Radican ley que impondría obligaciones legales a empresas por violaciones de derechos humanos en Colombia

Un grupo de 28 congresistas de diversas corrientes políticas presentó un proyecto de ley que pretende establecer un marco jurídico con carácter obligatorio para las empresas en relación con el respeto y garantía de los derechos humanos.

La iniciativa fue radicada en el Congreso tras un acto simbólico en la Plaza de Bolívar, donde se representó una grieta que atravesaba las escaleras del Capitolio, en alusión a los impactos que, según las organizaciones sociales, han tenido las actuaciones empresariales sobre comunidades vulnerables.

La propuesta legislativa fue elaborada con el apoyo de varias organizaciones sociales, entre ellas el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), que ha documentado durante años casos relacionados con la responsabilidad de empresas en contextos de violaciones de derechos fundamentales.

El objetivo central del proyecto es, según sus impulsores, dotar al país de una “ley vinculante que imponga obligaciones a las empresas para prevenir violaciones a los derechos humanos y que permita exigirles responsabilidad jurídica cuando las cometan”.

Los promotores de esta iniciativa pertenecen a distintas colectividades, incluyendo el Partido Liberal, La U, el Pacto Histórico, las curules de paz y el partido Comunes. A través del articulado, se busca establecer criterios legales que permitan facilitar el acceso a la justicia en litigios contra actores empresariales por hechos que afecten los derechos de personas o comunidades.

Dentro del contenido del proyecto se plantea la inclusión de mecanismos que permitan reconocer de forma preliminar ciertos hechos cuando las denuncias provengan de sectores de especial protección constitucional.

En ese sentido, el documento propone “herramientas que den por probadas ciertas cuestiones, como que se presumirá cierta la versión de los hechos presentada por personas o comunidades que son reconocidas como sujetos de especial protección constitucional”.

Uno de los autores de la propuesta es el representante Alirio Uribe, del Pacto Histórico, quien explicó que la ley responde a una discusión global y a una coyuntura nacional.

A nivel internacional, Colombia participa desde este año y hasta 2025 en un debate en Ginebra sobre la creación de un tratado vinculante en materia de empresas y derechos humanos. En el plano nacional, el congresista recordó decisiones judiciales recientes que involucran a compañías con procesos penales relacionados con apoyo a estructuras armadas ilegales.

Uribe mencionó un fallo emitido por el Juzgado Sexto Penal de Antioquia, que condenó a siete exdirectivos de una firma estadounidense y su filial en Colombia a 11 años de prisión por vínculos financieros con un grupo paramilitar. “Hay por lo menos 600 empresas investigadas. Por ejemplo, empresas que usaron o compraron tierras previamente despojadas a comunidades. Entonces se hace necesaria una ley nacional para regular el tema. Hay principios, definiciones, destinatarios de la ley (empresas transnacionales, nacionales, de economía mixta y todas las que operan en Colombia), hay deberes para estas y para el Estado, y derechos para las víctimas y las comunidades para obtener verdad, justicia y reparación”.

Desde el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la abogada Rosa María Mateus indicó que esta propuesta legislativa se construyó tras un proceso de diálogo con comunidades que han sido impactadas por actividades empresariales.

“Valoraciones de actuaciones de empresas durante casi 100 años” sirvieron como base para el diseño del proyecto, señaló la jurista, aludiendo a casos históricos como la masacre de trabajadores bananeros de 1928, el despojo de tierras con fines extractivos y la represión a movimientos sindicales.

“El proyecto busca beneficiar a las comunidades que, pese a que tienen fallos a favor, ‘no han visto su realidad cambiada’”, sostuvo Mateus. Agregó que el marco normativo actual no contempla mecanismos eficaces para garantizar que las empresas operen bajo estándares que aseguren los derechos colectivos. La jurista también expresó que “la sociedad no quiere a una empresa que no se deje regular”, y cuestionó el rechazo de algunos sectores a este tipo de iniciativas.

Además del trámite legislativo, Uribe informó que el Ejecutivo se encuentra preparando un decreto sobre la materia. La norma en construcción busca articular las acciones de todas las entidades estatales del nivel central con el fin de garantizar que las empresas respeten los derechos laborales, sociales y ambientales. “Todas las instituciones del poder Ejecutivo se coordinen interinstitucionalmente para que las organizaciones privadas hagan negocios, ganen dinero, pero también respeten los derechos laborales, ambientales y de las comunidades”, explicó el congresista.

La propuesta legislativa, según sus promotores, pretende no solo prevenir nuevas afectaciones a derechos humanos, sino también garantizar mecanismos de reparación efectiva para las víctimas, con un enfoque centrado en el reconocimiento de los deberes empresariales y del papel regulador del Estado. La discusión apenas comienza en el Congreso, donde se abrirán espacios para el análisis y debate del contenido del proyecto.