El 29 de julio de 2025, se conoció el documento que establece que Colombia, por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores, firmó un acuerdo con la Casa de Moneda de Portugal para la producción y personalización de los pasaportes a partir del 1 de septiembre de 2025.
El contrato reúne los fundamentos básicos, las leyes que lo amparan, así como, las funciones y responsabilidades de ambas partes para la ejecución.
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“El presente Convenio se fundamenta en el artículo 95 de la Ley 489 de 1998, que autoriza a las entidades administrativas asociarse entre sí o con otras entidades públicas: para el desarrollo de actividades relacionadas con su competencia, así como en el artículo 20 de la Ley 1150 de 2007, que dispone contratos o convenios con personas extranjeras”.
Y agregó: “Que el Ministerio de Relaciones Exteriores — Cancillería es la autoridad competente para la expedición de pasaportes, documentos de viaje y etiquetas de visas, y tiene el deber legal y constitucional de garantizar la prestación continua, segura y eficiente de este servicio público esencial. El pasaporte es un documento oficial que acredita la nacionalidad e identidad de los ciudadanos colombianos en el exterior”.
Así mismo, el contrato específica que los acuerdos alcanzados son indispensables para el cumplimiento de la expedición y producción del documento.
“Como condición esencial establecida por el Gobierno de Portugal, las ENTIDADES aceptan íntegramente la propuesta financiera presentada por la Imprenta Nacional-Casa de Moneda, S.A. de Portugal, la cual se encuentra adjunta como Anexo 2 del presente convenio. Dicha aceptación se constituye en un requisito indispensable para la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones contempladas en este instrumento”.
Para el Estado la alianza “fortalecerá la soberanía tecnológica de Colombia en la emisión de documentos oficiales, a través del mecanismo de cooperación descrito en el Convenio mencionado y refleja el compromiso de ambos gobiernos con el desarrollo de capacidades locales mediante la transferencia de conocimiento, capacitación técnica y cooperación bilateral”.
Al respecto, el presidente de la República aseguró que el convenio entre la Imprenta Nacional y el gobierno de Portugal permitiría que el manejo de datos no esté en manos de privados.
“Gente que no quiere a Thomas and Greg. De paso, Saade. Lo he visto. Se acaba de firmar el contrato con Portugal sobre pasaportes. No he visto la bulla, pero se acabó ese monopolio, porque esos datos de acuerdo al contrato, pasarán una vez tengamos las máquinas, porque ni máquinas teníamos en la imprenta. La imprenta es una tristeza”.
Las dudas con respecto al convenio con Portugal
El 10 de julio de 2025 salió a la luz un borrador del convenio inter administrativo entre Colombia y Portugal, que propomía cambios sustanciales en el proceso y el costo de la expedición de los pasaportes colombianos, el cual dejó dudas entre los colombianos.
Según el borrador publicado por Blu Radio, el precio del documento con chip sería de 17 euros, equivalentes a $79.900 al tipo de cambio actual. A este monto se añadirían el costo de transporte, el impuesto de timbre ($75.000) y otros agregados, lo que afectarían el precio final a tal punto que superaría el valor vigente.
Cabe recordar que la Cancillería estableció que el precio del pasaporte ordinario en Bogotá es de $186.000, en el valor está incluido el impuesto de timbre, mientras que el pasaporte ejecutivo cuesta $319.000. A pesar de que el nuevo esquema fue presentado como uno más económico en un primer análisis, plantea un elemento que genera preocupación, ya que el costo final estaría directamente vinculado a la cotización diaria del euro, lo que podría afectar el bolsillo de los usuarios.
El documento estipula que la Cancillería colombiana será la encargada de asumir todos los costos derivados de la fluctuación de la tasa de cambio. Si el euro se apreciara frente al peso, el sobrecosto recaería sobre el Estado y, eventualmente, sobre los ciudadanos. De igual manera, el acuerdo contempla una cláusula que obliga a Colombia a pagar el equivalente a 1.500.000 pasaportes al año, independientemente de si se expiden o no en su totalidad.
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