
Lo que parecía ser una jornada tranquila en la zona rural de Cúcuta terminó en tensión y heridas tras un confuso incidente entre civiles y el Ejército Nacional.
En la tarde del domingo 27 de julio, dos personas resultaron lesionadas luego de que las tropas del Grupo de Caballería Mecanizado N.° 5 General Hermógenes Maza abrieran fuego contra el vehículo en el que se movilizaban, al no detenerse ante una señal de pare emitida por los uniformados.
El hecho ocurrió en el sector de El Pórtico, en los alrededores del municipio de Cúcuta, una zona que ha estado bajo vigilancia constante debido a la creciente presencia de integrantes del autodenominado Ejército de Liberación Nacional (ELN).
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Según un comunicado emitido por el Comando de la Trigésima Brigada, los militares estaban llevando a cabo tareas de control territorial y refuerzo de seguridad tras identificar actividades presuntamente vinculadas con esta organización armada ilegal.

Tras el incidente ocurrido, el Ejército Nacional emitió un comunicado oficial en el que explicó las circunstancias que llevaron a que los dos civiles resultaran heridos en medio de la operación de control territorial.
De acuerdo con la información entregada por el Comando de la Trigésima Brigada, el despliegue militar respondió a reportes sobre la presencia de miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la zona, lo que activó protocolos de seguridad ante el posible riesgo de acciones violentas o de proselitismo armado por parte de esta organización criminal.
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Durante la operación, los uniformados del Grupo de Caballería intentaron detener el vehículo que transitaba por el área para realizar la inspección de rutina, pero según el reporte castrense, el conductor no acató la señal emitida por los soldados y habría realizado una maniobra evasiva, lo que generó una reacción armada por parte de las tropas, al considerar que sus vidas podían estar en peligro.
El fuego cesó una vez una persona descendió del vehículo, pero el conductor y la copiloto resultaron heridos en el cruce. La mujer fue trasladada por los mismos militares al Hospital Universitario Erasmo Meoz de Cúcuta, mientras que el otro pasajero llegó por cuenta propia a un centro médico.
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El comandante de la Trigésima Brigada, brigadier general Mario Geovanni Contreras, informó que dos de las personas que se movilizaban en el vehículo tienen antecedentes judiciales, aunque no especificó por qué delitos. Asimismo, confirmó que los hechos están siendo investigados por las autoridades competentes para esclarecer si hubo un uso desproporcionado de la fuerza o si la reacción de los militares se ajustó a los protocolos establecidos.
Sin embargo, las versiones contradictorias entre los familiares de los afectados y las autoridades militares están dando de qué hablar porque los allegados de las víctimas relataron, de acuerdo con lo indicado por La Opinión, que la situación se presentó cerca de las seis de la tarde cuando una camioneta Chevrolet Grand Vitara blanca, con placas venezolanas AB217DS, transitaba por el sector tras asistir a un sepelio.
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La familia aseguró, según el medio, que una camioneta sin identificación oficial les cerró el paso y que, desde una de sus ventanas, un uniformado abrió fuego de forma indiscriminada con un fusil contra los ocupantes del vehículo.
En medio de los disparos, Wilfrank Eliécer Gómez Rojas, uno de los pasajeros, descendió del automóvil y gritó pidiendo que cesaran los disparos, pero en ese momento dos personas ya habían resultado heridas: el conductor y la copiloto, esta última en estado más delicado.

Por otro lado, está la versión oficial del Ejército, entregada por el brigadier general Mario Geovanni Contreras, que difiere considerablemente.
Fuentes recogidas por La Opinión indicaron que los vidrios polarizados del vehículo impedían identificar quiénes se encontraban al interior, lo que habría incrementado la percepción de amenaza por parte de los militares.
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Una vez cesaron los disparos, los uniformados prestaron primeros auxilios y trasladaron a la mujer herida, mientras que el conductor, que presentó una herida leve por roce de bala también fue atendido, pero ya fue dado de alta.
Otro elemento que complica la narrativa es lo ocurrido tras el tiroteo. Según el Ejército, la familia se negó inicialmente a recibir ayuda militar y se retiró del lugar en el mismo vehículo, dejando a la mujer herida, pero veinticinco minutos después, regresaron con más personas, lo que generó una confrontación verbal y física —incluyendo gritos y lanzamiento de piedras— que obligó a los soldados a replegarse. Posteriormente, las tropas fueron relevadas y el resto de los heridos fue trasladado al centro médico.
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Mientras el Ejército asegura haber actuado bajo protocolos de defensa y priorizando la vida de los civiles, los familiares insisten en que hubo un uso excesivo de la fuerza por parte de los militares. El general Contreras reafirmó que su prioridad fue proteger la vida en riesgo, mientras los afectados optaron por dar su versión de los hechos a través de un abogado y no directamente ante los medios.

La presencia de actores armados ilegales en las zonas rurales de Cúcuta continúa siendo una preocupación para las autoridades, que han intensificado las labores de vigilancia y control. Sin embargo, este nuevo episodio reabre el debate sobre los riesgos que corren los civiles en medio de operativos militares en territorios donde confluyen fuerzas del orden y grupos al margen de la ley.
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Organizaciones defensoras de derechos humanos han solicitado que se garantice la transparencia en la investigación y se tomen medidas para evitar que situaciones similares se repitan. Mientras tanto, los afectados se recuperan de sus heridas y la comunidad permanece a la espera de un pronunciamiento más detallado por parte de las instituciones judiciales.
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