En medio del debate nacional sobre la eficacia de la política de Paz Total impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro, el expresidente Ernesto Samper Pizano se pronunció con dureza sobre las falencias estructurales del enfoque actual.
Su intervención coincidió con la radicación en el Congreso de un nuevo proyecto de ley, presentado por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, que pretende establecer un marco jurídico claro para el sometimiento, desmantelamiento y negociación con distintos tipos de actores armados.
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Samper, con amplia trayectoria en temas de paz, no solo lanzó críticas, sino que propuso ese proyecto como una base legal necesaria para evitar que la paz en Colombia siga siendo, como él mismo expresó, “una esquiva ilusión”.
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Samper advierte sobre el vacío institucional de la Paz Total
En un comunicado publicado en su cuenta de X, el exmandatario afirmó que la estrategia de Paz Total carece de tres pilares fundamentales: un plan claro, una ley marco que le dé sustento jurídico, y un comisionado que la dirija de forma efectiva. “A la actual política de paz total le ha faltado una estrategia, una ley de justicia marco que la regule y un Comisionado que las aplique”, sentenció Samper.
Frente a ello, Samper elogió el proyecto de ley radicado el 20 de julio: “El proyecto presentado por el Ministro de Justicia Eduardo Montealegre al Congreso constituye un primer paso para sintonizar los distintos procesos y mesas de paz en función de su sometimiento a la justicia, si son organizaciones criminales; la negociación del conflicto, si se trata de organizaciones armadas subversivas; o el cierre final de las causas abiertas contra los grupos paramilitares desmovilizados…”, explicó el expresidente.
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El articulado establece tres rutas legales principales:
- Sometimiento de estructuras criminales de alto impacto como los Shottas, Espartanos o el Clan del Golfo, bajo condiciones de colaboración eficaz, entrega de bienes y reparación a víctimas.
- Negociación con grupos subversivos como el ELN o disidencias de las Farc, aplicando penas alternativas si se desmovilizan, renuncian a las armas y participan en la verdad histórica.
- Modificación de la Ley de Justicia y Paz para cerrar jurídicamente los procesos pendientes con paramilitares desmovilizados, bajo nuevos compromisos de verdad y reparación.
Además, uno de los elementos centrales del proyecto de Montealegre es la combinación entre justicia retributiva y restaurativa, ajustando las penas según el rol de los implicados y garantizando la participación activa de las víctimas. En casos de macrocriminalidad, la ley exige la aplicación de estructuras de imputación que reconozcan el patrón delictivo colectivo y no solo la conducta individual.
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Samper remarcó que, en todos los casos, debe garantizarse la sujeción a estándares internacionales: “Se deben atender las exigencias del Derecho Internacional Humanitario, respetar su territorialidad y asegurar la reparación de las víctimas con la verdad que esperan y su resarcimiento económico.”
La propuesta también contempla la creación de espacios de reclusión especiales —como colonias agrícolas o centros comunitarios— distintos a las cárceles tradicionales, para facilitar la participación de los desmovilizados en procesos de reconstrucción territorial.
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En su declaración, Samper instó al Gobierno y a la oposición a encontrar consensos para que esta ley sea aprobada, advirtiendo que sin un marco legal como este, la Paz Total podría fracasar: “Aún están a tiempo el gobierno y la oposición para acordar esta ley sin la cual la paz seguirá siendo una esquiva ilusión“.
El mensaje cobra mayor relevancia si se considera que el proyecto incluye una cláusula que impide otorgar beneficios penales a quienes interfieran en las elecciones de 2026, lo que demuestra su intención de blindar el proceso de paz ante eventuales amenazas a la democracia.
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