Durante una sesión plenaria de la Cámara de Representantes, el congresista Christian Garcés, integrante de la Comisión Tercera (III) —instancia clave en la discusión presupuestal—, anunció su intención de solicitar la devolución del proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2026, presentado por el ministro de Hacienda, Germán Ávila.
La intervención de Garcés no se limitó a la crítica retórica. Según argumentó, la propuesta del Ejecutivo no se ajusta a los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo ni respeta la disciplina fiscal que exige la legislación vigente. Garcés enfatizó que el texto presupuestal, en su forma actual, “no cumple con los objetivos del plan nacional de desarrollo ni con la disciplina fiscal exigida por la ley”.
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“Están presentando un presupuesto más inflado que el anterior, hay que devolverle el presupuesto al Gobierno nacional para que ajuste el proyecto a una versión más realista, responsable y alineada con las verdaderas necesidades de la Nación”, dijo el representante a la Cámara.
La postura de Garcés encontró eco inmediato en la voz de Hugo Danilo Lozano, también representante a la Cámara, que respaldó la solicitud de devolución durante la misma plenaria. La coincidencia entre ambos legisladores revela una preocupación compartida en torno a la forma y el fondo del trámite presupuestal, así como a los mecanismos utilizados por el gobierno para impulsar sus iniciativas en el Congreso.
El proyecto de presupuesto, radicado oficialmente el martes 29 de julio por el ministro Ávila, constituye el instrumento central para la asignación de recursos públicos en el año 2026. Su discusión y eventual aprobación requieren el aval de varias comisiones de la Cámara, entre ellas la Tercera, donde Garcés juega un papel relevante.
La exigencia de devolver el documento implica un llamado a revisar tanto el contenido como el procedimiento, en un contexto donde la tensión entre el Ejecutivo y ciertos sectores legislativos se ha hecho visible.
“Ese presupuesto hay que devolverlo, y ojalá esta vez no se vaya a tramitar con posturas antidemocráticas ni decretazos como últimamente le gusta a Petro”, dijo Garcés.
Esta acusación, sumada a la demanda de mayor rigor fiscal y alineación con el plan de desarrollo, configura un escenario de confrontación institucional en torno a la política presupuestal del gobierno. El debate sobre el Presupuesto General de la Nación para 2026 apenas inicia, pero las posiciones expresadas en la plenaria anticipan un proceso legislativo marcado por la controversia y la exigencia de transparencia en la asignación de los recursos públicos.
Los detalles del Presupuesto General de la Nación para 2026
El Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2026, radicado ante el Congreso de Colombia el 29 de julio de 2025, asciende oficialmente a $556,9 billones. Esta cifra representa aproximadamente el 28,9 % del PIB estimado para 2026.
- $501 billones se financiarán con recursos del Tesoro Nacional
- $29,6 billones provendrán de ingresos propios de entidades públicas nacionales
- $26,3 billones (alrededor del 1,4 % del PIB) corresponden a recursos contingentes que dependen de la aprobación de una nueva ley de financiación o reforma tributaria.
Según la iniciativa presentada, la distribución propuesta es la siguiente:
- Gastos de funcionamiento: $365,7 billones (65,6 % del presupuesto total).
- Servicio de la deuda pública: $102,4 billones (con reducción frente al año anterior).
- Inversión pública: $88,7 billones, un incremento en comparación con el presupuesto vigente.
Los sectores en los que se contempla invertir el presupuesto son: educación: ($88,2 billones); salud: ($78,1 billones; defensa ($68,9 billones); trabajo; $59,4 billones; hacienda ($31,8 billones).
También se incluyen asignaciones para Transporte ($20,3 billones), Inclusión Social ($14,7 billones), Minas y Energía ($13,4 billones), Rama Judicial ($12,1 billones), Igualdad ($11,2 billones), Vivienda ($7,2 billones), Agricultura y Desarrollo Rural ($4,0 billones). Además, se han previsto $6,9 billones destinados específicamente al financiamiento del proceso electoral de 2026.
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