del periodo 2021-2022, hallando inconsistencias y presuntas irregularidades, entre ellas, contrataciones sin pago a artistas y compras irregulares durante la administración anterior.
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“No podemos permitir hechos de corrupción como los investigados en la pasada administración del departamento”, advirtieron gestores culturales, solicitando que se privilegie la experiencia y el conocimiento real en la asignación de estos cargos.
El manual de funciones exige como mínimo un título profesional y dos años y medio de experiencia laboral, sin requerir necesariamente trayectoria cultural específica. Por ello, gestores y actores del sector cultural han llamado al Gobernador de Santander a garantizar transparencia y a nombrar perfiles idóneos, alertando sobre los riesgos de politización y utilización clientelista de recursos destinados al desarrollo cultural del departamento.
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