En medio de un clima de incertidumbre para miles de pacientes, la decisión de la Corte Constitucional de revocar la intervención a la EPS Sanitas reavivó el debate sobre los efectos reales de esta medida impuesta por la Superintendencia de Salud en abril de 2024. El abogado Juan David Riveros, representante del Grupo Keralty, propietario de la entidad, anticipó que el Gobierno deberá devolver el control en un plazo máximo de quince días. “Uno de los principales retos será realizar un diagnóstico del estado financiero de EPS Sanitas y su actual operación”, señaló.
Mientras se espera que se concrete la reversión de la medida, la Asociación de Usuarios de la EPS alzó la voz con firmeza. En un comunicado, expresaron su inquietud frente a lo que califican como un deterioro progresivo en la calidad del servicio desde que el Estado tomó las riendas de la entidad. Para ellos, la advertencia hecha en su momento, de que la intervención podría empeorar la situación, no solo se cumplió, sino que se agravó.
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“Esa alerta se ha hecho realidad, los usuarios reportan cada vez más dificultades para acceder a medicamentos, agendar citas con especialistas y recibir atención oportuna, poniendo en riesgo la salud y la vida de miles de pacientes”, denunciaron.
Además de los problemas prácticos, la asociación mostró su desacuerdo con el discurso oficial que afirma que los servicios mejoraron desde la intervención. “Nos llama profundamente la atención que se afirme que los servicios han mejorado tras la intervención, cuando somos los usuarios quienes padecemos a diario los efectos de este deterioro”, manifestaron.
Un punto que genera especial molestia es la forma en que se ha cuestionado públicamente al Grupo Keralty sin, según la Asociación, contar con evidencia clara. “La incertidumbre para los usuarios crece cuando se ataca sin fundamentos a una red prestadora que ha ayudado a sostener parte del servicio”, afirmaron, señalando que, en contraste con otras EPS intervenidas, la gestión del grupo fue clave para mantener la atención médica en pie.
Aunque reconocen los esfuerzos de los agentes interventores, insisten en que los problemas estructurales del sistema no se resuelven con medidas unilaterales ni señalamientos. “Valoramos el trabajo de los agentes interventores, pero los problemas estructurales del sistema de salud no se resolverán sin una discusión técnica, respetuosa y transparente que priorice el bienestar de pacientes y usuarios”, concluyó el documento.
A medida que se definen los próximos pasos en el futuro de EPS Sanitas, la tensión entre el discurso institucional y las voces ciudadanas vuelve a evidenciar la necesidad de garantizar con hechos concretos la defensa de los derechos de los pacientes.
Una crisis que no es nueva
La crisis del sistema de salud en Colombia no es nueva, pero entró en una fase crítica que pone a prueba la capacidad del Estado para responder a las necesidades de millones de usuarios. La intervención de varias Entidades Promotoras de Salud (EPS) por parte de la Superintendencia Nacional de Salud fue una de las respuestas más drásticas ante los fallos estructurales del modelo. Estas medidas, aunque justificadas oficialmente por razones administrativas y financieras, generaron un amplio debate sobre su efectividad real y sus consecuencias en la atención médica.
En ese contexto, la EPS Sanitas, una de las más grandes y con mayor número de afiliados en el país, se convirtió en símbolo de la tensión entre el control institucional y la prestación efectiva de servicios. El caso trascendió lo técnico y lo jurídico, convirtiéndose en un tema con implicaciones sociales profundas, usuarios atrapados entre reformas incompletas, decisiones políticas y una red de atención médica que lucha por sostenerse.
Las voces ciudadanas, en especial las organizaciones de usuarios, empezaron a posicionarse con mayor fuerza en el debate público. Ya no se limitan a denunciar fallos puntuales, sino que exigen soluciones estructurales y un enfoque más transparente por parte del Gobierno. En medio de un sistema sobrecargado y con señales de desgaste, lo que está en juego no es solo la gestión de una entidad, sino la confianza en la capacidad del país para garantizar el derecho fundamental a la salud.
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