Las investigaciones por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) avanza en la judicialización de los presuntos responsables del direccionamiento de contratos y la desviación de recursos públicos.
El exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública (Dafp) César Manrique Soacha fue cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario. Esto quiere decir, que deberá permanecer privado de la libertad mientras se adelantan las investigaciones en su contra.
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Junto con el exfuncionario, otras siete personas también tendrán que permanecer privadas de la libertad por orden de una juez penal de control de garantías. Se trata de:
- Édgar Eduardo Riveros Rey, abogado.
- Ana María Riveros Barbosa, hija de Rivaros Rey.
- Sonia Rocío Romero Hernández, cuñada de Riveros Rey y excontratista de la Ungrd.
- Édgar Echeverri Toro y Francisco Javier Estupiñán Bravo, representante legal y jefe de ventas de la Corporación Mixta Yupurutu, respectivamente.
- Jorge Aristizábal Rodríguez; asesor de la Dirección de la Función Pública.
- Óscar Enrique Cárdenas Angulo, contratista de la Ungrd.
De acuerdo con la jueza, la petición de la Fiscalía de imponer medida de aseguramiento contra los imputados tiene sustento, toda vez que, según explicó, no hay pruebas que permitan inferir que los procesados actúan como ciudadanos responsables y cumplidores de la normativa. Por tal razón, avaló su privación de la libertad.
“Es necesaria, adecuada, proporcional y razonable la privación de la libertad para proteger a la sociedad de estos delitos a ellos imputados y realmente no se cuenta con medios probatorios que permitan realizar un pronóstico favorable para los coasociados sobre la abstención de la actividad delictiva por parte de los imputados”, expuso la togada.
Así las cosas, la jueza ordenó librar en forma inmediata las correspondientes órdenes de captura en contra de los investigados, con el fin de materializar las medidas de aseguramiento impuestas. En el caso de Édgar Eduardo Riveros Rey, la togada ordenó librar la boleta de detención y allegarla al centro carcelario donde se encuentra recluido.
En una audiencia llevada a cabo el 2 de julio de 2025, los procesados fueron imputados con cargos por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación propio y en favor de terceros, lavado de activos, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público. La Fiscalía General de la Nación endilgó los delitos a los investigados según su rol y grado de participación individual en los hechos. Ninguno aceptó los cargos.
Los hechos que se investigan: miles de millones de pesos desviados
Según el ente investigador, el exdirector de Función Pública habría gestionado la entrega de dineros públicos, a cambio de beneficios propios y del direccionamiento de contratos.
“La investigación estableció que, entre marzo de 2023 y mayo de 2025, Manrique Soacha, facilitó y gestionó la entrega de 100.000 millones de pesos de un convenio de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. A cambio de esta labor, solicitó el direccionamiento de los contratos que surgieran de estos recursos y una coima del 7%”, detalló la Fiscalía en un comunicado.
Los contratos en cuestión estaban relacionados el funcionamiento de pozos de agua potable, el suministro de plantas desalinizadoras, la prestación de servicios de topografía y las respectivas interventorías.
También se incluye el contrato por medio del cual se logró la compra de 40 carrotanques pequeños, destinados al suministro de agua para comunidades indígenas de La Guajira. Este se firmó con la Corporación Mixta Yapurutú e implicó una desviación de recursos importante, que se evidenció en sobrecostos por $13.164 millones. De la totalidad, $3.000 millones fueron entregados a Manrique Soacha; $2.060 millones a Riveros Rey; y $6.380 millones a directivos a la corporación.
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