El juicio contra Aníbal Gaviria Correa, exgobernador de Antioquia, entró en su fase final, cuando la Fiscalía General de la Nación y la defensa presentaron los alegatos de conclusión por presuntas irregularidades en la contratación de la Troncal de la Paz, en el Bajo Cauca antioqueño.
La audiencia comenzó a las 10:00 a.m. del martes 22 de julio con la intervención del ente acusador, que reiteró su solicitud de condena contra Gaviria Correa.
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Según la Fiscalía, el exgobernador habría vulnerado los principios de la contratación estatal al participar en decisiones irregulares relacionadas con el contrato firmado en 2005, durante su administración anterior.
El organismo judicial le atribuyó los delitos de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación, ambos en calidad de coautor.
Fue así como la Fiscalía argumentó que existen pruebas que vinculan a Gaviria Correa con actos ilícitos en la adjudicación y ejecución del contrato, señalando que su intervención directa generó un detrimento patrimonial para el departamento.
Por su parte, la defensa de Aníbal Gaviria Correa remarcó la falta de pruebas que lo vinculen de manera directa.
El equipo defensor argumentó que tanto el contrato original como las eventuales modificaciones al mismo se realizaron conforme a la normativa vigente de la época, resaltando que las decisiones técnicas y administrativas estuvieron a cargo de la Secretaría de Infraestructura, órgano que contaba con la delegación formal para tales funciones.
Frente a esta postura, la Fiscalía insiste en que la responsabilidad de Gaviria Correa deriva de su posición como ordenador del gasto y principal autoridad departamental durante el periodo en el que se presentaron los hechos.
De acuerdo con lo expuesto durante la audiencia, la Fiscalía considera que la conducta del exgobernador habría derivado en un perjuicio económico para el departamento, producto del presunto actuar irregular.
Por su parte, la defensa alegó que las pruebas documentales y testimoniales recabadas no sustentan una responsabilidad penal directa, y que el proceso de seguimiento y control sobre la obra en cuestión se situó bajo el ámbito de las autoridades delegadas, respetando el marco jurídico.
Además, insistieron en que las decisiones referidas al contrato respondieron a evaluaciones técnicas, careciendo de motivaciones contrarias a la ley o los intereses públicos.
El proceso contra Aníbal Gaviria Correa se encuentra en su etapa final, a la espera de una decisión final queda en manos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que determinará la responsabilidad o inocencia del exmandatario departamental en relación con los delitos imputados relacionados a la contratación de la Troncal de la Paz.
Sobre el contrato
Entre el 29 de diciembre de 2005 y el 10 de febrero de 2006, una suma millonaria de dinero público permaneció en manos de los contratistas sin mecanismos efectivos de supervisión, según la acusación de la Fiscalía.
Estos fondos, vinculados al aumento del anticipo del contrato vial entre La Cruzada (Remedios) y Caucasia, representan para el ente investigador una apropiación irregular de recursos, pues se entregaron sin que existiera control alguno por parte de la administración.
La fiscal encargada expresó de forma contundente que “esas sumas, una vez salieron del ámbito de custodia de la administración, se incorporaron indudablemente en el patrimonio del contratista, lo que per se constituye un acto de apropiación en favor de terceros”.
El caso tiene su origen en el contrato suscrito el 22 de diciembre de 2005 entre la Gobernación de Antioquia, bajo la gestión de Gaviria, y el Consorcio Troncal de la Paz, conformado por los contratistas Carlos Alberto y Luis Héctor Solarte Solarte.
El valor inicial de este contrato era de $41.663 millones y su objetivo consistía en la construcción de una vía clave para la región. Sin embargo, los hechos que motivaron la investigación no responden al acuerdo primordial, sino a dos adiciones realizadas posteriormente.
La primera adición al contrato se pactó por $3.995 millones y contemplaba la pavimentación de 1,6 kilómetros adicionales de vía. Más significativa aún fue la segunda adición, esta vez por $16.334 millones, destinada a levantar un puente sobre el río Nechí en el sector de Palizadas, municipio de El Bagre. Con estas dos modificaciones el valor total del contrato superó los $62.000 millones, lo que preocupa a la Fiscalía, que sostiene que las adiciones habrían sido tramitadas omitiendo requisitos técnicos y legales indispensables.
Según indicó la Fiscalía y consignó el medio, el eje central de la acusación radica en que ambas adiciones se firmaron sin contar con estudios previos que justificaran su conveniencia o viabilidad y, además, sin abrir un proceso de licitación pública como dictaminaba la Ley 600 de 2000 vigente para la época
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