La Cancillería adjudicó recientemente un contrato de asesoría jurídica para reforzar los procesos asociados al nuevo esquema de expedición de pasaportes.
La contratación, cuyo valor asciende a 72,4 millones de pesos, fue asignada de manera directa a un abogado que prestará sus servicios hasta el 31 de diciembre de 2025.
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Este contrato beneficiará directamente al despacho de la secretaria general encargada, Elvira de las Mercedes Sanabria Salazar, actualmente investigada por la Procuraduría por presuntas irregularidades en convenios relacionados con la impresión de estos documentos.
El profesional designado para asumir este encargo es Felipe Alfonso Muñoz Tocarruncho. Según lo estipulado, su tarea incluye brindar “apoyo en la optimización de los procesos a cargo (de la secretaria general y el Fondo), con el fin de garantizar la eficiente ejecución de los recursos y el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la entidad”.
El contrato fue formalizado por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y busca garantizar acompañamiento jurídico integral en la “supervisión de los procesos contractuales relacionados con la implementación del modelo de producción de pasaportes, documentos de viaje y etiquetas de visa”.
Este modelo, recientemente reformulado, ha estado en el centro de atención pública por su ejecución y los actores involucrados.
Dentro del alcance del contrato figuran funciones como asesoría jurídica y contractual, defensa judicial, gestión de proyectos de inversión, así como la verificación del cumplimiento normativo en cada una de las fases contractuales. También se prevé el acompañamiento en la firma de contratos y órdenes de compra necesarias para asegurar la operatividad institucional.
El Fondo justificó la contratación directa argumentando la falta de personal con la preparación técnica requerida dentro de su planta. En el documento de justificación se indica que “se hace necesario celebrar el presente contrato de prestación de servicios con base en la experticia e idoneidad argumentada y la certificación de insuficiencia de personal de planta en la presente vigencia expedida por la Dirección de Talento Humano”.
Los requisitos establecidos para la contratación incluyen formación en Derecho, título de maestría o equivalente, y al menos 48 meses de experiencia en asuntos jurídicos, contractuales y de defensa judicial. El contrato fue clasificado como un servicio de “altamente calificados”, dado el nivel de responsabilidad del cargo. La documentación especifica que el abogado “atenderá asuntos de gran importancia estratégica para el Ministerio”.
En su trayectoria, Muñoz Tocarruncho ha ejercido como asesor en el Consejo Superior de la Judicatura y como analista en Colombia Compra Eficiente, lo que le ha permitido adquirir experiencia en estructuración de proyectos y procedimientos de contratación pública.
Esta contratación se da en paralelo a los cuestionamientos en curso sobre dos convenios firmados por la Cancillería. El primero, con la Imprenta Nacional, es objeto de investigación por parte de la Procuraduría, y el segundo, con la Casa de la Moneda de Portugal, ha generado debate sobre su legalidad. Sobre este último, el exsecretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores, José Antonio Salazar, señaló que “el convenio con Portugal sobre los pasaportes, viola directamente las leyes colombianas sobre creación y funciones del Fondo Rotatorio, sobre la estructura del Ministerio y sobre la contratación estatal. La casa de la Moneda de Portugal no es un organismo internacional”.
La Procuraduría también analiza el convenio firmado con la Imprenta Nacional, sellado el pasado 18 de julio. En su concepto, este acuerdo podría haber omitido elementos fundamentales como los estudios previos y la documentación técnica requerida, afectando principios básicos de planeación y economía de la contratación pública. Además, la entidad de control señaló que “se desconoce el acto administrativo a través del cual se delegó en la secretaria general (e) del Ministerio de Relaciones Exteriores, la competencia para celebrar el convenio interadministrativo con la Imprenta Nacional de Colombia”.
En un comunicado emitido en el marco de sus actuaciones preventivas, la Procuraduría expresó: “En este sentido, debido a las fallas en la planeación del nuevo esquema para el suministro de pasaportes, se observa una omisión al deber que le asiste a los funcionarios de cumplir con los principios que regulan la contratación estatal y la función administrativa”.
Elvira Sanabria, quien asumió la Secretaría General encargada hace menos de un mes, llegó procedente de la Jefatura de Despacho Presidencial. Allí ejercía labores de asesoría directa a Alfredo Saade, actual jefe de dicha oficina. Previamente, Sanabria había trabajado en el Ministerio del Interior, específicamente en la Dirección de Asuntos Religiosos, donde entre septiembre y diciembre de 2023 colaboró en la implementación del Sistema Nacional de Libertad Religiosa, periodo en el que Saade también tenía influencia en esa dependencia.
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