La JEP prepara su primera sentencia contra Rodrigo Londoño y otros exlíderes del antiguo secretariado de las Farc por secuestros

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se alista para emitir su primera sentencia contra exmiembros del antiguo secretariado de las extintas Farc.

El último paso que tendrá la JEP para emitir esa primera sentencia será la Audiencia Pública de Verificación, que se llevará a cabo este jueves 31 de julio y 1 de agosto de 2025 y está relacionada con el Caso 01, que investiga “la toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad”.

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A la audiencia no asistirá Rodrigo Londoño, último comandante en jefe de las extintas Farc. Según informó Caracol Radio, el senador de la República no estará presente por problemas de salud.

Las diligencias tienen como propósito evaluar si se cumplen las condiciones fácticas y jurídicas para imponer sanciones a antiguos miembros del secretariado de la extinta guerrilla, donde también se encuentran Pastor Alape, Julián Gallo, Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo, Rodrigo Granda y Jaime Alberto Parra.

Los exguerrilleros han aceptado su responsabilidad, así como aportes para esclarecer la verdad. Este procedimiento se ha extendido por cuatro años, en donde ha participado 4.100 víctimas acreditadas.

La Sala de Reconocimiento de la JEP precisó que el secuestro fue una práctica sistemática por parte de las Farc, ejecutada, según el tribunal, con tres patrones.

Entre 1993 y los años siguientes, el secretariado de las Farc estableció el secuestro como una política para garantizar el autofinanciamiento de cada uno de sus frentes y obtener fondos que también respaldaran la estructura nacional de la organización. Parte de esos ingresos se destinaban a respaldar operaciones como la planeada toma de Bogotá.

Las víctimas de estas prácticas incluyeron tanto civiles como miembros de las fuerzas armadas y la policía, algunos de los cuales permanecieron privados de la libertad durante largos periodos y en condiciones adversas. Según registros de la Fiscalía, existen al menos 245 casos en los que la liberación de uniformados dependió de procesos de negociación.

En los territorios bajo influencia de las Farc, el secuestro funcionaba además como mecanismo de castigo y control sobre la población local. Numerosas personas sometidas a esta práctica permanecen desaparecidas.

Según la Sala de Reconocimiento, los relatos recogidos dejaron ver un patrón de maltrato, donde se incluyó encadenamientos, golpes, burlas, violencia sexual y física y negligencia médica.

En las audiencias también se escucharán y verificarán los compromisos institucionales para apoyar los proyectos restaurativos.

El jueves 24 de julio, los siete exintegrantes del secretariado de la extintas Farc radicaron una tutela en contra de la JEP por este mismo caso.

Los antiguos líderes de la Farc solicitaron la suspensión inmediata del proceso judicial en su contra, justo antes de la audiencia donde podrían ser juzgados por crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Entre los firmantes se encuentran Rodrigo Londoño, Pastor Alape, Julián Gallo, Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo, Rodrigo Granda y Jaime Alberto Parra, quienes denuncian afectaciones a sus derechos fundamentales durante el procedimiento.

Los exguerrilleros argumentan que no se respetaron garantías como el debido proceso, la defensa y la seguridad jurídica, así como los principios de legalidad y non bis in idem, el cual prohíbe sancionar dos veces por el mismo hecho. Sostienen que la audiencia fue programada sin cumplir con las condiciones mínimas exigidas.

En el escrito, los firmantes cuestionan el auto expedido el 29 de abril, al considerar que se reabrió el trámite de reconocimiento de responsabilidad sin sustento normativo y con cargas procesales no previstas por la ley. Por ello, solicitan dejar sin efecto esa decisión y que se revise la calificación jurídica aplicada.

Además, piden ampliar la resolución emitida en noviembre de 2022 para unificar la futura sanción contra la cúpula y reclaman modificar la calificación de delitos como esclavitud y esclavitud sexual, al considerar que no existen pruebas suficientes para esas imputaciones.