Voceros embera hicieron exigencias para levantar bloqueo a servicios esenciales: el distrito anunció acciones legales

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaria de Integración Social, anunció que interpondrá acciones penales ante la Fiscalía General de la Nación en contra de los voceros de la comunidad indígena embera asentada en la ciudad, por impedir el acceso de los servicios de educación, protección y bienestar ofrecidos por el distrito. Situación que, podría afectar a 240 menores de edad que pertenecen a esa comunidad.

El anuncio de la Administración distrital se conoce luego de las repetidas ocasiones en que las autoridades han intentado, infructuosamente, llegar a un acuerdo que permita el retorno de los indígenas a su territorio, por medio del diálogo con la comunidad.

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A estos intentos de diálogo, se le suman la activación de rutas para el restablecimiento de derechos en articulación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) y Policía de Infancia y Adolescencia.

La obstrucción, según las entidades distritales, estaría siendo utilizada como mecanismo de presión por parte de los voceros, para exigir que miembros de la comunidad embera sean contratados por las entidades distritales encargadas de prestar los servicios sociales. Los líderes de la comunidad indígena fueron enfáticos en que no permitirán el acceso de los funcionarios distritales hasta que sus demandas laborales sean atendidas.

Dicha exigencia, catalogada como una “condición de carácter transaccional”, fue rechazada por la administración, que recordó que los derechos de los niños son inalienables y no pueden ser objeto de negociación.

Por su parte, los embera argumentaron que su vinculación laboral a las entidades distritales corresponde a un mecanismo legítimo de participación y defensa de sus derechos, así como de protección cultural para la infancia de la comunidad.

Frente a este panorama y sumado al anuncio de las acciones penales, la Secretaría de Integración Social, en cabeza de Roberto Angulo Salazar, señaló que la situación en el Parque Nacional, donde se encuentra asentada la comunidad indígena, no cuenta con las condiciones de salubridad para la estadía de los menores.

Dado que el Parque Nacional no cuenta con las características mínimas para la estancia de la comunidad, los niños, niñas y adolescentes indígenas podrían verse afectados a factores climáticos y amenazas de salud, que sumados al impedimento en el acceso a los servicios, podrían derivar en desnutrición o enfermedades respiratorias.

Si bien, la nueva restricción impuesta por los voceros embera afecta a cerca de 240 menores asentados en el Parque Nacional; en el pasado el número de niños y adolescentes en riesgo ha llegado a casi 500, lo que ha llevado a las autoridades distritales a considerar otros alojamientos temporales en la ciudad.

No obstante, las opciones también han generado polémica, como lo fue el posible traslado de los indígenas a los predios del Instituto Distrital de Participación Ciudadana (Idpac) ubicados en el sector de Ciudad Salitre.

Entre las principales consecuencias identificadas por el distrito se encuentran la vulneración de los derechos fundamentales a la educación, salud y protección de los menores.

Sobre esto, el distrito hizo un llamado a la sociedad y a las entidades del Estado a "recordar lo dispuesto en el Artículo 44 de la Constitución Política de Colombia, que señala que los derechos de la niñez prevalecen por encima de los derechos de los demás y deben ser protegidos integralmente para garantizar su desarrollo armónico".

Frente a las condiciones a las que son expuestos los menores en el Parque Nacional, Integración Social destacó que, podrían generar una interrupción en las rutinas de alimentación, acompañamiento y seguimiento psicosocial, lo que empeora la situación precaria de muchos niños.

Sumado a esto, los niños, niñas ya adolescentes embera quedan expuestos a riesgos urbanos como accidentes, enfermedades, violencia y explotación, sumado a la pérdida de espacios seguros que les permiten desarrollarse plenamente y acceder a una atención integral garantizada por el Estado.