Un cargamento de 14.000 detonadores industriales quedó en poder de las autoridades tras un operativo efectuado en una vía rural de Nariño, lo que permitió, según información oficial, evitar una ofensiva terrorista que pretendía atacar a la Fuerza Pública en diferentes municipios de la región.
Entre los elementos decomisados también aparecen un vehículo y un teléfono móvil, objetos considerados clave para profundizar en las pesquisas sobre la procedencia y el destino de la carga.
Así lo reportó el comandante de la Policía en Nariño, coronel Pablo Galindo, en diálogos con Blu Radio.
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La incautación se logró durante un operativo estratégico de la Seccional de Tránsito y Transporte del Departamento de Policía Nariño en la ruta que une el corregimiento de Junín y el sector de Pedregal, puntualmente en la zona de Chambú, jurisdicción rural del municipio de Ricaurte, en el piedemonte costero nariñense.
En ese lugar, uniformados detuvieron una camioneta de servicio público afiliada a una empresa oficial de transporte. Al inspeccionar el compartimento de carga, hallaron un costal blanco que contenía catorce paquetes envueltos en plástico negro. Dentro de estos paquetes estaban ocultas catorce cajas, cada una con mil detonadores industriales.
El comandante Galindo subrayó que el hallazgo refleja el “compromiso inquebrantable de la Policía Nacional con la protección de la vida, la seguridad y la tranquilidad de los nariñenses”.
Además, reveló que la operación representa un golpe significativo a las estructuras criminales que operan en el suroccidente del país, incautando “un cargamento de detonadores industriales que, presuntamente, serían utilizados en acciones terroristas contra la Fuerza Pública o la ciudadanía”.
Según consignó Blu Radio, las unidades policiales arrestaron en flagrancia al conductor del vehículo, después de que este no lograra justificar la legalidad de la mercancía.
“Los uniformados procedieron a realizar su captura en flagrancia por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas, municiones o explosivos”, explicó el coronel citado por el medio. El detenido quedó a disposición de autoridades judiciales para que adelante el proceso de judicialización correspondiente.
El cargamento confiscado destaca por la peligrosidad inherente de los detonadores industriales, que suelen emplearse para la fabricación de artefactos explosivos de alto poder destructivo.
El coronel Galindo detalló en su declaración al medio mencionado que: “Este resultado, que se encuentra en etapa de judicialización, permite inferir que este tipo de material pudo haber sido utilizado para perpetrar atentados contra instalaciones estratégicas, miembros de la Fuerza Pública o la población civil, como ha ocurrido en otras regiones del país donde estructuras al margen de la ley recurren a artefactos explosivos para sembrar terror”.
A partir del decomiso, las autoridades judiciales locales abrieron una investigación enfocada en esclarecer quiénes se encuentran detrás del traslado y la logística de la mercancía incautada, la red de distribución criminal involucrada, los destinos finales y los objetivos específicos del material explosivo.
Según remarcó Blu Radio, tanto el vehículo interceptado como el teléfono móvil serán “clave en el proceso investigativo que adelantan las autoridades judiciales con el fin de establecer la procedencia, el destino y las posibles intenciones criminales relacionadas con este cargamento”.
Incautan 3,8 toneladas de explosivos en Nariño, Colombia
“Muy seguramente en un departamento que le apuesta a la paz, pero esa apuesta a la paz viene también con 38 000 minas antipersonal que puede producir 3,8 toneladas. Así que estamos hablando de una situación muy compleja”.
Con estas palabras, un oficial del Ejército Nacional resumió la magnitud del hallazgo realizado en Ipiales, en el sur de Colombia, donde las autoridades incautaron un cargamento de explosivos que, según sus cálculos, habría permitido la fabricación de decenas de miles de artefactos letales.
La noticia, confirmada el 26 de junio de 2025 por el Ejército Nacional y el Ministerio de Defensa, representa uno de los mayores golpes recientes contra las disidencias de las Farc en el departamento de Nariño.
El decomiso se produjo durante una inspección a un depósito ilegal ubicado en un parqueadero público de Ipiales. Allí, los uniformados hallaron 3,8 toneladas de explosivos de fabricación peruana, material que, de acuerdo con las autoridades, estaba en poder de los Comandos de Fronteras.
La operación, detallada por el vocero del Ejército Nacional en declaraciones recogidas por Infobae, permitió recuperar la totalidad del agente explosivo, cuya capacidad destructiva podría haber afectado a más de 3 millones de colombianos.
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