La afirmación que “nadie está por encima de la ley” resonó con fuerza en la declaración pública de la directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus, quien utilizó su cuenta oficial en X para referirse al proceso judicial contra Álvaro Uribe Vélez.
En su mensaje, la funcionaria subrayó la gravedad de los delitos imputados y defendió la independencia del sistema judicial colombiano, en un contexto marcado por la atención internacional y el debate sobre la instrumentalización de la justicia.
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“En Colombia existe un poder judicial independiente. La decisión contra el expresidente Uribe no es instrumentalización de la justicia”, afirmó Goebertus.
El 28 de julio de 2025, el juicio contra Álvaro Uribe Vélez se convirtió en un punto de referencia para la discusión sobre la fortaleza institucional en Colombia.
Según la directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, la decisión judicial adoptada en este caso no constituye una manipulación de la justicia, sino que refleja la autonomía de los tribunales del país.
La publicación en X enfatizó la gravedad de los cargos que enfrenta el expresidente.
La directora de la organización internacional de derechos humanos señaló que “Sobornar testigos y hacer fraude procesal en un caso por violaciones a los derechos humanos es muy grave. Nadie está por encima de la ley”, destacando la importancia de que estos delitos sean investigados y sancionados conforme a la ley.
Álvaro Uribe declarado culpable de fraude procesal y soborno en Colombia
Espero no defraudarlos”. Con esa frase, Sandra Heredia, jueza 44 penal de Bogotá, cerró una de las sesiones más intensas del proceso judicial contra Álvaro Uribe Vélez, el expresidente de Colombia.
La expectativa en la sala era palpable, pues la magistrada había anunciado que la lectura de la sentencia definitiva se realizaría el viernes 1 de agosto de 2025 a las 2:00 p. m., y que el contenido del fallo permanecería reservado hasta ese momento.
Así, la atención nacional se centró en el desenlace de un caso que ha sido calificado como el “juicio del siglo”.
La noticia principal, confirmada por la jueza Heredia durante la audiencia del lunes 28 de julio de 2025, fue la declaración de culpabilidad de Álvaro Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.
La decisión, resultado de más de ocho horas de exposición y análisis, marcó un hito en la historia judicial del país.
Durante la audiencia, la fiscal del caso presentó una argumentación jurídica detallada que culminó con la solicitud de una condena de 108 meses de prisión (nueve años y medio) como pena base para el exmandatario.
La representante del ente acusador fundamentó su petición en el análisis de punibilidad, considerando tanto agravantes como atenuantes, y propuso un incremento punitivo amparado en el artículo 31 del Código Penal, dado que el proceso acreditó varios episodios de fraude procesal.
Además, la fiscal solicitó una multa de 1.025 salarios mínimos legales mensuales vigentes por el delito de soborno y 600 salarios mínimos por el fraude procesal, con la posibilidad de aumentar este último monto sin superar el tope legal.
También pidió la inhabilitación para ejercer funciones públicas, conforme al artículo 52 del Código Penal, sanción que se activa al imponerse una pena privativa de la libertad.
Por su parte, el abogado defensor, Jaime Granados, insistió en la presunción de inocencia de su cliente, dado que aún no se había emitido un fallo definitivo.
Durante la lectura del fallo, la jueza subrayó la contundencia de las pruebas presentadas por la Fiscalía. “Como puede observarse y luego la valoración individual de cada uno de los episodios imputados y acusados de fraude procesal, quedó demostrado más allá de duda razonable la materialidad de esta conducta en concurso homogéneo, en la medida que un fraude se ejecutó”, afirmó Heredia.
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