Un nuevo paro armado del Ejército de Liberación Nacional (ELN) mantiene desde el viernes 25 de julio paralizado al departamento del Chocó, donde el miedo ha confinado por tercera vez en el año a miles de habitantes y ha detenido la movilidad por carreteras y ríos estratégicos.
Las restricciones, vigentes hasta el domingo, han afectado no solo la vida cotidiana de las comunidades, también su economía, con pérdidas que alcanzan los 117.000 millones de pesos diarios, según la Secretaría de Gobierno departamental.
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El confinamiento, que impide acceder a derechos básicos como el trabajo, la salud, la educación y la alimentación, ha sido asumido por la población como una rutina inevitable.
Así lo advirtió Monseñor Mario Álvarez, obispo de Istmina-Tadó, en entrevista con el medio Blu Radio.
“Esta situación se nos volvió costumbre en el departamento. Ya todos, como que, nos hicimos a la idea de que cuando se decreta un paro armado, todos nos tenemos que quedar... confinados”, afirmó el líder religioso, que incluso tuvo que cancelar su asistencia a la fiesta patronal de Las Ánimas, en el municipio de Unión Panamericana, a solo 20 minutos de su lugar de residencia.
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Una vida en pausa por miedo
“Reina el miedo, el dominio y la imposición que traen estos paros armados. Infunden de tal manera pavor que todo se desestabiliza: el comercio se frena, la movilidad se detiene y todo, realmente, queda parado”, relató el obispo.
En los ríos San Juan, Atrato y Baudó, principales vías de comunicación de la región, el tránsito fluvial quedó completamente suspendido, al igual que en corredores terrestres estratégicos como la vía Quibdó-Medellín y Quibdó-Pereira.
Transportadores estiman que han dejado de movilizar al menos 2.600 pasajeros por día.
Pese a la amenaza del grupo armado, el alcalde de Unión Panamericana, Jason Copete, decidió mantener los dos conciertos programados por las fiestas patronales de San Joaquín, asegurando que la fuerza pública garantizaría la seguridad.
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“Desde Quibdó, Condoto y todos los corregimientos se nos garantizó el libre tránsito de las personas a través de la fuerza pública”, afirmó.
Normalización de la violencia
Desde 2022, cuando comenzaron las mesas de negociación entre el Gobierno nacional y el ELN, el Chocó ha enfrentado al menos siete u ocho paros armados, según cálculos de líderes sociales y de la Iglesia católica.
Esta repetición ha instalado una peligrosa normalización de la violencia.
“Esto se nos volvió costumbre y es muy doloroso llegar a esta situación”, lamentó Monseñor Álvarez. “Como Iglesia, hemos sido facilitadores y acompañantes del proceso de paz, creemos que el diálogo es el único camino. Pero también exigimos seriedad y cumplimiento. Hay que retomar con fuerza la voluntad de paz”, dijo.
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El religioso advirtió sobre la fragilidad de los acuerdos alcanzados: “Si no hay claridad en el cumplimiento de lo que se va estableciendo, si no hay precisión de tal manera que de un lado y del otro se sienta que las cosas están avanzando, pues estamos en un proceso cargado de fragilidad”.
En cuanto a la reacción estatal, el obispo reconoció que Ejército, Policía y Armada realizan esfuerzos por garantizar la seguridad, pero enfatizó que el temor social supera cualquier despliegue.
“Es tanto el temor de la gente que nos hemos acostumbrado a obedecer estos paros. La gente no se mueve cuidando sus carros, sus negocios y sus vidas porque fácilmente los pueden señalar. Así la fuerza pública esté insistiendo en que está al frente, reina el miedo y la gente prefiere no salir”, explicó.
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Llamado a la paz
A pesar de los incumplimientos tanto del ELN como del propio Gobierno, Álvarez insistió en que la única salida es persistir en el diálogo: “No hay tratado de paz perfecto; siempre uno y otro grupo tienen que tragarse algunos sapos. Pero debe primar el deseo de paz, el proyecto de igualdad y el respeto a los derechos humanos”.
Mientras tanto, el paisaje del Chocó permanece congelado: calles vacías, comercios cerrados, ríos desiertos y familias confinadas en sus casas.
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