Petro dice que política exterior de Colombia debe ser “feminista, transversal, coherente y transformadora”

El presidente Gustavo Petro expresó públicamente su respaldo a varias juezas de la Corte Penal Internacional (CPI) y a la relatora especial de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, quienes han sido objeto de sanciones por parte del Gobierno de Estados Unidos.

El pronunciamiento del mandatario colombiano se difundió a través de su cuenta oficial en la red social X.

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En su mensaje, Petro argumentó que las medidas adoptadas contra estas mujeres no solo tienen un impacto individual, sino que se inscriben en dinámicas de poder más amplias que, según explicó, afectan de forma particular a las mujeres que ocupan cargos de liderazgo dentro de la justicia internacional y la defensa de los derechos humanos.

Para el presidente, estos hechos constituyen una forma de represalia y silenciamiento político que pretende deslegitimar la labor de quienes buscan garantizar principios fundamentales de la comunidad internacional.

“La valentía de las juezas de la Corte Penal Internacional, Reine Adelaide Sophie Alapini Gansou (Benin), Solomy Balungi Bossa (Uganda), Luz del Carmen Ibáñez Carranza (Perú) y Beti Hohler (Eslovenia), que han sido el blanco exclusivo de sanciones unilaterales con ocasión de su trabajo en esta importante jurisdicción, reafirma la necesidad de levantar nuestra voz en su apoyo y en defensa de un orden internacional basado en reglas”, escribió Petro.

El caso de Francesca Albanese cobró relevancia en Colombia debido a su reciente visita a Bogotá, donde participó en un evento enfocado en la situación del pueblo palestino.

Días después, Albanese fue sancionada por Washington tras la publicación de un informe crítico sobre la situación humanitaria en Gaza, lo que generó reacciones de apoyo en distintos sectores.

“Reiteramos nuestra absoluta condena a las sanciones anunciadas contra Francesca Albanese, Relatora Especial de la ONU Francesca Albanese para los territorios palestinos ocupados, quien recientemente visitó nuestro país en el marco de la Conferencia Ministerial de Emergencia que convocamos junto con Sudáfrica como copresidentes del Grupo de La Haya”, señaló.

Junto a la relatora especial, Petro destacó el trabajo de cuatro juezas de la CPI que, según indicó, también han sido blanco de sanciones unilaterales debido a su gestión en esa instancia judicial. Se trata de Reine Adelaide Sophie Alapini Gansou, originaria de Benin; Solomy Balungi Bossa, de Uganda; Luz del Carmen Ibáñez Carranza, representante de Perú; y Beti Hohler, procedente de Eslovenia. El mandatario colombiano resaltó la trayectoria de estas funcionarias, subrayando su compromiso en la protección de los derechos fundamentales a nivel global.

El jefe de Estado reiteró su defensa de una política exterior con enfoque de género, que vaya más allá de pronunciamientos simbólicos y se traduzca en acciones concretas para enfrentar la violencia institucional y las represalias contra mujeres que desempeñan funciones clave en espacios de justicia internacional.

“Nuestra Política Exterior Feminista, transversal a nuestras reflexiones y enfoques, permite demostrar cómo los impactos y consecuencias de estas sanciones tienen un efecto desproporcionado sobre estas mujeres y sus familias”, añadió.

El pronunciamiento de Petro, reportado por ANSA, se enmarca en la línea de su Gobierno de proyectar una política exterior que enfatice la defensa de los derechos humanos, la equidad de género y la solidaridad internacional. Además, refleja la postura del país frente a decisiones que, en criterio del Ejecutivo colombiano, buscan intimidar o desacreditar a quienes investigan violaciones a los derechos fundamentales en escenarios de conflicto.

“Una mirada interseccional es indispensable para reconocer que estos actos se inscriben en estructuras globales de poder que castigan de manera diferenciada a las mujeres que ocupan posiciones de liderazgo, particularmente en contextos de justicia internacional. No se trata solo de un ataque individual, sino de una forma de silenciamiento político que busca deslegitimar el rol de las mujeres en la defensa de los derechos humanos. Las sanciones no son solo inviduales: son simbólicas y políticas”, expuso.