Atentado Miguel Uribe Turbay: el Fiscal General Penal Militar y Policial dijo que podrían imputarse cargos a escoltas de la UNP y policías

Marco Aurelio Bolívar Suárez, fiscal general penal militar y policial en Colombia, dio detalles de las investigaciones a los esquemas de seguridad de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y de la Policía Nacional que estuvieron a cargo de la seguridad del senador Miguel Uribe Turbay, la tarde del 7 de junio de 2025, día en el que un sicario menor de edad atentó contra su vida.

El funcionario fue preciso al mencionar que el proceso, que fue activado de manera casi que inmediata a los hechos, incluye a varios hombres de las instituciones mencionadas anteriormente.

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“La Fiscalía General Penal Militar y Policial inició una indagación para efectos de establecer la posible responsabilidad por actos de omisión o de acción de los miembros de la fuerza pública que de alguna manera tuvieron que ver con la situación. Me refiero concretamente a los integrantes del esquema de seguridad que pertenecen a la Policía Nacional, pero también fuimos más allá en el sentido de establecer si había algún tipo de responsabilidad por parte de la Policía de Vigilancia del sector, es decir, de los cuadrantes”.

Las indagaciones dieron inicio con la corroboración de la solicitud del senador del centro Democrático a las instituciones correspondientes para la ampliación de su sistema de seguridad:

“Hemos venido recolectando una serie de elementos materiales probatorios, entre otros, poder determinar si realmente existió una solicitud por parte del senador o su grupo, o por parte de la escolta que tenía a la estación de policía, al comando de operaciones de la policía, para efectos de prestar una seguridad perimetral. Eso es un punto importante que estamos determinando ahí”, comentó Bolívar Suárez.

Fue interrogado sobre el proceso específico hacia los miembros del CAI más cercanos, el real conocimiento del mitin que se iba a realizar con el precandidato presidencial el día de los hechos y la entonces respuesta oportuna de los mismos.

“Una indagación, muy en contexto, muy integral, pues eso hace parte de preguntar, de indagar, de tener claridad si hubo algún tipo de omisión por parte de la Policía de Vigilancia o al contrario, actuaron adecuadamente teniendo en cuenta su capacidad, su capacidad en punto de hombres, su capacidad en punto de medios (...) que hayan tenido conocimiento del acto que se iba a realizar y segundo, con los medios que se tenían a disposición para este tipo de situaciones”.

Reconoció que desde la Policía Nacional solo estaban dos hombres al servicio del funcionario, y reitero que el resto del componente de seguridad estaba en jornada de descanso, teniendo en cuenta que la información y el manejo que se le dio a la presencia de Uribe en la zona tenían mucha relación con las operaciones del Comando de Atención Inmediata (CAI).

Al interior de la justicia, que cobija a todos las personas vinculadas con instituciones, se tipifican los delitos de manera diferente, por lo que el fiscal comentó que hasta el momento no es posible hablar de un tipo de falta considerable.

“En principio, podríamos hablar de un prevaricato promisión, pero también podrían, en un momento determinado, aldelgarse delitos netamente militares como la desobediencia, abandono de puesto. En fin, yo creo que todavía estamos muy primigenias para poder hablar de una conducta delictual como tal. Precisamente, la indagación se refiere a establecer no solamente autores, sino posibles delitos que se puedan llegar a consumir con ocasión de esta situación”.

Finalmente, explicó que ya se han llevado a cabo varios procesos de entrevistas y entrega de testimonios, que dependiendo de la información y/o gravedad que los mismos, se decidirá si es necesario que los uniformados tengan o no un interrogatorio.